0:00
En América Latina, diversos gobiernos han implementado medidas que, bajo el argumento de la seguridad, la modernización o el orden público, pueden convertirse en mecanismos de control social. Estas acciones, cuando no cuentan con suficientes controles democráticos, pueden afectar derechos y libertades individuales. A continuación, algunas señales de alerta en la región:
- Vigilancia masiva y restricciones digitales
La implementación de sistemas de reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y restricciones en el acceso a internet pueden indicar intentos de control sobre la población. En algunos países, leyes sobre desinformación o ciberseguridad han sido utilizadas para perseguir opositores o censurar el debate público. - Uso de registros biométricos para trámites cotidianos
La exigencia de datos biométricos para acceder a servicios básicos, como transporte, educación o banca, sin garantías claras sobre su uso y almacenamiento, puede derivar en el seguimiento constante de ciudadanos y en la limitación de derechos. - Militarización de la seguridad pública
El aumento del rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna suele justificarse por la lucha contra el crimen, pero en algunos casos ha resultado en represión, detenciones arbitrarias y limitaciones al derecho de protesta. - Regulación del comercio y trazabilidad económica
Medidas como el control excesivo de transacciones, registros obligatorios para actividades económicas informales o restricciones en el acceso a divisas pueden ser utilizadas para vigilar y condicionar la independencia financiera de los ciudadanos. - Manipulación de programas sociales con fines políticos
En varios países, se ha denunciado el uso de subsidios y programas de asistencia como herramientas para condicionar el apoyo electoral, favoreciendo a determinados sectores y castigando a quienes se oponen a los gobiernos en turno. - Desinformación y control de medios
La compra o presión sobre medios de comunicación, junto con la difusión de información manipulada desde cuentas oficiales, afecta la libertad de expresión y limita el acceso a información verificada.
El control social no siempre es evidente, pero estas acciones pueden ser señales de alerta. La vigilancia ciudadana y la exigencia de transparencia en las políticas públicas son clave para evitar que estas medidas deriven en restricciones a las libertades fundamentales.
Opinión de Gerardo Ledezma.
