43 mil millones de dólares es la cifra que nosotros manejamos del monto total de la deuda pública del país, al terminar la funesta gestión gubernativa de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022.
Esta gigantesca cantidad de deuda pública se acumuló durante los últimos 40 años, 1982-2022, en las sucesivas administraciones gubernativas cuatrienales.
Cinco corresponden al Partido Liberación Nacional (PLN), 3 al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y dos a Acción Ciudadana (PAC).
Según los esquemas macroeconómico-fiscales de ideología neoliberal, esos 43 mil millones de dólares llegaron a representar un 68% del Producto Interno Bruto (PIB), razón por la cual se encendieron las luces rojas en los mercados financieros que tienen el control fundamental de los gobiernos; y, por tanto, llegó la hora de “pagar” semejante deuda pública. Pero, ¿a quién se la están cobrando? Es esta la cuestión medular a la que hay que entrarle.
Desde la acera de lo obrero-social y popular, en la cual vivimos y pensamos, hemos estado pegando el grito al cielo por considerar una monstruosidad que los poderes dominantes hayan decidido que sea el pueblo trabajador el que pague.
Por ejemplo, las personas trabajadoras que laboran para la Administración Pública del país han sido “sentenciadas” a pagar. ¿Cómo? Con la Ley Marco de Empleo Público que entrará en vigencia el 9 de marzo de 2023. Sufrirán un congelamiento salarial total pues quedó prohibido reconocerles cualquier tipo de incremento salarial, ni siquiera los reajustes mínimos por costo de vida. ¡Ni un cinco por tal causa! Estamos tratando de que tan perversa legislación no entre en vigencia.
Los grupos familiares que dependen del ingreso salarial por prestarle servicios al Estado, mediando quienes trabajan para el mismo, deberán esperar a que la relación deuda pública-Producto Interno Bruto (PIB), llegue hasta el 60%. Y eso tardará, al menos, 10 años. ¡Sí! Una década. Es decir, que tendrían un reajuste por costo de vida hasta el año 2033. Si nos va bien…
Esto no es sostenible bajo ningún punto de vista. Ni en lo moral ni en lo ético. Tampoco en lo social. Este congelamiento salarial total y radical para el empleo público, a no dudarlo, va a alimentar tensiones sociales de diverso orden y no se puede descartar que aporte para un impactante estallido social, al juntarse con otras problemáticas de exclusión económica y social que ya están sufriendo grupos de compatriotas condenados al desempleo, a la marginalidad, a la delincuencia, al hambre, a la pobreza total.
Se estima que un 75% de esos 43 mil millones de dólares de deuda pública es deuda pública interna. Y que gran parte de la misma es a nivel del mismísimo Estado. Razón de más para encontrar soluciones alternativas para el manejo de esta deuda pública interna con menos fundamentalismo extremista neoliberal y, por ende, con visiones humanistas y hasta de carácter preventivo; ¿preventivo de qué? De estallidos sociales sectoriales, regionales y hasta nacionales.
No vamos a cesar de plantear este grave problema. Hay un gran poder que impide que se aborde el mismo. Albergamos que las fuerzas sanas de nuestra sociedad, político-partidistas y civiles, pueden conjuntarse alrededor de esta gigantesca dificultad.
En lo inmediato, deseamos que cada persona trabajadora empleada pública comience a imaginarse cómo será su vida y la de su familia, sin un cinco partido por la mitad de reajuste por costo de vida durante la próxima década a partir de 2023; congelamiento salarial total al que ya vienen sufriendo en los últimos cuatro años.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
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