Aniquilar al mensajero: Una amenaza a la probidad, transparencia y lucha contra la corrupción
En los últimos años, los gobiernos corruptos se han adoptado un enfoque inquietantemente consistente: atacar a los medios de comunicación que cuestionan la conducta de los funcionarios públicos. Este patrón, lejos de ser casual, revela una estrategia diseñada para silenciar la crítica y, al mismo tiempo, encubrir actos de corrupción que parecen proliferar en sus administraciones, como en el caso de la Red de Cuido.
La impunidad actúa como una manta que oculta los delitos y, al mismo tiempo, ahoga cualquier intento de rendición de cuentas. Aquellos que deberían asumir su responsabilidad cívica con madurez se convierten en simples corruptos, enamorados del dinero público. Estos «ladrones de cuello blanco» son los mismos que, incapaces de enfrentar sus propias faltas, recurren a desacreditar a quienes los denuncian.
Atacar a los medios de comunicación es una táctica clásica de los corruptos y estafadores. Alimentar la radicalización y satanizar a quienes piensan diferente es una forma efectiva de restar credibilidad a las denuncias, desviando así la atención de sus propios crímenes. Este modus operandi no es nuevo; es un manual repetido por regímenes totalitarios a lo largo de la historia.
Los métodos de censura no solo deberían ser reconocidos por aquellos que defienden la libertad de cátedra y los profesionales de la comunicación, sino también por la ciudadanía en general. Es imperativo que se reaccione y se advierta ante cualquier intento de atacar la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales de cualquier democracia.
No es necesario vivir en un estado militar para darse cuenta de la erosión de las libertades. La prevención del crimen organizado debería haber sido suficiente para frenar cualquier debilitamiento del sistema democrático. Sin embargo, tanto los empresarios corruptos, que se han beneficiado de la evasión y elusión fiscal, como los ciudadanos comunes, no percibieron que estas «puertas traseras» serían eventualmente explotadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Hoy, aquellos con la mentalidad de esos empresarios en países como Venezuela han perdido lo que una vez acumularon. Sus riquezas y propiedades han sido saqueadas por estructuras económicas criminales. De victimarios han pasado a ser víctimas, debilitando el sistema democrático en su afán por obtener más riqueza, sin considerar que esta avaricia podría poner en peligro la paz social, la salud, la vida y la propiedad privada de millones de personas.
Es por eso que la prensa y la libertad de expresión son herramientas esenciales para mantener un diálogo abierto entre el pueblo y la administración pública. No solo es un derecho humano constitucional, sino también un derecho humano universal. Aquellos que buscan destruir estos derechos son, sin duda, las verdaderas amenazas contra nuestros sistemas democráticos.
