Detrás de cámaras tras irrespetos del Presidente
La libertad de prensa para ejercer control político sobre los funcionarios públicos se vuelve cada vez más complicada. Las respuestas del Ejecutivo, señalando sin denuncias judiciales a periodistas y medios de comunicación, continúan sembrando radicalismos y reacciones en personas que pueden no entender cómo el crimen organizado ha infiltrado las instituciones públicas. La labor de la prensa es parte de esa lucha contra la corrupción, ya que el deber de probidad, transparencia y anticorrupción es una obligación de todo funcionario público.
El silencio de los contrapesos ante estas arremetidas contra la libertad de prensa es escandaloso y, al mismo tiempo, preocupante, ya que el conflicto de intereses puede poner mordazas a quienes hoy deberían estar gritando, analizando y exponiendo las irregularidades en las acciones de los funcionarios públicos.
Estas reacciones son preocupantes, ya que, hasta el momento, los argumentos de un lado y de otro no son más que distractores. Sin embargo, parece que el Ejecutivo no ha presentado denuncias para que los periodistas demuestren ante un juez si lo expuesto es falso o verdadero. Lo cierto es que los medios y periodistas no pueden llevar esto ante un juez sin una denuncia.
Por ello, es preocupante un Ejecutivo que se victimiza sin denunciar judicialmente, ya que el ataque no solo puede violentar la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa, sino que también promueve censurar aquellos controles que tiene la sociedad para alertar sobre posibles actos irregulares de los funcionarios públicos, como lo son la prensa y la Contraloría General de la República.
Es aquí donde debemos analizar expresiones como las del Ministro de Hacienda sobre temas como el FESS, de que el 8% es una expectativa. Sin embargo, la Constitución Política de Costa Rica no es una expectativa; es un acuerdo entre la administración y los administrados. Si la administración violenta la Carta Magna, está invitando a la población a no respetarla tampoco, lo cual induce a una ruptura del orden constitucional y a una crisis social.
Lo preocupante es que estas crisis sociales en países latinoamericanos se han utilizado para aprobar leyes por debajo de la atención de la población, creando golpes de estado suaves, donde se ha eliminado o reducido la participación ciudadana. Así, se pasa de una democracia a un golpe de estado blando.
¿Teorias de conspiración o practicas de corrupción? será el tiempo que saque todo a la luz pública.
Opinión de Gerardo Ledezma
