Recortes profundizaría crisis en la educación
Alerta la Defensoría de los Habitantes. Ante los recortes que realizaría el Ministerio de Hacienda a la Educación para el año 2025, la Defensoría de los Habitantes prevé el incumplimiento del Pacto Nacional de la Educación, el cual generará seis situaciones que agravarían la crisis en la educación.
Afectaría cuestiones básicas como alcanzar el currículo completo; la falta de inversión deterioraría aún más la infraestructura educativa; podría aumentar el plazo de retraso en el pago de salarios, y un impacto significativo en la inclusión de personas con discapacidad al sistema educativo por falta de nuevos códigos docentes, así como graves problemas que enfrentan las Juntas de Educación y Administrativas por falta de presupuesto para cubrir servicios básicos como agua y luz, por ejemplo.
Esto es parte de la respuesta que remitió la Defensoría a una carta presentada por el sindicato de la Asociación de Directoras, Directores y Administradores del Sistema Educativo Costarricense (ADEM), la cual también fue enviada al mandatario Rodrigo Chaves Robles, a la ministra de Educación, Anna Katherina Müller y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, donde se expresa que el recorte al presupuesto repercute de manera negativa en cada centro educativo.
La Defensoría de los Habitantes ha venido dando seguimiento a todo lo relacionado con la afectación de los derechos de las personas menores edad, docentes y administrativos. Costa Rica no ha cumplido con lo estipulado por la legislación vigente durante los últimos cinco años. El año en que más se acercó fue 2019, con un 7,8%. Sin embargo, este porcentaje ha disminuido paulatinamente año tras año, hasta llegar a un 6,1% del PIB en 2023, lo que afecta directamente los Programas de Equidad (alimentación y transporte estudiantil), Educación Inclusiva (Contratación de docentes de apoyo) e Infraestructura Educativa (órdenes sanitarias). Debilita también el presupuesto de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas y, la exclusión estudiantil.
Cabe destacar que, el presupuesto asignado al Programa de Equidad ha experimentado una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con 2022.
Entre el 2018 y 2022, se visualizó un crecimiento de estudiantes que recibieron algún beneficio, pero el declive se observa en el 2023, ya que hubo una disminución de apropiadamente 15.257 niñas, niños, personas adolescentes y adultas, lo que refleja una disminución del -1.5% de la tasa de variación en comparación con el año 2022.
La Defensoría también realiza una investigación estructural relacionada con la problemática en torno a la gestión del talento humano por parte del MEP, situación que afecta los derechos laborales fundamentales de las y los trabajadores de esa institución y, como consecuencia, la trascendental labor que cumplen como responsables del sistema público de educación de la niñez, adolescencia y juventud costarricenses. La Defensoría atiende a personal del MEP que solicita la intervención por la inadecuada gestión y excesiva tardanza, en el reconocimiento y pago de diferentes incentivos salariales a los que tienen derecho. La molestia ante tales problemas –evidente y entendible–, tiene como común denominador la demora extrema e irrazonable en el trámite, resolución y retribución económica efectiva de esos reclamos administrativos.
