“La falta de transparencia y la ineficiencia son temas que se dejan ver en nuestros informes” dijo la Contralora General de la República, Marta Acosta, a los legisladores integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, donde compareció para referirse a la liquidación del presupuesto general de la República del año 2021, contenido en el expediente 23.100.
Agregó que se dejan ver en el dictamen el incumplimiento de las metas en ministerios como Ciencia y Tecnología, Educación, Cultura e Infraestructura y esto ocurre no solo en el gobierno central sino en todo el aparato estatal.
De acuerdo con Acosta, espera que este sea un insumo que sea tomado en cuenta cuando se hable del próximo presupuesto de la República y que ello sea utilizado para mejorar, capitalizar aprendizaje y pedir cuentas del cumplimiento o incumplimiento de los funcionarios para darle el mejor uso a los escasos recursos con que se cuenta.
De acuerdo con la Contralora el crecimiento del PIP alcanzó un 7,8 % cifra significativamente mayor al que se vivió en el 2020. Se redujo el porcentaje de hogares en pobreza, lo mismo que la tasa de desempleo que se situó en un 13,7 por ciento.
Con respecto al informe la Contraloría presenta una opinión adversa porque la documentación auditada en esa liquidación no es razonable en todos los aspectos materiales y la normativa aplicable al proceso presupuestario, pues hay evidencia suficiente para determinar que los errores encontrados son materiales y generalizados lo que afecta la integridad y confianza en la liquidación.
La diputada Pilar Cisneros Gallo manifestó su preocupación por que reiteradamente se incumple la regla fiscal, las normas presupuestarias y sin embargo no pasa nada, no le pasa nada ni a las instituciones ni a las personas responsables.
Agregó que es una práctica muy común, por ejemplo, en el caso del MEP, que año tras año se le paga miles de millones adicionales a los educadores y demás funcionarios y sin embargo no pasa nada.
Cisneros también puso como ejemplo lo que ocurre en la ARESEP, cuyo presupuesto anual son 16 mil millones de colones y sin embargo hoy en día tiene que pagar más de 30 mil millones de colones en juicios que han perdido.
La Contralora Acosta insiste en que el peor de los problemas es la ineficiencia que cuesta miles de millones al país al punto de que incluso, lo obliga a endeudarse para pagar esas ineficiencias, pues a pesar de que los ingresos de las instituciones crecen, los resultados más bien bajan.
El diputado José Joaquín Hernández Rojas manifestó su preocupación por la auténtica realidad de la situación fiscal del país.
Por su parte la congresista Sonia Rojas Méndez se sumó a las preocupaciones de que la deuda del país siga aumentando dado que cada una de las instituciones del Estado sigue gastando sin controles.
Agregó que 25 instituciones incumplieron la regla fiscal y sin embargo no emiten ningún informe que justifique ese incumplimiento.