El abogado José Miguel Villalobos, conocido por su trayectoria en el ámbito penal y por haber ocupado cargos públicos, enfrenta una suspensión de once meses en el ejercicio de la profesión, impuesta por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Esta sanción, publicada en el diario oficial La Gaceta el 23 de enero de 2025, se suma a su papel como apoderado especial judicial en una querella por difamación presentada por el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.
Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala II reelecto en septiembre de 2024, denunció penalmente por difamación a la jueza Silvia Arce Meneses y al abogado Mario Rucavado el 27 de agosto de 2024. La querella fue tramitada con la representación legal de Villalobos, quien presentó documentos y solicitudes ante el tribunal. Sin embargo, a pesar de que las copias necesarias para la notificación de los denunciados están listas desde octubre de 2024, ni el querellante, ni su abogado, ni el notario autorizado han procedido con el retiro de los documentos para completar el proceso.
Ante la inacción de la parte querellante, el 21 de enero de 2025 el tribunal correspondiente emitió una resolución instando a Sánchez Rodríguez a dar seguimiento al proceso. Sin embargo, según la jueza Arce Meneses, hasta el 27 de enero no se ha realizado la notificación, lo que impide que los denunciados puedan ejercer su derecho de defensa y que el juicio avance.
La suspensión de Villalobos podría estar afectando el desarrollo de este caso, ya que, conforme a la normativa del Colegio de Abogados, un profesional sancionado no puede ejercer funciones legales durante el período de suspensión. Además, el Consejo Superior del Poder Judicial debe informar a las autoridades jurisdiccionales para que se tomen las medidas pertinentes en los procesos donde el abogado suspendido figure como representante.
Este escenario plantea interrogantes sobre la continuidad de la querella y sobre el interés real del magistrado Sánchez Rodríguez en que se lleve a cabo el juicio. Hasta el momento, ni el magistrado ni su abogado han dado declaraciones sobre la falta de acción en este proceso.
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