La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra del denominado “OIJ paralelo”, una estructura de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves que ha sido señalada como un intento de establecer una policía política.
El recurso fue presentado argumentando que dicha estructura podría vulnerar derechos fundamentales, al no ajustarse a los principios establecidos en la Constitución Política y las leyes vigentes. ANEP considera que este proyecto pone en riesgo la institucionalidad democrática del país.
En su respuesta, el presidente Chaves solicitó que la acción de amparo sea transformada en una acción de inconstitucionalidad, reconociendo implícitamente las posibles controversias legales que el proyecto podría generar. Este movimiento ha sido interpretado por analistas como un reconocimiento de la complejidad del tema y de los cuestionamientos legales que enfrenta la propuesta.
La ANEP sostiene que la creación de esta estructura es un intento de centralizar funciones policiales fuera del marco normativo, lo que podría derivar en prácticas incompatibles con un estado de derecho.
La Sala Constitucional deberá decidir en los próximos días si acepta la solicitud de transformación en acción de inconstitucionalidad y analizará el fondo del caso, que sigue generando un intenso debate público.
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