Autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) alertan de graves riesgos para que el Estado pueda hacer valer derechos de pueblos indígenas y de las y los costarricenses, ante acelerado avance en el Congreso del proyecto de Ley 21.807, Reforma a la Ley de Biodiversidad, ya que texto no incluye observaciones enviadas por la institución rectora en materia ambiental.
Desde el Minae se hace un llamado de atención urgente ante la posible aprobación en el Plenario Legislativo esta semana del proyecto 21.807, Reforma a la Ley de Biodiversidad, ya que según lo advierte la CONAGEBIO, si el texto se aprueba a como está actualmente, dejaría sin regulación un patrimonio de todas las y los costarricenses. Costa Rica es considerada uno de los 25 países más biodiversos del planeta, lo cual representa aproximadamente el 5% de la biodiversidad mundial.
Al respecto el viceministro de Ambiente, Franklin Paniagua, explicó que “Cuando mencionamos el peligro que se corre por desregular lo que ya está establecido en la Ley de Biodiversidad, ya que es la CONAGEBIO la que otorga los permisos para el acceso a los recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad, nos referimos a que es la Oficina Técnica de CONAGEBIO y no las universidades quien cuenta con un panorama integral, que incluya tanto las investigaciones de las universidades como las realizadas por otros investigadores nacionales e internacionales, para poder tomar decisiones informadas tomando en cuenta el posible impacto acumulado de los diferentes muestreos, y así evitar impactos negativos a poblaciones reducidas o en peligro de extinción. De esa manera MINAE puede por medio de la CONAGEBIO saber qué especies se van a muestrear, dónde, cuántos individuos se van a colectar y con esto evitar que se afecte la biodiversidad del país, “detalló.
La CONAGEBIO consciente de la necesidad de establecer mecanismos simplificados que estimulen la investigación de la biodiversidad del país ha propuesto textos en varias oportunidades a la Presidenta del Congreso Silvia Hernández que han sido recibidos y que, actualmente, están incluidos en la propuesta que está por aprobarse. Sin embargo, otras recomendaciones que son significativas en aras de simplificar trámites sin desregular un patrimonio que es de todas y todos los costarricenses, no han sido contemplados en la propuesta actual.
Recordemos que las propiedades bioquímicas y genéticas de los elementos de la Biodiversidad silvestres o domesticadas son bienes de dominio público y que le corresponde al Estado costarricense, en particular a la CONAGEBIO, velar porque las investigaciones se realicen en un marco que garantice la conservación, el uso sostenible y la distribución justa de los beneficios que se deriven de ese uso.
Además, la CONAGEBIO, en aras de lograr la congruencia interna de la propuesta de modificación de la Ley, ha alertado a la diputada Hernández sobre errores que se mantienen en su propuesta como son la inclusión de definiciones y exclusiones de modificaciones de artículos que no permiten la compresión del texto y menos aún que la Oficina Técnica cuente con la claridad necesaria para poder operar en el otorgamiento de los permisos.
Con la propuesta actual no se cumple con el principio de igualdad que debe primar en nuestros marcos normativos, ya que se dan potestades a las universidades públicas del país, dejando por fuera a las universidades privadas que constituyen una fuerza importante en la generación de investigaciones sobre nuestra biodiversidad.
Las recomendaciones de CONAGEBIO que no están incluidas en la propuesta de la diputada Hernández no afectan en ninguna medida la simplificación de trámites y a su vez garantiza el derecho de todas y todos los costarricenses a seguir contando con una biodiversidad sana, conservada, que posibilite las investigaciones de manera expedita y asegurando la inclusividad y los beneficios compartidos.
Las autoridades de MINAE y la CONAGEBIO insisten en la urgencia de acatar las recomendaciones que en diferentes ocasiones han sido enviadas y expuestas a la diputada Silvia Hernández, ya que insisten en que no afectan en ninguna medida la simplificación de trámites, y a su vez garantizan el derecho de las y los costarricenses a seguir teniendo una biodiversidad sana y conservada, que posibilite las investigaciones de manera expedita y asegure la inclusividad y los beneficios compartidos.
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