Antes de someter las propuestas denominada Ley Jaguar para impulsar del desarrollo de Costa Rica a Referéndum, diputados de cuatro fracciones legislativas, incluyendo dos congresistas independientes presentaron una consulta de constitucionalidad a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre la legalidad y procedencia del proyecto, presentado el pasado 5 de junio por el Poder Ejecutivo.