Opinión: Los radicalismos a los que se impulsa a la ciudadanía desde los cargos públicos de elección popular deberían alertarnos a todos los costarricenses, siendo que lo ocurrido en otros países puede llegar a repetirse en Costa Rica, y literalmente, los costarricenses estamos indefensos ante el adoctrinamiento social y la infiltración del crimen organizado en la administración pública y la administración de justicia.
Y es que para quienes no se han sentado a analizar el Control Social que se impulsa desde los ODS de la Agenda 2030, financiada con fondos públicos en el país, literalmente ha eliminado el debate público. En otras palabras, los ciudadanos ponemos los recursos económicos para que personas que no producen nos digan cómo producir.
Y es que la propiedad privada, la libertad, la equidad, la paz social y la vida están en riesgo constante ante personas que no producen, pero que tienen intereses en enriquecerse a como dé lugar, y que pueden traicionar a la patria para saquear los recursos del Estado, o viendo una fracción del mismo, ocasionando que un sector empresarial que también puede estar ligado al crimen organizado internacional sea beneficiado de los cambios en la ley que les permite la evasión y elusión fiscal.
Un pequeño ejemplo, en el gobierno anterior, la deuda era del 6 % del PIB, y la evasión fiscal era del 8 % del PIB según datos revelados por la ANEP. Sin embargo, tal como anuncia el presidente Rodrigo Chaves, el país tiene una economía jaguar, o sea, ha aumentado el monto del PIB, por lo que el país debe recoger más impuestos. Sin embargo, al ser mínimos los impuestos a algunos sectores, el costo del Estado recae en la clase trabajadora. Veamos un poco más afinado el tema.
Las carreteras sufren desgaste por el paso de transporte pesado que promedian cargas de 20 a 40 toneladas, facturando millones de dólares. Donde se evita pagar impuestos deja de ingresar dinero al Estado, por lo que se usan recursos públicos de los costarricenses, puede ser de forma directa o también mediante un préstamo internacional que igualmente los costarricenses debemos pagar con nuestros impuestos.
Contraloría descubrió que el gobierno tenía una huaca escondida de 540 mil millones de colones hace dos años, denunció ANEP:
https://crprensa.com/estado-de-cuenta-de-la-deuda-de-costa-rica-mantiene-en-alerta-a-la-anep/
También denunció que se pagan 4 millones de colones por minuto:
https://crprensa.com/cuatro-millones-de-colones-por-minuto/
Un ejemplo que se brindó en ese momento fue: Del 1 de enero al 30 de junio del presente año 2023 han transcurrido 181 días, y del bolsillo del pueblo trabajador costarricense, tanto público como privado, han salido en este primer semestre, un billón 55 mil 866 millones de colones (₡1.055.866.000.000).
Concentrar a las instituciones públicas a aplicar una agenda que puede tener serios riesgos a la soberanía costarricense es un tema que puede tratarse de crimen organizado internacional, similar al Caso Odebrecht, quienes compraron presidentes y diputados en 12 países del continente para ser favorecidos mediante contratos amañados.
Por ello, debemos analizar lo que dice nuestra constitución, pues es preocupante que el derecho de protesta se ha convertido en derecho al berreo, donde empresarios tienen derecho al libre tránsito por encima del derecho a la paz social que tenemos todos los costarricenses. Hoy es evidente cómo los acuerdos entre empresas y gobierno los convierte en una especie de Estado Profundo, que toma decisiones mediante diputados que han sido financiados por esos empresarios, y que abre puertas al lavado de dinero, como lo denunció la expresidenta del BCR. En ese banco se ha lavado dinero para financiar campañas políticas. Muchos de esos empresarios honestos y corruptos financian campañas, y nos dan a los costarricenses las opciones a escoger, a tal punto, que la inversión en la publicidad de partidos políticos se financia a los grandes, dejando por fuera a los pequeños partidos que no tienen la posibilidad de hacer un contrapeso con ideas, y que simplemente no tienen los recursos económicos para lograr ser escuchados. En Costa Rica, el marketing de campañas de millones de colones ahora termina en manos de agencias publicitarias.
Lo que nos lleva a analizar que el 90 % de la pauta del Estado se la llevan las agencias de publicidad, según lo denunció la diputada Pilar Cisneros:
https://crprensa.com/diputada-denuncia-concentracion-de-pauta-estatal-en-manos-de-agencias-privadas-de-publicidad/
¿Pero se ha investigado si hay lavado de dinero en las agencias de publicidad? ¿Y qué tanto pueden estar vinculadas con grupos ideológicos que generan cambios culturales forzados para generar división social, lo que genera prácticas que desfinancian a la prensa independiente, y beneficia solo a los grandes medios tradicionales? Por lo que debemos analizar: ¿hay prácticas de monopolio? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de las agencias publicitarias?
Y es que usar la ley para cometer abusos es un tema preocupante, como por ejemplo poner en manos de inversionistas extranjeros la administración de carreteras (peajes), aeropuertos y hasta la revisión técnica vehicular. Estos monopolios incluso estuvieron en manos de empresarios costarricenses, pero que no pueden competir contra el capital de mega corporaciones internacionales.
Pero a esto podemos cuestionarnos si las cosas son lo que parecen, por ejemplo, veamos el tema del ROPC y el FCL, dado que hace poco nos enteramos de casos como Yamber, donde empresas pidieron préstamos que no podían pagar y se declararon en quiebra. Bueno, ¿no fue esta forma de hacer las cosas lo que llevó al cierre del Banco Anglo y del Banco Crédito Agrícola de Cartago? Entonces, si esta práctica es conocida, me debo preguntar: ¿es el ROP una forma de llevar liquidez al sistema bancario para evitar la quiebra de más bancos? ¿Hay más saqueos en la banca nacional?
Por lo que sí, los gobiernos anteriores no son santos de mi devoción, nos han convertido en el país más caro de Costa Rica, ¿pero qué tan honesto es el actual gobierno? Esta es mi opinión.
El presidente envió como embajadora en Washington a la exdefensora de los habitantes, aun con denuncias penales
https://crprensa.com/aun-con-denuncias-penales-la-piensan-juramentar-como-embajadora-en-washington/
aun cuando publicamos y se lo hicimos llegar a Casa Presidencial
https://crprensa.com/designada-embajadora-ante-estados-unidos-tiene-varias-denuncias-penales-y-podria-estar-sumando-otro-delito-por-perjurio/
lo que nos dice que el lema de campaña del presidente no fue del todo honesto.
Por otra parte, nos preocupa cómo se atendió el tema de Puerto Caldera, donde los equipos estaban deteriorados por quien era el adjudicado, pero finalizaba su contrato, por lo que el presidente le ampliaría el contrato
https://crprensa.com/puerto-caldera-presidente-rodrigo-chaves-sigue-ordenando-la-casa/
pero debemos recordar que el empresario fue uno de los financistas de la campaña de Rodrigo Chaves.
Por otra parte, el presidente pudo derogar la obligatoriedad de las vacunas contra la COVID-19, un contrato que le han dado valor supraconstitucional, y que ha silenciado temas como la abortividad, además del estabilizador cardíaco que ha generado infartos fulminantes a personas en todo el mundo, entre ellos a los deportistas. ¿Es una forma de legalizar el genocidio? Lo cierto es que en el pasado, la violación de derechos humanos llevó a un grupo de personas a ser enjuiciados por casos de lesa humanidad en los conocidos juicios de Núremberg.
Y es que si analizamos el panorama, desde la expresidenta Laura Chinchilla la ausencia del debate público y el silencio de los colegios profesionales en temas nacionales es evidente. ¿O se guarda silencio o fueron censurados por los medios de comunicación? Pero es muy dudoso que la censura se haya convertido en la forma más usada para manipular la opinión pública.
Además, se viene promoviendo a las redes sociales como la resonancia de la opinión pública, por lo que no podemos olvidar las estrategias del libro El arte de la guerra. Una de las estrategias es llevar al enemigo a un territorio donde puedas dominarlo, y es que, como lo denunciamos al presidente, las campañas en redes sociales a través de la creación de redes sociales desde teléfonos que no se pueden garantizar ni siquiera para determinar delitos, permiten otros como la trata de personas, secuestro, extorsión, sicariatos, etc.
https://crprensa.com/la-telefonia-prepago-en-manos-de-la-mafia/
Bueno, en esta nota te dejamos la información
https://crprensa.com/trolls-center-operan-a-vistas-de-las-autoridades-van-a-actuar-despues-de-las-elecciones/.
Como vemos, todo este engranaje le puede servir al crimen organizado para transformar al país en una nueva Venezuela ruso-cubanizada. Y es que, para entender esto que acabo de decir, es importante tener contexto histórico, como entender cuál es el modus operandi usado en Rusia para financiar campañas políticas mediante la extorsión y la confiscación de la propiedad privada, temas muy abiertamente impulsados por las agendas de izquierda y de derecha. Sí, hablo de la Agenda 2030 de Davos y de la Agenda 2030 del Foro de Sao Paulo, dado que ambas indican que no tendrás nada y serás feliz.
Para lograrlo, es evidente cómo se busca radicalizar a la ciudadanía costarricense, para mantenerlos en temas que les afectan y aislados de la realidad del resto del país, de modo que el crimen organizado se ve temporalmente beneficiado para posteriormente convertirse en víctima del sistema, muchos convertidos en chivos expiatorios para evitar que caigan los altos mandos.
De esta forma se modifican leyes, reglamentos y normativas, y son publicadas de forma que la menor cantidad de costarricenses se enteren de lo que sucede, por lo que no logran organizarse y reaccionar ante los abusos de los funcionarios públicos, quienes muchas veces se consideran los más inteligentes del país y que deben tutelar a los ciudadanos, aun cuando la misma Constitución Política indica que no pueden ir más allá de lo que la ley les permite, y que tampoco pueden asumir la soberanía. Muchos de ellos dicen que debemos dejarlos trabajar para evitar ser sujetos del control político al que tiene derecho el ciudadano, y al deber de probidad, transparencia y anticorrupción al que están sujetos todos los funcionarios públicos.
No debemos olvidar el Caso UPAD, creado en Casa Presidencial del gobierno de Carlos Alvarado, mismas instalaciones donde se encuentra la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, donde debemos recordar que se eliminó el paseo de los estudiantes, un símbolo del golpe dado por los estudiantes al gobierno de los Tinoco, donde se gobernó por decretos, para ser reemplazado por el Barrio Chino, un símbolo del socialismo que viene golpeando el continente, aliándose con países como Rusia, Corea del Norte, Nicaragua y Cuba.
Desde ese grupo de UPAD, uno de sus integrantes también hablaba de la eliminación de la rotonda de las garantías sociales. En otras palabras, la eliminación de la memoria histórica es parte fundamental de dicho secuestro de nuestra democracia.
Es evidente que la educación se convirtió en la capacitación de ciudadanos funcionales en la sociedad, a un sistema de producción de mano de obra calificada, con la incapacidad de producir ciudadanos que identifiquen las amenazas a la democracia. Pero hoy día, un profesional de cualquier índole es incapaz de diferenciar entre vivir en democracia y dictadura, mucho menos reconocer un golpe de estado blando.
En fin, podríamos continuar esta nota casi 10 veces más, pero es imposible para muchos costarricenses entender lo que aquí se explica. Sin embargo, es importante que los grupos de lucha social analicen esta información e inicien el debate público de cómo frenar el crimen organizado en los tres poderes de la República.
Bueno, dejamos un borrador que habla sobre cómo podemos atender esta problemática, pero es importante ponernos de acuerdo todos los costarricenses.
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Opinión de Gerardo Ledezma
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