El presidente Carlos Alvarado y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, ordenaron el inicio de un procedimiento administrativo que permitirá aclarar posibles incumplimientos de obligaciones en el uso del segmento de frecuencias de 2500 MHz a 2690 MHz, importante para el despliegue de redes 5G.
Para la realización de dicho procedimiento, el Poder Ejecutivo instauró un órgano que será el responsable de establecer la verdad real de los hechos sobre posibles incumplimientos por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, en relación con la concesión, el uso y explotación de este segmento de frecuencias. Este órgano se instaura en completo apego a la Ley General de la Administración Pública, de acuerdo con el debido proceso y a los derechos de defensa de la empresa.
Después de realizar los análisis técnicos y jurídicos correspondientes y atendiendo las responsabilidades requeridas para desarrollar procesos sólidos y transparentes de ordenamiento del espectro, la determinación de la verdad real de los hechos es un paso ineludible y necesario antes de considerar cualquier otra acción relativa al espectro en esta banda. Los detalles de lo actuado no pueden profundizarse en esta etapa por disposiciones legales expresas, y serán comunicados en el momento oportuno.
Como se sabe, el pasado 4 de marzo el Poder Ejecutivo comunicó que instauró un órgano director para investigar posibles incumplimientos de obligaciones contractuales en relación con el uso y explotación del segmento de frecuencias de 3425 MHz a 3625 MHz, concesionado a la empresa Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (RACSA).
Las autoridades esperan que el inicio de estos procedimientos permita mejorar el ordenamiento del espectro relacionado con el despliegue de redes 5G en el país.
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