Acerca de la orden presidencial para eliminar las pruebas Faro: La Forma también importa

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Desautorizamos de manera contundente que los siguientes comentarios de ANEP sean utilizados como parte de la campaña de las histéricas voces del periodismo de odio, en su campaña en contra el ahora mandatario Chaves Robles, las cuales son las mismas que le atacaron siendo candidato presidencial.

Empecemos. La alianza de trabajo que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados tiene con el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), desde el 2019, permitió a ANEP sensibilizarnos acerca de que las pruebas FARO constituían un experimento arbitrario e imprudente, carente de rigidez pedagógica y, peor aún, sin considerar aspectos psicosociales y sociofamiliares del estudiantado víctima.

Las máximas autoridades político-jerárquicas del anterior gobierno, tanto a nivel de Casa Presidencial como del propio Ministerio de Educación Pública (MEP), continúan en la impunidad sin que, entre otros aspectos, rindan cuentas por los 2 mil y resto de millones de colones que, literalmente, quedan botados.

Ante tal concepción aventurada de las pruebas FARO, la oposición del estudiantado objeto del experimento no se hizo esperar, como tampoco la de las madres y la de los padres de familia de esa niñez y adolescencia que sufrió verdaderas agresiones psicoemocionales. Las personas jerárquicas ejecutoras de las mismas, también continúan en la impunidad.

Ahora el Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, anuncia con carácter de decisión política presidencial, que se eliminan las actuales pruebas FARO para lo cual razones hay de sobra. Además, múltiple aplauso está generando lo que el mandatario ha anunciado.

Aunque ANEP también aplaude, en tal marco de condiciones conviene compartir nuestras reflexiones al respecto:

El problema no es la decisión, es la forma en que se toma. Por vez primera, en 50 años, un Presidente de la República se salta toda la gestión del MEP para imponer una decisión.

El Consejo Superior de Educación (CSE) es una instancia creada, justamente, para velar por la calidad del sistema educativo y generar una política educativa independiente del poder de turno en el MEP o en el poder Ejecutivo.

El Consejo Superior de Educación tiene una relevante función y por eso, desde la ANEP, señalamos los errores de toma de decisiones y ausencia de responsabilidades del CSE 2018-2022. Pero, aunque cuestionamos al Consejo, debemos advertir de que es delicado saltarse la institucionalidad que representa y coaccionar a las personas que se están integrando al Consejo para el período 2022-2026.

ANEP hace el señalamiento de que una medida de corte autoritario como ésta, abriría la puerta de las tempestades. En primer lugar, nos lleva al peor escenario de la gestión educativa caracterizado por decisiones personales, impulsivas, sin estudios técnicos y, aún más grave, sin consultar a docentes, estudiantes y familias.

En segundo lugar, significa una injerencia política partidaria sobre la gestión educativa y debilita al Consejo Superior de Educación, justo en momentos en los cuales el país requiere la construcción de una política educativa técnicamente fundamentada y democráticamente inclusiva para integrar las visiones de las comunidades educativas.

En tercer lugar, el origen de esta medida (vertical, tomada por una persona, ajena a los procesos del MEP, inconsulta y debilitadora del CSE), debe alertar al Magisterio Nacional en momentos donde el país debatirá la sensible problemática del examen de idoneidad para asignación de propiedades, las posibles soluciones al interinazgos de decenas de miles de funcionarios del MEP, la mayor crisis presupuestaria del MEP en el siglo XXI, las políticas salariales y las medidas pedagógicas para salir del apagón educativo. En esos temas surge la pregunta: ¿la decisión vendrá desde Zapote?

Invitamos al señor Presidente y a la señora Ministra de Educación Pública para responder a los grandes desafíos de la educación costarricense con diálogo. ANEP-Magisterio Nacional reitera que la inclusión de docentes, estudiantes, familias y la sociedad civil son la única alternativa para la construcción de respuestas pertinentes, relevantes y de larga duración.

Finalmente, es importante insistir en el hecho de que las pruebas FARO, hoy totalmente desacreditadas y políticamente eliminadas, se liquidaron per se ante el apresurado y pésimamente planificado proceso de sensibilización y de implementación. Éste careció de un orden sólido y consistente, con total carencia de adecuada capacitación para concretarlo en la práctica.

San José, domingo 29 de mayo de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

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