A pesar de muestras de avance importantes generadas por nuestro país en la protección de los niños, niñas y adolescentes como la prohibición legal del matrimonio de las personas menores de edad; existen en la actualidad falencias de regulación como la falta de mano dura ante las relaciones de hecho de éstas con personas adultas, incluidos los embarazos de niñas y adolescentes, son una muestra clara de la normalización social de esta forma de
explotación de violencia etaria.
Por otra parte, debe señalarse que condiciones sociales y económicas apremiantes, como las derivadas de la pandemia sanitaria que actualmente vivimos, generan situaciones extra de vulnerabilidad ante la explotación laboral, existiendo niños, niñas y adolescentes vinculados a la responsabilidad de cuido y manutención dentro
del hogar; lo cual los expulsa del sistema educativo.
Según lo indica Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes: “Los niños, niñas y adolescentes corren otros riesgos como ser víctimas de trata de personas. Ejemplo de ello es que en relación con la explotación sexual comercial se ha tenido un incremento del 44% de denuncias, en relación con las recibidas en el 2019, según informa UNICEF; además del incremento del trabajo infantil ya que para el año 2020 el país registró 1.253 casos de personas; en edades entre los 12 y 14 años, edades donde está prohibido”.
Otra situación que enciende las luces de alerta es el creciente reclutamiento y participación de personas menores de edad, particularmente adolescentes, en bandas y redes criminales, siendo esta población tanto víctimas como victimarios. “Es responsabilidad del Estado garantizar la protección integral y desarrollo adecuado de la población menor de edad; así como generar oportunidades efectivas que las rescaten de estas condiciones de explotación y vulnerabilidad”, indicó Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes.
Es por ello que para la Defensora de los Habitantes debe hacerse un llamado particular a la sociedad, para evitar criminalizar a los niños, niñas y adolescentes; y levantar con vehemencia la alerta de la adopción de medidas interinstitucionales e intersectoriales efectivas, sostenibles e inmediatas.
“En Costa Rica, el 32% de los niños, niñas y adolescentes se encuentra en condición de pobreza, siendo que su nivel de vulnerabilidad a las diferentes formas de explotación es muy alto y, en muchos casos, las consecuencias irreversibles. El país se encuentra en la antesala de la formulación de una política pública a favor de la niñez y la adolescencia. Es la oportunidad para plasmar el compromiso y las acciones necesarias para alcanzar la meta y revertir esta tendencia que compromete hoy mismo la vida y los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Finalizó la Defensora de los Habitantes.