INA adjudica contrato más caro pese a opción más económica
En una reciente declaración del abogado constitucionalista Fernando Zamora, se expuso un hecho que ha dejado sorprendidos a muchos: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) adjudicó un contrato a una oferta considerablemente más cara, ignorando una opción que resultaba 98 millones de colones más barata y que cumplía con las mismas condiciones técnicas. Este caso ha generado cuestionamientos sobre la gestión de las contrataciones públicas en Costa Rica.
Según Zamora, en un proceso de licitación, el INA recibió una oferta de adquisición de equipo que era 98 millones de colones más barata que las demás ofertas, cumpliendo con las mismas condiciones técnicas. Sin embargo, en lugar de adjudicar la licitación a esta oferta más económica, la institución optó por una opción más costosa. La razón argumentada por el INA fue que la oferta más barata no cumplía con un requisito técnico: en lugar de los 40 litros de aceite requeridos en la propuesta original, la empresa ofreció 38 litros.
Zamora critica esta decisión, calificándola de «absurda», ya que la Ley de Contratación Pública permite corregir o mejorar una oferta si es en beneficio de la administración y no representa una ventaja indebida. «Los funcionarios no pueden excusarse diciendo que lo hicieron para cumplir a cabalidad la ley, porque la ley permite mecanismos para que la oferta se corrija o se mejore», afirmó el abogado. Según Zamora, la institución podría haber solicitado que la empresa que presentó la mejor oferta ajustara su propuesta para incluir los dos litros adicionales de aceite.
Ante esta situación, la empresa que presentó la oferta más barata decidió apelar la decisión del INA ante la Contraloría General de la República. No obstante, la Contraloría mantuvo la decisión del INA, argumentando que la falta de los dos litros de aceite constituía un incumplimiento del cartel de licitación.
Zamora considera que esta decisión es «absurdamente rígida», ya que la ley permite correcciones que podrían ahorrar al Estado 98 millones de colones. Según el abogado, esta situación evidencia que «la piñata con los precios de los contratos y obras públicas» continúa, y que algunas personas siguen aprovechándose de los procesos de contratación pública para obtener beneficios personales.
Para Zamora, el problema no radica en las leyes, sino en las personas que las ejecutan. Destacó que los artículos 8 y 50 de la Ley de Contratación Pública permiten corregir situaciones como esta para adjudicar la oferta que mejor beneficie los intereses del Estado. «Las instituciones como tales son entes abstractos; lo que determina que las instituciones caminen bien o mal son las personas que las controlan», subrayó.
Esta denuncia pone de relieve la necesidad de una revisión más profunda de los procedimientos y decisiones tomadas por las instituciones públicas para garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y transparente. Es crucial que las decisiones de las entidades públicas reflejen un compromiso con el interés nacional y no con criterios burocráticos o inflexibles que pueden resultar costosos para los ciudadanos.
