Gobierno denuncia «abuso de poder» de la Fiscalía tras detenciones de la Junta Directiva de la CCSS
En una contundente declaración emitida este lunes, la ministra Laura Fernández, en representación del Gobierno, cuestionó las acciones recientes de la Fiscalía General, calificándolas como un «abuso de poder». La declaración surge a raíz de la detención de varios miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), incluida su presidenta, Marta Esquivel, en medio de una investigación por supuestos actos de prevaricato.
Fernández señaló que, tras una reunión detallada con el presidente de la República, se concluyó que las detenciones son «absurdas» desde un punto de vista legal y moral. Según la ministra, la acusación de prevaricato carece de fundamento, ya que la adjudicación del contrato que motiva la investigación aún está en revisión por la Contraloría y no se ha ejecutado ningún pago.
«¿Cómo puede haber prevaricato si ningún tribunal ha declarado ilegal alguna de las decisiones tomadas por la Junta Directiva?», cuestionó la ministra, subrayando que la acción de la Fiscalía carece de solidez jurídica y está impregnada de un «sensacionalismo innecesario».
Además, Fernández criticó la rapidez con la que la Fiscalía actuó en este caso, contrastándola con la falta de respuesta ante otras denuncias presentadas por el Gobierno, como las relacionadas con Apán, Ofelia Taitelbaum, y amenazas de muerte dirigidas al presidente de la República.
«Esto no huele nada bien. A todas luces es un abuso de poder y lo interpretamos como una amenaza clara hacia el Gobierno», añadió Fernández, enfatizando que la acción fiscal podría estar dirigida a intimidar al Ejecutivo.
La ministra concluyó su mensaje haciendo un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y vigilante, advirtiendo que este tipo de acciones «ponen en peligro la estabilidad democrática» del país.
El Gobierno ha dejado claro que no cederá ante lo que considera un «hostigamiento ilegítimo» por parte de la Fiscalía y reitera su disposición a colaborar en cualquier investigación, pero condena lo que describen como una utilización indebida del poder judicial con fines políticos.
