La diputada Marulin Azofeifa Trejos denunció en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gastro Público que en las pruebas FARO aplicadas por el Ministerio de Educación Públicas se gastaron cerca de 529 millones de colones en consultorías y otros 600 millones de colones solicitó el jerarca de Educación en el 2019, para estar pruebas.
Ante esta aseveración de la congresista, el José Rodríguez Chaves, Asesor Nacional de Estudios Sociales, señaló que no tienen conocimiento sobre este tema.
Por su parte, el legislador Luis Fernando Chacón Monge comentó que sigue con las dudas del papel que jugaron en la elaboración de las pruebas FARO, los Asesores Nacionales del MEP. “Preocupa que ustedes sean simples transcriptores”.
Consultó sobre el objeto de las preguntas del formulario de factores asociados.
Fabián Calvo Brenes, estadístico Dirección en la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública explicó que con la prueba piloto se hizo análisis de las escalas y lo que se busca es ver los modelos que permiten tener una variable independiente que es la nota de cada asignatura.
“No hay relación directa entre los factores asociados y las notas”, comentó Chacón quien insistió en que un estudiante puede ser de escasos recursos y tener notas de 100, mientras que uno con recursos económicos altos puede tener bajas calificaciones.
Chacón señaló que en diciembre del año anterior Florlenis Chévez Ponce, jefa del Departamento de Evaluación Académica y Certificación que los Asesores Nacionales fueron los encargados de redactar el formulario de factores asociados y no que realizaron solo una transcripción.
La legisladora Yorleny León Marchena insistió en que el cuestionario de factores asociados vulnera los derechos de los menores, a pesar de lo que señalaron la semana anterior los Asesores Nacionales del MEP, cuál es la justificación para sostener esta afirmación, consultó.
“Nos basamos en el análisis integral, con respecto cada ítem”, explicó Roylan Matarrita Baltodano, Asesor Nacional de Ciencias, he insistió en que no se violentó el derecho de los menores.
Los asesores resaltaron la importancia de las preguntas, pero faltó el consentimiento informado a los padres de familia.
León también aseguró que no solo se hizo una transcripción del formulario del 2019, pero también se realizaron cambios y cuestionó que Ana Balbina Flores Cornejo, Asesora Nacional de Estudios Sociales insistiera la semana anterior que se diera una transcripción.
Flores indico ante la crítica de la diputada, que se realizaron cambios, se dio una transcripción, pero cambiaron las portadas y se eliminan preguntas repetidas y se formulan preguntas sobre el Covid.
El legislador Carlos Ricardo Benavides Jiménez mostro su preocupación sobre la información que recopilan los directores y se la trasladan al MEP.
Ante la consulta de la diputada Yorleny León la mayoría de los Asesores Nacionales de Educación indicaron que no se ha dado una mejora en la educación costarricense a pesar de la recolección de datos personales de los estudiantes.
