ANEP-Planteamiento obrero-social acerca de la situación fiscal en la Costa Rica Actual.

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ANEP-Planteamiento obrero-social acerca de la situación fiscal en la Costa Rica Actual, PDF descargable al final de esta publicación.

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San José, viernes 21 de abril de 2023.

Dr. Ding Ding, Jefe de Misión para Costa Rica FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

S.G. 21-25-1530-23

Asunto: ANEP-Planteamiento obrero-social acerca de la situación fiscal en la Costa Rica Actual.

Estimado señor:

• Las evaluaciones anuales que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI), acerca de la marcha de las condiciones macroeconómicas de Costa Rica, tienen repercusiones, tanto internas como externas. Las opiniones del FMI se transforman en insumo para la toma de decisiones de los actores económicos nacionales como internacionales, tanto públicos como privados. Desde esta perspectiva es fundamental que tales evaluaciones recojan fehacientemente lo que ocurre en el país.

• Por eso, como entidad socio-obrera de carácter sindical e integrante del amplio conjunto de las organizaciones de trabajadores y de trabajadoras de Costa Rica e, igualmente, como entidad de la sociedad civil organizada de nuestro país, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) que nos honramos en representar, ha considerado oportuno dirigirle a ustedes, señores representantes del FMI, un documento que complemente la visita de la misión que evalúa a Costa Rica, en este mes de abril de 2023, pues hay temas muy relevantes que se están dejando de lado en los análisis; o bien, se han tratado muy superficialmente pero que revisten de la mayor trascendencia para el desempeño económico y social de la nación. En especial, para las personas de la clase trabajadora en su amplia concepción (con empleo fijo o sin él, tanto en el sector público como en el privado; en la informalidad y/o en el desempleo abierto o encubierto), tanto como para las personas integrantes de las capas medidas, al igual que para el amplio conglomerado de las micro-pequeñas y medianas empresas.

• Esperamos de nuestra parte, a futuro, una mayor interacción con ese organismo pues en el pasado se ha relacionado, primordialmente, con los sectores empresariales y cierto grupo de políticos y académicos ideológicamente sesgados hacia el neoliberalismo y la ortodoxia; y, más centrados en las finanzas que en la economía, enfatizando los intereses privados por encima del bien público.

• Esperamos del FMI, en adelante, un mayor equilibrio en la recogida de opiniones por medio de incorporar las perspectivas de los diversos sectores políticos, económicos, sociales y gremiales del país. Somos del criterio de que ese contacto, con la más amplia diversidad de actores, le permitiría al FMI contar con una visión integral sobre la complejidad económica y social existente en Costa Rica para lograr una mejor evaluación.

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• Con base en nuestras propias evaluaciones (construidas con valioso aporte multidisciplinario), el mayor problema que reviste la Costa Rica actual, es la brutal concentración del ingreso que se viene generando año tras año; consecuencia, no de condiciones inexorables e irremediables del funcionamiento de los mercados, sino como resultado de las leyes y normas impuestas por la política pública.

• Para corregir esto, hay acciones urgentes que deben ser tomadas en el corto plazo, que dinamizarían el mercado, generarían empleos y traerían prosperidad compartida, es decir paz social duradera. Pero que son dejadas de lado por las evaluaciones de los organismos internacionales y por los grupos nacionales de poder económico que usufructúan del status quo. Veámoslas:

• 06.1- Una gestión tributaria y aduanera calamitosa: Un examen riguroso de la eficiencia en la gestión del sistema tributario revela, por una parte, que existen cálculos de la misma autoridad hacendaria que estiman la evasión -en sus diversas y “creativas” modalidades”-, entre 8 % y 6 % del PIB; y, por otra, un 2% del PIB de elusión tributaria y relocalización de utilidades hacia paraísos fiscales.

• 06.2- El sistema tributario, lejos de ser un elemento que mejora la distribución de ingresos es, al contrario: regresivo, poroso, complejo e ineficiente en su administración. Desde un punto de vista estrictamente obrero, se le considera perverso y corrupto: pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen; y los que más tienen, no pagan lo que les corresponde; o del todo no pagan nada.

• 06-3- La gestión aduanera es, igualmente, deficiente, compleja, y vulnerable a la evasión de aranceles, el contrabando, y el trasiego de bienes mal habidos.

07- La gestión tributaria y aduanera se hace con sistemas informáticos de 30 o más años de antigüedad, sin controles cruzados entre los diferentes tributos, con operaciones manuales en varios casos, con restricciones legales o impuestas por la costumbre, que impiden que las autoridades tributarias puedan acceder a los registros bancarios de los contribuyentes, o que puedan hacer uso del intercambio de información tributaria con otros países. La facturación electrónica no ha sido posible explotarla como una fuente de datos para la inteligencia tributaria, con funcionarios en puestos relevantes con plazas a perpetuidad, sin evaluación ninguna, entre otras deficiencias.

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08. En esas condiciones, las revelaciones de los Panama Papers, de los Pandora Papers y las reiteradas informaciones sobre la tributación de las más grandes empresas, revelan que sólo unas pocas decenas de ellas pagan algún impuesto; las demás, año tras año, reportan cero ganancias o pérdidas (ver anexo). Mientras en la práctica, esas mismas empresas aumentan las inversiones, las exportaciones y el número de empleados, etc. Al respecto, el Ministerio de Hacienda y las autoridades económicas, con disimulo o sin éste, se niegan realizar evaluaciones y mejoras en la gestión del cobro de los tributos.

09- Es más, el coeficiente de Gini, antes de impuestos y después de impuestos, no muestra cambio significativo y está en ascenso anualmente, debido a que la fiscalidad está enfocada en las pymes y en los trabajadores y en las trabajadoras, únicamente. Al respecto, Costa Rica nuestra el Índice de Gini más alto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

10- Estudios serios muestran que, hasta dos o más puntos porcentuales del PIB se pierden en tributos, anualmente, por relocalización de utilidades generadas en Costa Rica, que se simulan luego como obtenidas en el extranjero, en territorios de muy baja fiscalidad. Cálculos de 8 años atrás estiman la evasión de impuestos entre el 6 % y el 8 % del PIB, sin que hayan cambiado las condiciones y sin que el Ministerio de Hacienda se digne a realizar acciones al respecto.

1. Hay una persistencia por mantener el régimen tributario exclusivamente territorial, que es alentada por los grupos de empresas que usufructúan de los portillos que implica tal régimen para la elusión y para la evasión tributaria, que no obedece a ningún razonamiento técnico, o de transparencia, sino a la rentabilidad que eso depara a los elusores. Es más, son tan grandes las deficiencias de control interno que es un caldo de cultivo perfecto para la legitimación de capitales y las triangulaciones tributarias para evadir los impuestos.

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1. En el pasado, fue sólo a través de la presión internacional que se pudo avanzar en legislar para que Costa Rica estableciera tratados de intercambio de información tributaria y bancaria con otras naciones, pues el grupo económico que usufructúa de esas deficiencias, tiene poder político para frenarlas en la propia Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo. Y, casualmente, se lograron avances en el intercambio de información tributaria con otros países porque las debilidades tributarias de Costa Rica vulneraban la recaudación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de los propios Estados Unidos. Pero, es penoso que haya una asimetría, hasta hoy, entre lo que se les informa a las autoridades extranjeras y los registros a que puede tener acceso la autoridad tributaria nacional respecto a las transacciones bancarias.

1. Recientemente, Costa Rica ha sido incluida en la lista de países no cooperantes a efectos fiscales por la Unión Europea (UE). El país es muy abierto al comercio internacional y se caracteriza por:

a) contar con un parque de empresas transnacionales muy importante; b) con total apertura a los movimientos de capitales internacionales (como ningún otro país en América Latina; c) con un sistema de zonas francas poco transparente en cuanto al ingreso de las empresas; y, d) una gestión tributaria y aduanera muy endeble e ineficiente. Estos factores han hecho la mezcla perfecta para que las grandes empresas paguen impuestos a su entera discreción.

1. Esas condiciones juegan a favor de las grandes empresas, y se convierten en factores de competencia desleal para las pymes, que no pueden utilizar esos mecanismos, ni contratar consorcios de consultores tributarios para implantar “esquemas de tributación creativa”, que juegan en contra del Estado; el cual ve cómo, año tras año, se erosiona la base tributaria, consecuencia del traslado de empresas del sistema definitivo hacia regímenes tributarios especiales internos de menor o nula fiscalidad, dado que quienes administran el cumplimiento de los requisitos para ingresar a esos regímenes tienen intereses directos.

2 La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA), establecida por el gobierno de los Estados Unidos en el 2010, es un régimen de reportes y retenciones de pagos realizados por ciudadanos y compañías estadounidenses a instituciones financieras en el extranjero.

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1. Se evidencia un alto intercambio de funcionarios entre las grandes empresas de auditoría y consultoría tributaria, con la Dirección General de Tributación de Ministerio de Hacienda; práctica que no es sana, pero el país es carente de códigos de conducta al respecto para frenar las denominadas puertas giratorias.

1. La crisis fiscal que vive Costa Rica requiere de mejorar la recaudación por el bien de un crecimiento económico robusto y balanceado de la sociedad, por la paz social que exige oportunidades para todas y para todos por igual. No se vale que los negocios más prósperos, eviten contribuir con el financiamiento del Estado y adopten una posición parasitaria socialmente.

1. La relocalización de utilidades de las empresas nacionales es común, y Costa Rica tiene un sistema tributario enfáticamente territorial, en que la simple simulación de que una renta se generó fuera de las fronteras, la excluye del pago de tributo. Pero, además, no hay avances significativos para implementar las normas BEPS de la OCDE y, tampoco, se hacen esfuerzos por instaurar el impuesto mínimo global del 15 % para empresas transnacionales que ha sido impulsado por el G20.

1. Es más, el Régimen de Zonas Francas se está utilizando como un mecanismo de erosión de la base tributaria, ya que se permite que empresas que siempre ha sido parte del régimen tributario definitivo, se trasladen a ese régimen especial, con solo cambiar de personería jurídica; sin que el país aumente la inversión o el empleo, pero sí que se genere una caída importante en la tributación y la consecuente competencia desleal para las empresas pymes que producen los mismos bienes desde el régimen definitivo.

1. Por otra parte, seguir forzando el ajuste fiscal vía recorte del gasto social, no es justo, no es equitativo, no es sostenible, no es conveniente para la salud ni tampoco para el dinamismo de los mercados. Menos aún, resulta totalmente inconveniente seguir insistiendo por la vía de los impuestos indirectos, altamente regresivos o el deterioro de los salarios de las personas trabajadoras. De seguir esa vía, de la injusticia fiscal, con certeza conducirá a la conflagración social.

• Se ha creado la idea de que Costa Rica tiene una alta carga tributaria a las empresas, lo cual es falso e injusto, pues los impuestos son indirectos y regresivos, además se asume con vehemencia que los impuestos frenan la reactivación por lo que, al respecto, haremos dos pequeños apartados:

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Los impuestos y el crecimiento económico

• La política fiscal es un instrumento que emplean los gobiernos para impulsar y conseguir el desarrollo integral de la sociedad, a través de la captación y la asignación de recursos hacia actividades estratégicas por lograr ese objetivo. El uso activo de la política tributaria, del gasto público y de la gestión de la deuda son instrumentos para conseguir el crecimiento productivo, la reducción de la pobreza y de la desigualdad.

• El diseño de la política fiscal de un país evidencia el contrato social que une al gobierno y a sus ciudadanos en general. El nivel de suministro de bienes y servicios públicos y las calidades de estos, junto con un adecuado sistema de tributos progresivos y transparentes, son indicadores de los compromisos de cohesión social y signos de la fuerza del contrato social.

• Sin una adecuada y equitativa provisión de bienes públicos, tales como la salud, la educación, infraestructura, seguridad, entre otros, el contrato social se debilita. Eso implica el uso de recursos que deben ser captados de manera permanente y mediante mecanismos progresivos y solidarios. La fortaleza de una democracia está íntimamente relacionada a la percepción de equidad, progresividad, solidaridad que tenga para los ciudadanos el sistema fiscal.

• “Los elevados niveles de legitimidad fiscal se dan cuando el sistema de impuestos y transferencias es eficaz a la hora de paliar la desigualdad; se prestan servicios públicos de alta calidad de forma equitativa; los derechos y obligaciones se rigen por normas justas y transparentes; y existe un nivel de respaldo público suficiente a la gestión del sistema fiscal que realiza el gobierno… La fiscalidad está inextricablemente unida a la naturaleza del Estado del bienestar, cuya configuración es un proceso fundamentalmente político. (OCDE. “Política fiscal y desarrollo en América Latina: en busca del vínculo”).

• La política fiscal no es una amenaza para el desarrollo; por el contrario, es un instrumento para el progreso económico, político y social de una nación. Los sistemas tributarios proporcionan los recursos necesarios para llevar a cabo inversiones e innovaciones de largo aliento en procura del crecimiento. Es a través de los tributos y el gasto público que el Estado puede vencer la pobreza, la desigualdad y los flagelos más apremiantes que afectan al país.

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• Tampoco es económicamente cierto que los impuestos siempre impactan, negativamente, el dinamismo de la economía. Si los impuestos se captan entre las capas de la población que destinan los superávits a la acumulación o a inversiones en el extranjero; y, el gobierno, en cambio, destina los recursos captados al gasto interno, los impactos sobre el dinamismo de la economía son positivos. Una política fiscal bien calibrada implica que las inversiones públicas, en sentido amplio, tienen una rentabilidad social mayor que cualquier otra opción posible.

• Lo anterior, a manera de ejemplo, ya que existen una gran cantidad de situaciones en las cuales la captación de impuestos y el gasto público no genera pérdida de dinamismo de la economía, sino todo lo contrario.

Nivel de impuestos en Costa Rica comparado con los países de la OCDE

• Señalan algunos grupos empresariales que en Costa Rica existe una alta voracidad fiscal y que el nivel tributario es muy elevado. Al respecto, es importante comparar la carga tributaria de Costa Rica con algunos países de la OCDE, que es el parámetro de rigor, dado que Costa Rica se adhirió a ese bloque de países con el afán (se nos dijo), de adoptar las mejores prácticas en diversos aspectos de la política pública, a fin de procurar el mejor nivel de vida posible para todas las personas que habitamos este país.

• En el Cuadro No. 1 se presenta la comparación de la carga tributaria de Costa Rica con algunos países de la OCDE, apreciándose la captación de ingresos tributarios en relación al Producto Interno Bruto (PIB). Si bien es una medida relativa importante, hay que recalcar que, dados los altos niveles de PIB per cápita de la mayoría de los países de la OCDE, las captaciones por persona en términos absolutos pueden tornarse significativamente mucho más elevadas con relación a Costa Rica.

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• La media de impuestos totales como porcentaje del PIB de Costa Rica asciende a 22,7%, que es casi la mitad de la cifra de la Unión Europea (UE) que es de 41,3% del PIB; y, a su vez, la media de la carga tributaria de Costa Rica es menor en 10,9 puntos porcentuales a la tasa media de la OCDE (33,6). Hay que señalar que las cifras anteriormente comentadas corresponden al año 2020, pero que las cargas tributarias de la OCDE y la UE, al 2023, pueden ser mayores pues muchos de esos países ajustaron los sistemas tributarios hacia el alza para enfrentar las consecuencias de la pandemia del Covid- 19; especialmente con tributos progresivos y sin dejar de mencionar otras iniciativas nacidas en el seno de los países del G20, y validadas por la OCDE, para imponer una fiscalidad rigurosa a las empresas transnacionales.

Cuadro N°.1

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• No obstante, el sistema impositivo debe tener la característica de aportar los ingresos fiscales necesarios para financiar el gasto público y, a la vez, ayudar a reducir las desigualdades en la distribución del ingreso. Los sistemas tributarios progresivos deben estar basados en que quien más gana, más aporta; no solo en términos absolutos, sino de manera proporcional. No obstante, la estructura fiscal que tenemos en Costa Rica es percibida como regresiva, y basada, especialmente; es gravar el gasto y las rentas de las personas físicas y las pymes, con muchas exoneraciones y portillos para la elusión de las grandes empresas; eso genera resentimiento social que debilita la democracia al percibirse el sistema como injusto.

• Las cifras comparativas publicadas por la OCDE muestran que Costa Rica es el país con la inequidad de ingresos más alta de los pertenecientes a esa organización, como se puede apreciar en el Cuadro Nº. 2. El crecimiento constante del Índice de Gini que ha experimentado Costa Rica, muestra que los ingresos de una persona ya adinerada, crecen más rápidamente (proporcionalmente más) que lo que aumentan los de alguien que se ubica en los estratos más bajos de ingresos. O, que el ingreso de los estratos con menores remuneraciones no crece, mientras que los ingresos de estratos altos sí evolucionan. Los impuestos deben jugar un rol fundamental en mejorar la distribución de los ingresos.

Cuadro N°. 2

Coeficiente de Gini. Inequidad de Ingresos

(0 = completa equidad, 1 = completa inequidad; cifras del 2021 o la última disponible)

Fuente: OCDE. https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.

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• Muchos países europeos tienen niveles altos de desigualdad medida antes de impuestos, pero una vez que se aplica la política fiscal progresiva, quienes más ingresos perciben pagan proporcionalmente más que los estratos de menores ingresos, por lo que los impuestos reducen significativamente el coeficiente de Gini, o sea la inequidad de ingresos.

• En el caso de Costa Rica, el Coeficiente de Gini antes de impuestos es 0,55 y después de estos se reduce a 0,49; apenas se reduce 0,06 y queda en un nivel que muestra una muy alta inequidad distributiva del ingreso, o sea, el sistema tributario y de transferencias no logra corregirla; como sí ocurre en la gran mayoría de los países de la OCDE, de la cual Costa Rica es parte y aspira a parecerse. La cifra para la OCDE del Coeficiente de Gini, antes de impuestos es 0,47 pero la política fiscal lo reduce a 0,30, lo que demuestra que ejerce una fuerte función redistributiva.

• Más aún, en el Gráfico No.1, se muestra la tasa real (efectiva) de tributación sobre la renta que pagan los individuos del 10 % (decil) más rico de la población en diversos países. Se puede notar que en Costa Rica la tasa real efectiva llega al 5% de los ingresos, lo que contrasta con cifras significativamente mayores de naciones europeas o México, que más que duplican la recaudación de Costa Rica.

• Estas cifras revelan la necesidad de contar con análisis más profundos de la recaudación tributaria, por ejemplo: contar con indicadores de la recaudación de tributos de renta por percentiles de ingresos, separando personas físicas de las jurídicas y los regímenes especiales; ello permitiría apreciar con mayor precisión la progresividad o regresividad del impuesto de la renta. Otro tanto podría hacerse con los demás impuestos.

4 Roy Rivera y Carlos Sojo. Cultura tributaria. Capítulo 7. “En general, la cultura tributaria de los costarricenses partes del reconocimiento de que hay injusticia en la contribución y en el cobro; se cree que los ricos pagan poco y los pobres mucho”

5 El FMI podría ayudar en esta tarea que es de urgencia para transparentar la tributación nacional.

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Gráfico N°. 1

Tasa Efectiva del Impuesto de Renta de las Personas Físicas del Decil más alto. (porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, 2014; EUROMOD statistics on Distribution and Decomposition of Disposable Income, 2015 [en línea] https://www.euromod.ac.uk/using-euromod/statistics; y datos de la CEPAL.

Otros temas que no se pueden seguir invisibilizando en las evaluaciones del FMI a Costa Rica

• Urge corregir el mal funcionamiento de algunos mercados que operan de manera deficiente y que son extractores de rentas oligopólicas y de “poder de mercado”. Es urgente implementar medidas correctivas, pues estos convierten a Costa Rica en un país muy caro para vivir, concentran el ingreso, deprimen los mercados y frenan el crecimiento económico. Algunos casos, como el mercado de los alimentos y los bienes de cuidado personal pasan por un gran retail, que impone márgenes abusivos y distorsiona todo el sistema de precios para los demás participantes. Los mercados de insumos agrícolas, medicamentos, insumos de la construcción, en análisis comparados otros países, muestran que los precios en Costa Rica son sensiblemente más altos. Hay una autoridad que vela por la competencia, pero sin recursos y sin personal, es muy poco lo que puede hacer.

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• El caso del oligopólico e ineficiente mercado financiero hace que los y las costarricenses y el Estado, paguen tasas de interés promedio y comisiones muy por encima de países con un nivel de desarrollo semejante, consecuencia de un mercado financiero altamente oligopólico y colusionado, el cual tiene demasiados mecanismos comunicantes, expresamente ideados para coordinar acciones y estrategias que han imperado libremente, pero que eliminan tácitamente la competencia. Sólo veamos unos ejemplos de los mecanismos de articulación: Asociación Bancaria Costarricense (ABC), Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines, Cámara de Emisores de Títulos Valores, Cámara de Fondos de Inversión, Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, entre otras.

• Lo que existe en el país son apenas un grupo de 11 bancos comerciales, 5 entidades financieras y con 16 puestos de bolsa, pero donde los mismos grupos financieros ostentan la propiedad de bancos, puestos de bolsa, empresas financieras, operadoras de pensiones, sociedades de fondos de inversión, siendo la competencia casi nula y las puertas giratorias en los entes regulatorios es la norma.

• Costa Rica tiene total apertura en el mercado de capitales. Difícilmente se encuentra un país en América Latina con más libertad en el mercado de capitales que Costa Rica. La ley de un solo precio debería operar, con los ajustes necesarios por riesgo país y cambiario, pero las tasas son de lejos de las más altas de la OCDE.

• La eficiencia del mercado financiero es clave para la reactivación económica y el buen funcionamiento de la economía, en general. De no serlo, produce costos excesivamente altos para todos los agentes sociales que se ven compelidos a pagar macroprecios injustamente altos (tasa de interés, márgenes de intermediación financiera y cambiarios y comisiones por servicios), en comparación con países semejantes al nuestro. Al respecto, hay muchos señalamientos de la OCDE.

6 “Grandes       cadenas de           supermercados         en           Costa       Rica: Efectos de su concentración sobre la producción

agropecuaria y la nutrición”. https://www.fao.org/3/cb4509es/cb4509es.pdf

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• Con una deuda del Gobierno Central del 63,8% del PIB, de la cual, aproximadamente el 74,5

% del PIB es deuda interna, si los sobrepagos de intereses alcanzaran los 3 puntos porcentuales, el Estado estaría pagando, de más, hasta 1,5% del PIB anualmente. Más aun, Costa Rica depende, en gran medida, de los inversionistas locales para colocar su deuda pública, lo cual ejerce una presión al alza sobre las tasas de interés, pues como ya se dijo el mercado financiero nacional opera altamente colusionado, lo que le ha permitido que este sector extraiga enormes rentas oligopólicas al Estado, a través de la deuda pública, y a las familias y las empresas, especialmente las pymes.

• Son los intereses de la deuda y el crecimiento de estos los grandes disparadores del gasto del gobierno actualmente, pues pasaron de representar 3.4% PIB en el 2018 a 4.7% del PIB en el 2022 y continúan en ascenso. En el Cuadro Nº. 2, en la última columna, se presenta la variación acumulada, en términos reales, de los principales componentes de las finanzas del Gobierno Central para el quinquenio 2018-2022. Los ingresos muestran un crecimiento real del 29,8%, los gastos totales apenas crecen el 5,9% y dentro de éstos, las remuneraciones y las transferencias corrientes caen en 3,9 % y 7,4%, respectivamente. No obstante, el rubro de intereses de la deuda crece a una tasa real del 45.7% (todo deflatado con el acumulado del IPC), la cual se explica, en su mayoría, por la voracidad de un sistema financiero que cuenta con los mecanismos para abusar de la mala situación fiscal del Estado y con la ayuda de la legislación que limita la gestión de la deuda del gobierno al mercado local, a o buscar 2/3 de los votos de la Asamblea Legislativa, lo cual es difícil de lograr. Es lamentable que, mientras los ciudadanos hacemos sacrificios tributarios fuertes y se recortan los programas sociales, existan actores económicos que despojan a la sociedad de los escasos recursos disponibles en los momentos de crisis económica, cuando todos deberíamos ser solidarios.

• Llama la atención que en el “CP 19- Boletín: Cifras fiscales a febrero 2023” que publica el Ministerio de Hacienda, las tasas a que está colocando deuda del gobierno en moneda nacional, en los dos primeros meses del 2023, ronda el 10% para todos los plazos, el 7% en moneda extranjera. Así, es fácil proyectar que las erogaciones de intereses seguirán al alza deteriorando las finanzas del Estado, en momentos que se requiere reforzar los programas sociales dadas las cifras de pobreza, las cuales se ubican en el 23% para la pobreza y 6,4% para la pobreza extrema. Y que como se ya se dijo, los incrementos en las tasas de interés, compensado a través de recortes cuantiosos de recursos a los programas sociales, aumento en los impuestos regresivos y la precarización de los salarios de los empleados públicos.

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Cuadro Nº. 2

Gobierno Central: ingresos, gastos y financiamiento, base devengado
Cifras en millones de colones
	2018	2019	2020	2021	2022
A- Ingresos totales	4.956.655,30	5.356.148,41	4.776.052,55	6.326.210,81	7.341.174,73
B- Gastos totales	6.995.166,90	7.880.403,58	7.682.246,38	8.335.028,08	8.457.926,21
Gastos corrientes totales	6.514.974,40	7.129.672,01	7.237.369,48	7.736.512,80	7.846.901,20
Remuneraciones	2.394.708,50	2.476.572,69	2.481.105,46	2.623.920,10	2.626.775,92
Gasto en bienes y servicios	224.112,20	232.410,86	241.730,69	341.810,72	356.198,73
Transferencias corrientes	2.667.443,30	2.903.434,61	2.833.224,91	2.869.562,12	2.819.783,19
Servicio de intereses	1.228.710,40	1.517.253,86	1.681.308,42	1.901.219,85	2.044.143,37
Gastos de capital totales	479.519,40	718.825,01	444.014,72	594.010,10	605.647,73
Resultado primario	-809.801,20	-1.007.001,31	-1.224.885,41	-107.597,41	927.391,89
		Tasa de Variación				Var. Acumulada	Variación Real 1/
		2019	2020	2021	2022	2018-2022	2018-2022
A- Ingresos totales		8,1	-10,8	32,5	16,0	48,1	29,8
B- Gastos totales		12,7	-2,5	8,5	1,5	20,9	5,9
Gastos corrientes totales		9,4	1,5	6,9	1,4	20,4	5,5
Remuneraciones		3,4	0,2	5,8	0,1	9,7	-3,9
Transferencias corrientes		8,8	-2,4	1,3	-1,7	5,7	-7,4
Servicio de intereses		23,5	10,8	13,1	7,5	66,4	45,7
Gastos de capital totales		49,9	-38,2	33,8	2,0	26,3	10,7
1/ Deflatado con el IPC
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Hcaienda

• El fortalecimiento de las finanzas públicas en procura del incremento de los ingresos y control de los gastos en sobrepagos al servicio de la deuda, es la ruta para reducir la relación de la deuda del Gobierno Central respecto al PIB, y en consecuencia quitarle presión al aumento en la tasa de interés para propiciar un mayor crecimiento económico, menor desempleo, una mejora en la distribución del ingreso y una reducción de la pobreza en el mediano y largo plazo. Pero también, se requieren de ampliar las opciones de financiamiento para darle mayores grados de libertad a la estrategia de manejo de deuda y, a la vez, avanzar con medidas y proyectos cierren los portillos a la elusión y mejorar la gestión tributaria y aduanera.

7  https://www.hacienda.go.cr/docs/CP19-2023.pdf

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• Esto hace que mejorar la gestión de la deuda, una recomendación de larga data de la OCDE, sea una prioridad fundamental para reducir los riesgos y contener el costo de los intereses de la deuda del Gobierno Central. El Gobierno depende, en gran medida de los inversionistas locales, lo que convierte a Costa Rica en una de las economías emergentes con la menor proporción de inversionistas extranjeros en papeles de deuda interna.

• La enorme colusión oligopólica del sistema financiera, se refleja en que los mecanismos de transmisión de la política monetaria son lentos e inciertos. En el pasado se ha evidenciado que reducciones en los encajes mínimos, tasas de interés de referencia, o la mayor liquidez puesta disposición por el Banco Central, prácticamente no producen efecto en las tasas de interés activas.

• En la formación de los precios en el mercado agrícola, según estudios de la Universidad de Costa Rica (UCR), en algunos bienes el productor obtiene una quinta parte o menos del precio final que paga el consumidor, quedando la mayor parte de los recursos generados en manos de agentes con poder de mercado. Mientras los productores agrícolas reciben precios ruinosos, los consumidores han de pagar precios abusivamente altos.

• El sistema de Compras del Estado, con 330 proveedurías, tiene enormes fallos que permiten a las empresas obtener sobreprecios importantes. El total de adquisiciones del Estado alcanza un poco más del 15% del PIB anualmente, y se han estimado sobreprecios que pueden rondar entre el 20 % y el 30 %, lo que permite visualizar un espacio para lograr significativos ahorros. Hoy en día existen los mecanismos para que, por medio de la facturación digital y técnicas de Big Data, se puedan construir índices comparativos de vigilancia y evitar estos abusos.

• Fortalecimiento de la Comisión de Promoción de la Competencia. Con el fin de corregir las ineficiencias en los mercados, es necesario realizar estudios de mercado en varios de ellos, pero años tras años son eludidos por los entes encargados y Comisión para la Promoción de la Competencia solo recibe un tercio de los recursos que establece la Ley Nº 9736, en su Artículo 17, por lo que su accionar es poco significativo. Estudios de mercado urgentes, al menos, deben llevarse a cabo en las siguientes áreas:

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1. Mercado financiero.
   1. Mercado de insumos agrícolas.
   1. Mercado de insumos de la construcción.
   1. Mercado de abarrotes y ventas al detalle.
   1. Mercado de la obra pública.
   1. Sistema de transporte público.
   1. Mercado de la educación privada.
   1. Mercado de Medicamentos.
   1. Formación de precios de los productos agrícolas.

• Todos los aspectos señalados anteriormente, creemos deben ser abordados en las evaluaciones y planes de trabajos del FMI con las autoridades nacionales, con el fin de salir de la crisis, con una economía dinámica y con mejores perspectivas, no solo económicas, sino sociales, que nos permitan hacer el ajuste en democracia y paz social, que nos caracterizan como nación.

• Esperamos que el FMI valore estos elementos y los tome en cuenta al momento de dialogar con las autoridades, los cuales de ninguna manera tienen que ver con posiciones ideológicas (que no deben ser descalificadas), sino que están en la línea de la ciencia y la técnica.

• En línea con ese espíritu, quisiéramos señalar algunos principios que creemos debe contener el ajuste macroeconómico y social, que ha de realizar Costa Rica:

1. Aunque nunca hemos estado de acuerdo con las políticas histórico-tradicionales del intervencionismo FMI, cualquier tipo de ajuste debe ser socio-económico y no financiero- contable.
   1. Las medidas de ajuste en Costa Rica no pueden seguir dinamitando la paz social: debe tener viabilidad social. El deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores no se condice con la creación de riqueza que genera el país.
   1. Debe estar en línea de corregir la pavorosa concentración del ingreso, es vergonzoso que los economistas que evalúan aspectos macroeconómicos miren para otro lado ante la contundencia de las evidencias que constatan la magnitud de tal concentración.

8 Ibid.

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• Debe reactivar la economía y, al respecto, hay que señalar que la demanda interna representa el 70% del PIB, el trillado discurso de que el desarrollo es, básicamente, a través de atracción de inversión extranjera, apertura comercial y zonas francas ya se agotó; y, urge volver la mirada a la economía interna, donde está el potencial de crecimiento.
  • Rotundo rechazo a la idea de vender empresas públicas estratégicas, las cuales le han permitido al país contar con altos estándares de calidad de vida y, solidaridad y universalidad de los servicios. La abrumadora mayoría de la población ha sido contundente al respecto en varias circunstancias sociohistóricas en cuanto a adversar las tesis de privatización por cualesquiera formas.
  • Interiorizar que las crisis recientes y la actual, cambiaron totalmente los estándares macroeconómicos que hace 4 años eran los normales.

• El modelo económico vigente desde hace 35 años ha conducido al país a un débil crecimiento del PIB, con una alta concentración del ingreso (coeficiente de GINI), una pobreza endémica del 1/4 de la población, niveles de desempleo altos y un déficit fiscal elevado.

• Costa Rica esta urgida de una revisión exhaustiva de las estructuras de los mercados pues se perciben fallas urgentes de corregir y que se han hecho crónicas, las cuales permiten la existencia de muchos oligopolios y actores privados con poder de mercados, que extraen rentas y encarecen fuertemente el costo de la vida de la población.

Con toda consideración,

ALBINO VARGAS BARRANTES (FIRMA)

Firmado digitalmente por ALBINO VARGAS BARRANTES (FIRMA) Fecha: 2023.04.21

09:15:43 -06’00’

Albino Vargas Barrantes Secretario General

II PARTE

DICTAMEN LEGAL SOBRE EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EN COSTA RICA

EN DETRIMENTO DE UN ENFOQUE PRIORITARIO EN DERECHOS HUMANOS

I.- POSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CON RESPECTO A LA GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EN COSTA RICA (A PROPÓSITO DE LA REUNIÓN CON EL FMI DE ABRIL DEL 2023).

• El presente dictamen pretende plantear una posición sobre la relación que se estima, debería tener el Gobierno con el presente organismo, en el manejo de la Deuda Pública (interna y externa), así como del gasto dedicado al pago del servicio de deuda (amortización del principal e intereses) al momento, de forma tal que no signifique un sacrificio en el disfrute de los derechos humanos de las personas trabajadoras del sector público y del privado, así como del país, en general.

• De esta forma, este dictamen no pretende convertirse en un documento técnico de análisis económico o financiero; sino, más bien, en una posición de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que, a su vez, permita definir una posición política al Estado costarricense, concordante con los compromisos internacionales, libremente adquiridos por éste, con el Sistema Universal de Derechos Humanos.

• Precisamente, este análisis descansa en los estándares internacionales y principios sobre el impacto de las reformas de políticas económicas1emitidas por el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre los Efectos de la Deuda Externa.2 Estos lineamientos deben ser de recatada observación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los Estados, y sobre la base de los mismos se fundamenta este documento.

• Retomamos las palabras del Presidente de la República cuando fungía como Ministro de Hacienda y mostró preocupación del déficit fiscal, según su mismo dicho, debido a que, entre evasión y elusión fiscal, existía cerca de un 8% del PIB y que correspondía atacar ese problema estructural desde la raíz.

1  https://www.ohchr.org/en/special-procedures/ie-foreign-debt/international-standards#guiding

2  https://www.ohchr.org/en/special-procedures/ie-foreign-debt

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• Nos llama la atención, y nos preocupa, que ya como Presidente de la República retome la receta fácil y poco creativa de recortar gasto público (que en realidad es inversión social pública), en lugar de atender los problemas estructurales que son las causas y no las consecuencias.

• En ese contexto, desde la ANEP anticipamos nuestra posición de responsabilidad social teniendo en cuenta que la deuda pública del país debe ser desagregada y priorizada en cuanto a su nivel de cumplimiento tomando como base de criterio el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH). Esto nos lleva a plantear, por ejemplo, que la deuda que tiene el gobierno central con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), debe ser un tema prioritario para que la seguridad social del país sea robusta y de calidad y no como se pretende, que sea desmantelada y debilitada para tercerizar sus servicios mediante la privatización, alegando narrativas de insolvencia institucional, cuando el mismo gobierno reconoce que hay un adeudo fundamental con la CCSS. Solo ese ejercicio permite preguntarse, desde un EBDH, qué es prioritario: ¿pagar intereses de deuda externa o cumplir con la obligación de que el gobierno central pague su deuda con la Caja? Esta es una pregunta que consideramos debe plantearse en cualquier proceso de conversación-negociaciones con cualquier misión del FMI, y así de seguido. Por tanto, es deber cardinal tomar como parámetros los siguientes rubros:

1. DEUDA INTERNA

• La deuda interna es aquella que un país adquiere con sus propios ciudadanos e instituciones, a diferencia de la deuda externa que se contrae con entidades financieras o gobiernos de otros países. La deuda interna puede ser adquirida tanto por el gobierno central como por otras entidades públicas y privadas.

• La deuda interna del Gobierno Central es la más significativa de todas las categorías de deuda interna en Costa Rica. Esta deuda se genera, principalmente, a través de la emisión de títulos valores como bonos, letras del Tesoro y otros instrumentos de deuda. Los recursos obtenidos se destinan a financiar proyectos de inversión pública, gastos corrientes y otras necesidades del Estado.

• La deuda interna de los bancos públicos, por su parte, se adquiere para financiar sus operaciones y proyectos. Estos bancos son propiedad del Estado y tienen un papel importante en la economía del país, ya que otorgan préstamos a sectores como la vivienda, la agricultura y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

• La deuda interna del sector público no financiero se genera, principalmente, por instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS). Estas instituciones son autónomas y tienen como función principal brindar servicios de salud y seguros a las ciudadanas y a los ciudadanos costarricenses.

• Por último, la deuda interna del sector financiero no bancario se adquiere por instituciones financieras que no son bancos, como cooperativas y asociaciones solidaristas. Estas instituciones también juegan un papel importante en la economía del país, ya que brindan servicios financieros a sectores que no tienen acceso a los servicios bancarios tradicionales.

• Es importante destacar que la deuda interna debe manejarse de manera responsable y sostenible para evitar problemas financieros en el futuro. Por esta razón, es fundamental que el gobierno y otras entidades manejen su deuda de manera prudente y planificada pero, sobre todo, de forma priorizada en cuanto a su mayor impacto positivo en los sectores más vulnerables de la población.

• DEUDA EXTERNA

• En Costa Rica, según documento gubernamental fechado febrero 2023, emitido de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Situación actual de la deuda pública del Gobierno Central; la deuda externa, en colones, ascendía a 7 billones 209 mil millones 746 mil 450 (7.209.746.45); unos 13.5 millones de dólares. Falta la puntualización, en específico, del estado actual de la deuda externa adquirida por el Banco Central de Costa Rica; así como la deuda externa del sector privado.

• Para pagar la deuda interna de Costa Rica, desde un enfoque de derechos humanos, se deben tomar en cuenta varias recomendaciones prioritarias, entre las cuales destacan las siguientes:

1. Garantizar el acceso a los derechos económicos y sociales: El gobierno debe asegurar que las personas tengan acceso a sus derechos económicos y sociales, como el derecho a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda. Para ello, se deben invertir recursos en programas y proyectos que fomenten el acceso a estos derechos, no reducirlos como recorte del gasto público automático.

• Reducir la desigualdad económica: La desigualdad económica es un obstáculo para el desarrollo sostenible y la realización de los derechos humanos. Por ello, es necesario que el gobierno tome medidas para reducir la brecha entre ricos y pobres, con la implementación de políticas fiscales progresivas y programas sociales que ayuden a las personas en situación de pobreza.
  • Promover el desarrollo económico sostenible: El gobierno debe fomentar el crecimiento económico sostenible y equitativo, que respete los derechos humanos y proteja el medio ambiente. Para ello, se deben impulsar políticas públicas que incentiven la inversión en sectores productivos que generen empleo y riqueza para el país.
  • Mejorar la recaudación fiscal: El gobierno debe buscar alternativas para mejorar la recaudación fiscal, como la eliminación de exenciones tributarias y la lucha contra la evasión fiscal. De esta forma, se pueden generar más recursos para el pago de la deuda interna y para la inversión en políticas públicas que fomenten el desarrollo sostenible y la realización de los derechos humanos.
  • Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas: El gobierno debe ser transparente en el manejo de los recursos públicos y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso de los mismos. De esta forma, se fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones y se promueve la responsabilidad y la transparencia en la gestión pública.

• Ahora bien, para determinar prioridades en el pago de la DEUDA EXTERNA en Costa Rica con EBDH, se deben considerar las siguientes recomendaciones que, coinciden en parte con las de la deuda interna, pero con matices para mejorar la renegociación de la deuda externa, a saber:

1. Garantizar la protección de los derechos humanos: El pago de la deuda externa no debe poner en riesgo la protección de los derechos humanos en Costa Rica. El gobierno debe tomar medidas para garantizar que el pago de la deuda externa no tenga un impacto negativo en los derechos humanos, especialmente en aquellos derechos relacionados con la salud, la educación y la alimentación.
   1. Asegurar la transparencia y la participación ciudadana: El gobierno debe ser transparente en la gestión de la deuda externa y asegurar que la ciudadanía tenga acceso a información clara y detallada sobre la deuda y sus implicaciones. Además, es importante fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la deuda externa.

• Negociar acuerdos justos y sostenibles: Es importante que el gobierno negocie acuerdos de deuda externa justos y sostenibles con los acreedores, que tengan en cuenta los intereses de la población y respeten los derechos humanos. Esto implica negociar plazos adecuados para el pago de la deuda, tasas de interés justas y la implementación de políticas públicas que fomenten el crecimiento económico sostenible y equitativo.
  • Priorizar la inversión en políticas públicas: El gobierno debe priorizar la inversión en políticas públicas que fomenten el desarrollo sostenible y la realización de los derechos humanos. Esto implica invertir en sectores como la educación, la salud, la vivienda y el empleo, que son fundamentales para el bienestar de la población.
  • Combatir la evasión fiscal y la corrupción: Es fundamental que el gobierno tome medidas para combatir la evasión fiscal y la corrupción, ya que estas prácticas pueden afectar la capacidad del país para pagar la deuda externa y para invertir en políticas públicas que fomenten el desarrollo sostenible y la realización de los derechos humanos.

II.- BREVE RESEÑA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) [1].

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un organismo financiero internacional que aglutina a 190 países miembros, entre los que se encuentra Costa Rica. Es administrado por los países integrantes y debe rendir cuentas ante ellos de forma periódica. Su objetivo es respaldar políticas económicas que promuevan la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, que son esenciales para la productividad, la creación de puestos de trabajo y el bienestar económico de sus estados integrantes.

• El FMI tiene tres misiones críticas: promover la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico, y desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. A través de estos instrumentos económicos, pretende como fin último mejorar la vida de la población.

• En su discurso en el Palacio de las Naciones, el 13 de junio del 2019, la señora Christine Lagarde, en ese momento Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, dejó plasmada la nueva visión del Fondo Monetario que debería ser lineamiento de militancia institucional de ese órgano y de los Estados3. Al respecto, expresó y emitió las siguientes pautas que “humanizan” el enfoque economicista tradicional del Fondo:

“Por lo tanto, el gasto social es un concepto más amplio que el de la protección social ya que incluye el gasto en salud y educación, sumamente cruciales para los países en desarrollo y de bajo ingreso.

No cabe duda de que estos programas son fundamentales para promover el bienestar de los ciudadanos y la cohesión social. Las pensiones públicas pueden marcar toda la diferencia entre la pobreza y una vida digna para nuestros adultos mayores. La atención de la salud no solo salva vidas, las prolonga y mejora su calidad. La educación primaria y secundaria brinda a nuestros jóvenes la oportunidad de alcanzar su pleno potencial y contribuir a la sociedad.

(…)

La importancia de ofrecer seguridad financiera a los ciudadanos para mantener la paz y fomentar relaciones sociales armoniosas es una lección que se remonta a las civilizaciones antiguas.

(…)

También se ha observado que la inversión pública en salud y educación estimula la productividad y el crecimiento y reduce la desigualdad de ingresos y de oportunidades. Del mismo modo, los programas de gasto social que redistribuyen desde los grupos de ingresos más altos hacia los de ingresos más bajos pueden reducir la pobreza y la desigualdad.

(…)

Está claro entonces que el gasto social no es solo un gasto, sino más bien la más sabia de las inversiones en el bienestar de nuestras sociedades. Un mayor acceso a la educación y la salud genera un aumento de la productividad entre la población en general, permitiendo que todos los ciudadanos prosperen. Para cosechar los beneficios de una economía mundial más sólida mañana, debemos comenzar por fortalecer hoy los programas sociales.

3  https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/06/14/sp061419-md-social-spending .

(…)

También sería provechosa una colaboración más estrecha con otros interlocutores. La sociedad civil, los académicos, los centros de estudios y las organizaciones sindicales, todos ofrecen sus propios puntos de vista acerca del gasto social, y estas opiniones pueden enriquecer la visión del FMI, ayudarnos a resistir cualquier tentación a inclinarnos hacia una endogamia intelectual, y permitirnos apreciar mejor las circunstancias específicas de cada país.”

III.- CONTEXTO DEL PROBLEMA DE LA DEUDA PÚBLICA EN COSTA RICA.

• Para dimensionar el problema que significa la deuda en Costa Rica (interna y externa) y el impacto que significa el pago de servicio de esa deuda (amortización del principal más pago de intereses) en los servicios públicos; se tiene información obtenida de una reciente entrevista realizada al señor Ministro de Hacienda en el diario La República [2].

• Desde setiembre del año anterior, el señor Nogui Acosta indicaba que el frágil estado de las finanzas públicas y la necesidad de pagar elevados intereses y deuda, harán que la inversión en educación, salud, seguridad y el área social baje para el presente año, afectando los servicios que reciben las y los costarricenses.

• Agregó que la mitad del presupuesto del 2023 se destinará a pagar el servicio de la deuda y sus intereses, lo que equivale a ¢5,7 billones. En este caso, hay un aumento de un 15% en relación con el año en curso.

• Por otra parte, 17 instituciones tendrán una rebaja en su plan de gastos, incluido el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería y hasta el Ministerio de Cultura. Indicó además que esta situación se podría extender para otros años.

• El presupuesto de la mayoría de los ministerios baja para el 2023 en relación con el año en curso, mientras que el pago de la deuda y sus intereses es uno de los rubros que más aumenta para el presente año.

• Al respecto, no nos sorprende que siempre que se menciona recorte del gasto público, se recurre -sin la menor creatividad- a afectar los programas sociales que son los que más afectan a la población más marginada y necesitada de políticas de incentivación económica y laboral y reducción de la pobreza.

Se reproduce la tabla presentada en el reportaje del Periódico La República.net.

Título presupuestario	Presupuesto 2023	Variación
Total	12,2 billones	6,5
Servicio deuda pública	5,7 billones	14,9
MEP	2,5 billones	-1,6
Pensiones con cargo al presupuesto	1,1 billones	0,7
Ministerio de Trabajo	583	2,4
Poder Judicial	484	2,3
MOPT	415	1,2
Ministerio de Salud	314	-9,0
Seguridad pública	269	-0,4
Ministerio de Justicia	193	-3,1
Ministerio de Hacienda	155	54,5
TSE	57	-2,7

Ministerio de Ambiente	56	-1,5
Ministerio de Gobernación	53	2,9
Agricultura y ganadería	52	-2,7
Ministerio de Cultura	47	-2,0
Asamblea Legislativa	47	-0,1
Presidencia	40	-3,5
Cancillería	26	-1,7
Contraloría	20	-1,6
MEIC	15	-0,7
Planificación	13	-0,8
Ministerio de la Presidencia	12	7,6
Comex	8	-2,0
Ministerio de Ciencia y Tecnología	7,1	-2,3
Defensoría	5,8	-1,7
Vivienda	5,7	0,4

Nota: (cifras en miles de millones de colones, salvo total, servicio de la deuda, MEP y pensiones con cargo al presupuesto que se miden en billones de colones. La variación se debe leer en porcentaje para reflejar aumento o rebaja entre el 2022 y el 2023).

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Programas Sociales se vienen afectando por disminución de presupuestos y ajustes a la Regla Fiscal [3]

• En otro reportaje realizado por este mismo medio de comunicación especializado en temas económicos, se mencionaba que para el 2022 los programas sociales se verían afectados por la disminución de los presupuestos y por someterse estrictamente a la Regla Fiscal establecida en la Ley 9636 (Reforma Fiscal).

• De esta forma, se anunciaba que la aplicación de la regla fiscal para el 2022 provocaría que muchos de los programas sociales de las familias más vulnerables recibirían menos ingresos por parte del Gobierno.

Algunos de los principales afectados serían:

• Menos presupuesto para el Patronato Nacional de la Infancia que afectará la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y a los centros de cuido (Cidais).
  • Fondos del programa Avancemos.
  • Pensiones del Régimen No contributivo de la Caja.

En el país, existen más de 40 programas sociales enfocados a las poblaciones más vulnerables, sin embargo, los niveles de pobreza no disminuyen.

Posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) [4]

• La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP), ha sido categórica en señalar que el país no puede seguir soportando la carga financiera que representa el pago de intereses de la deuda pública en la forma lineal en que el gobierno lo propone, siempre sobre los hombros de las asalariadas y de los asalariados, así como de las personas más desposeídas; si por otro lado, no se muestran esfuerzos reales por reducir el gasto desde otras perspectivas como el combate a la evasión y elusión fiscal.

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• Los datos presentados por la ANEP (tomados de declaraciones del Ministro de Hacienda actual) señalan que durante los primeros dos meses del presente año 2023 (enero-febrero), el pago de intereses de la deuda pública demandó 465 mil 476 millones de colones (465.476.000.000); es decir, 7 mil 890 millones de colones por cada uno de los primeros 59 días del presente año.

• Por tanto, cada hora de estos dos meses, se estuvo erogando 328 mil 726 colones; y, por minuto, 5 millones 479 mil colones.

• De igual forma, la ANEP ha denunciado que el destino prioritario y excesivo a atender esta obligación financiera, significan desatender el retroceso que experimenta el país en integración social y en detener el crecimiento de la desigualdad que se ha vuelto sistemática.

• Llama la atención sobre la desinteresada actitud de los distintos grupos políticos en el poder, tanto en el Poder Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa, para entrarle de lleno a este problema, y para crear oportunidades para las clases sociales que están siendo más afectadas por la orientación de los dineros públicos hacia la atención de este problema.

IV.- SISTEMA DE NACIONES UNIDAS Y DEUDA PÚBLICA DE COSTA RICA.

• El Sistema de las Naciones Unidas siente una evidente preocupación porque los distintos países que lo integran puedan contar con financiamiento internacional para su desarrollo económico. De igual forma, se preocupa porque los países que son financiados, sean asesorados como medio para garantizar inversiones acertadas y economías sanas que redunden en poblaciones que puedan atender sus necesidades básicas y prioritarias.

• Adicional a lo anterior, el Sistema de Naciones Unidas es claro en su posición, de que el cumplimiento de compromisos ante los organismos internacionales, si bien deben honrarse, nunca debe ser a costa del sacrificio en el disfrute de los derechos humanos de las poblaciones, principalmente de los grupos sociales más vulnerables.

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Pronunciamiento del Experto Independiente sobre los Efectos de la Deuda Externa [5].

• Su verdadero nombre es más amplio, a saber: Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales.

Propósito del mandato

90-            Esta Relatoría tiene conciencia de que “La creciente carga de la deuda a que se enfrentan los países en desarrollo más endeudados es insostenible. Esta supone uno de los mayores obstáculos para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”.

• Asimismo, el Relator concluye de forma coincidente con lo que se menciona en Costa Rica, en el sentido de que “numerosos países en desarrollo, el excesivo coste del servicio de la deuda ha limitado sobremanera la capacidad de promover el desarrollo social y prestar los servicios básicos que crean las condiciones de realización de los derechos económicos, sociales y culturales”.

• Las tres asignaciones por parte del Consejo de Derechos Humanos para esta Relatoría, son directas respecto de la problemática que tiene el país, estableciendo que examinen:

• el problema de la carga de la deuda de los países en desarrollo, en particular de los países menos desarrollados,
  • la repercusión social de las medidas adoptadas a causa de la deuda externa,
  • las consecuencias de los flujos financieros ilícitos en el disfrute de los derechos humanos.

• Existe una evidente preocupación del Sistema de Naciones Unidas por los efectos que las deudas públicas (internas y externas) pueden ocasionar en el disfrute de los derechos humanos. Lo anterior se ve reflejado en la decisión del Consejo de Derechos Humanos de crear una Relatoría Independiente para que atienda este tema específico entre sus países miembros. Los objetivos del experto Independiente reflejan la preocupación de no afectar el disfrute de los derechos humanos, por un cumplimiento indiscriminado de acuerdos financieros, a los que incluso podrían estar denominando como “ilícitos”.

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V.- PRINCIPIOS RECTORES RELATIVOS A LAS EVALUACIONES DE LOS EFECTOS DE LAS REFORMAS ECONÓMICAS EN LOS DERECHOS HUMANOS (2018).

• El Consejo de Derechos Humanos, en sus resoluciones 34/03 y 37/11, solicitó al Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, Juan Pablo Bohoslavsky, que elaborara principios rectores para realizar evaluaciones del impacto de las políticas de reforma económica en los derechos humanos, en consulta con los Estados y todas las demás partes interesadas pertinentes, y que los presentó al Consejo en su 40º período de sesiones, llevadas a cabo del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019.

• Al revisar los citados Principios se denota que estos instrumentos son de plena aplicación a la realidad costarricense, ya que se denota que el manejo de la deuda pública en estos momentos se convierte en un obstáculo para el pleno disfrute de los derechos humanos de la población, y principalmente de los grupos sociales más vulnerables.

• A manera de ejemplo se cita lo indicado específicamente en el Principio número 2:

Principio 2 – Obligaciones de los Estados con respecto a las políticas económicas y los derechos humanos.

Los Estados están obligados a gestionar sus asuntos fiscales y adoptar políticas económicas para asegurarse de que respetan, protegen y hacen efectivos todos los derechos humanos. Las decisiones económicas adoptadas por los Estados, ya sea por sí solos o como miembros de instituciones financieras internacionales, deben cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en todo momento, incluso en tiempos de crisis económica.

• El experto Independiente es categórico en que el manejo de los asuntos fiscales, entiéndase por ejemplo el monto de los recursos asignados al pago del servicio de la deuda, no pueden ir en menoscabo del disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, y de los grupos vulnerables del país.

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• La exigencia por el cumplimiento de este principio podría reflejarse en los procesos de negociación de las y de los representantes del Estado de Costa Rica, con los organismos financieros internacionales.

Es interesante revisar los comentarios que realiza sobre este principio, el Relator Independiente:

2.5 Los compromisos de políticas de disciplina fiscal, ya estén establecidos en las constituciones nacionales o en acuerdos regionales o internacionales, no deben dar lugar al sacrificio de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Los Estados deberían realizar evaluaciones completas de los posibles efectos de las políticas de disciplina fiscal en diferentes contextos nacionales y subnacionales antes de contraer compromisos al respecto.

• A continuación, se analiza lo señalado en el Principio N°7, relativo a la posibilidad de que una medida fiscal, adoptada por un estado, sea discriminatoria.

Principio 7 – Igualdad y lucha contra la discriminación múltiple e interseccional.

Las políticas y medidas de reforma económica no deben ser discriminatorias y deben procurar lograr la igualdad y la no discriminación para todos. Con ese fin, debe evaluarse el efecto discriminatorio directo e indirecto de las políticas de reforma económica en las personas más desfavorecidas o marginadas, y deben evaluarse las medidas alternativas.

1. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP), ha venido denunciando que las políticas fiscales del Estado de Costa Rica, en los últimos años han sido discriminatorias, por cuanto se han enfocado en realizar Políticas Regresivas de Reducción de Salarios Públicos, a través de leyes regresivas como la Ley 9635/Ley de Reforma Fiscal, o Políticas Regresivas de Congelamiento Salarial (Ley 10195/Ley Marco de Empleo Público); en tanto, no se han tomado decisiones sobre Políticas para enfrentar la Evasión Fiscal, problema que representa más de un 8% del PIB en Costa Rica, a esos no se les enfrenta, a pesar del reconocimiento que a respecto a hecho el actual Presidente de la República.

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1. Aún es más clara la posición de la presente relatoría Independiente con lo mencionado en el Principio N°9:

Principio 9 – Realización progresiva y máximo de recursos disponibles.

En relación con los derechos económicos, sociales y culturales en particular, los Estados están obligados a hacer progresivamente efectivos esos derechos por todos los medios apropiados, lo cual requiere que los Estados:

1. Preparen y apliquen políticas fiscales, tributarias, de deuda, comerciales, de ayuda, monetarias y ambientales, junto con otras medidas, de modo que estén deliberadamente dirigidas a la realización de los derechos humanos;

• Demuestren que se ha hecho todo lo posible para movilizar todos los recursos disponibles, incluso en tiempos de crisis económica. En particular, los Estados deben generar, asignar adecuadamente y aprovechar al máximo los recursos disponibles para avanzar de la manera más rápida y eficaz posible hacia la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

1. Inicialmente se debe señalar que lo expresado en este Principio es concordante con lo establecido en el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el compromiso de vinculatoriedad de los estados partes, para cumplir la progresividad señalada en el Pacto.

Este principio de progresividad es de acatamiento en el país, en virtud de lo indicado en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es derecho interno costarricense de aplicación automática y autoejecutable por virtud de su ratificación por Ley No. 4534 de 23 de febrero de 1970.

1. De igual forma, este principio fue retomado por el principal tratado regional en materia de derechos económicos, sociales y culturales que es el del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) aprobado por Ley No. 7907 de 3 de septiembre de 1999.

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1. Adicional, en el ámbito del sistema de tratados de Naciones Unidas, dicho principio está contenido en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado como ley de la República por Ley No. 4229-A de 11 de diciembre de 1968.

1. Principio rector N°10 es muy categórico en señalar las condiciones en que se deben elaborar las políticas fiscales para la atención de la Deuda Pública, por lo que es conveniente analizar las aplicadas en la realidad costarricense, y principalmente los montos destinados al pago excesivo de los intereses de esa deuda.

Principio 10 – Prohibición de la regresión.

Toda propuesta de reforma económica que pueda dar lugar a una regresión inadmisible en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales se considera una violación prima facie de esos derechos. Las medidas que darían lugar a retrocesos en la realización de esos derechos solo son permisibles si los Estados pueden demostrar que esas medidas regresivas:

1. Son temporales, por naturaleza y efecto, y están limitadas a la duración de la crisis;
2. Son legítimas, con el fin último de proteger todos los derechos humanos;
3. Son razonables, en el sentido de que los medios elegidos son los más adecuados y capaces de alcanzar el objetivo legítimo;
4. Son necesarias, en el sentido de que la adopción de cualquier otra alternativa de política o la inacción serían más perjudiciales para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente si existen mecanismos alternativos de financiación menos perjudiciales;
5. Son proporcionales, en el sentido de que las medidas elegidas no restringen indebidamente los derechos humanos y sus costos no superan sus beneficios;
6. Son no discriminatorias y pueden prevenir o mitigar las desigualdades que puedan surgir en tiempos de crisis y aseguran que los derechos de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados no resulten afectados de manera desproporcionada;
7. Protegen el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales en todo momento;

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• Se basan en la transparencia y la participación genuina de los grupos afectados en el examen de las medidas y las alternativas propuestas;
• Están sujetas a procedimientos significativos de examen y rendición de cuentas, incluidas las evaluaciones de los efectos en los derechos humanos.

1. Se procede a realizar un análisis minucioso del presente principio, tanto de su párrafo introductorio como de sus incisos.

1. Respecto de la introducción del Principio, se estima que las políticas fiscales para atender la deuda pública (y su pago de intereses), son violaciones primas facie de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Ello debido a lo siguiente:

1. Las medidas que ha adoptado el Estado de Costa Rica no son temporales, sino que han sido promulgación de leyes regresivas permanentes.
2. No se consideran legítimas por cuanto no promueven el disfrute de los Derechos Humanos, sino más bien los menoscaban.
3. Respecto de los incisos c) y d), no se consideran razonables ni necesarias, por cuanto existen alternativas para lograr afrontar la crisis y los compromisos financieros con organismos internacionales, que son más legales y que afectarían menos a la mayor población, como el ejemplo de políticas para enfrentar la evasión fiscal (la cual ha sido reconocida por el actual Presidente de la República cuando era Ministerio de Hacienda en el Gobierno anterior).
4. Ídem anterior.
5. No se estiman proporcionales, porque si generan una afectación directa en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas y de los grupos sociales más vulnerables (véase lo señalado en el apartado tercero de este documento, denominado “III.- Contexto del Problema de la Deuda en Costa Rica”, respecto de la disminución del presupuesto a programas sociales en Costa Rica para el último año.).
6. Como se sugirió al comentar el “Principio rector N°7”, se demostró que estas políticas de atención al servicio de la deuda pública se pueden encasillar como discriminatorias, porque “cargan su mayor peso” a los grupos sociales más vulnerables (empleadas y empleados públicos) antes que a los sectores más poderosos (empresarios evasores de impuestos).

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• No protegen el contenido mínimo de los derechos económicos, porque disminuyen y congelan los salarios públicos.
• Estas medidas de política fiscal no permiten una participación transparente y genuina, sino que excluyen a los grupos afectados, y cuando lo hacen, es a través de procesos impositivos y poco democráticos. La prueba fehaciente es el rechazo reciente de la ANEP y de muchos otros grupos de la sociedad civil a una supuesta invitación para “revisar” la Ley 10195 Ley Marco de Empleo Público, donde el margen de decisión conjunta era evidentemente restringido y simulado.
• No existen procedimientos de evaluación del impacto de los derechos humanos. Los exámenes consisten en mencionar cuánto se ha reducido el gasto del gobierno en el rubro de salarios públicos, sin analizar el impacto en el aumento de la pobreza, o en efectos colaterales como la fuga de talentos en el sector público, el desmejoramiento del servicio público, o inclusive en el aumento de la delincuencia.

1. Es pertinente comentar lo señalado en el Principio rector N°11, pero principalmente en los comentarios que al respecto realiza el Relator Independiente:

“Principio 11 – Coherencia de las políticas.

Los Estados deberían velar por que los departamentos, los organismos y otras instituciones públicas que participen en las políticas de reforma económica y/o las elaboren tengan en cuenta las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en el desempeño de sus mandatos respectivos, y por qué se garantice la coherencia de las políticas en las reformas económicas a corto, mediano y largo plazo, a fin de proteger todos los derechos humanos.

En particular:

(…)

e) Las políticas de deuda deberían ser coherentes con los objetivos generales relacionados con

el desarrollo económico sostenible y la realización de los derechos humanos; “

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Al respecto es categórico lo que comenta el relator Independiente sobre este Principio, a saber:

(…)

“11.5 Las medidas de reforma fiscal incluyen, por ejemplo, gravar más fuertemente las categorías de ingresos más altos y la riqueza; gravar determinadas transacciones financieras; apuntalar la base impositiva; y mejorar la recaudación de impuestos, la eficiencia de la administración fiscal y la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. La regulación internacional, binacional o regional es fundamental para la eficiencia en la lucha contra la evasión, la elusión, el fraude fiscal y las corrientes financieras ilícitas. Todos los Estados deberían apoyar las normas y los acuerdos mundiales para prevenir la elusión y la evasión fiscal internacional. (…) .” (lo subrayado no es del original).

1. Se adiciona lo expresado por el Principio rector N°12, por tener una estrecha relación con la coyuntura actual de pago de deuda pública e intereses en Costa Rica.

“Principio 12 – Sostenibilidad de la deuda, alivio de la deuda y reestructuración.

Los análisis independientes de la sostenibilidad de la deuda deberían incorporar evaluaciones de los efectos en los derechos humanos. Las conclusiones de las evaluaciones de los efectos en los derechos humanos se deberían utilizar para fundamentar las estrategias de la deuda, los programas de alivio de la deuda y las negociaciones de reestructuración, y pueden dar lugar a estas últimas cuando se detecten efectos adversos reales o potenciales. Las auditorías de la deuda pueden aportar información valiosa para llevar a cabo esas evaluaciones.”

1. Es importante anotar los comentarios que respecto de este Principio rector y específicamente

sobre la “sostenibilidad de la deuda”, realiza el Experto Independiente:

“12.1 Los programas de ajuste estructural a menudo están únicamente orientados hacia objetivos fiscales a corto plazo para recuperar la sostenibilidad de la deuda. El análisis de la sostenibilidad de la deuda se sigue basando en una comprensión limitada de la sostenibilidad, centrada principalmente en la capacidad de un país para reembolsar su deuda pública sin tener que recurrir a una financiación excepcional o grandes ajustes de políticas.

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1. El resultado es que a veces se puede considerar que la deuda pública es “sostenible” aunque su servicio implique el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos porque los recursos necesarios para el servicio de su deuda lo privan de los medios financieros para la realización de los derechos humanos. Los pagos del servicio de la deuda no deberían comprometer la promoción y la efectividad de los derechos humanos a lo largo del tiempo.

1. Una definición más amplia de sostenibilidad de la deuda incorpora la sostenibilidad económica, social y ambiental, que significa que la sostenibilidad de la deuda solo se logra cuando el servicio de la deuda no da lugar a violaciones de los derechos humanos ni de la dignidad humana ni impide el logro de los objetivos internacionales de desarrollo.

1. La deuda no se puede llamar “sostenible” si se ignoran las dimensiones sociales y de derechos humanos de la sostenibilidad. Las proyecciones de la capacidad de reembolso de los Estados prestatarios deben asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de los Estados de promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr progresivamente la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

1. La determinación de los efectos adversos reales o potenciales puede orientar la adopción de decisiones sobre la revisión de las condiciones de reembolso, sobre el volumen de alivio de la deuda necesario para que los Estados puedan cumplir sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos, y sobre la magnitud y la distribución de las pérdidas sufridas por los distintos grupos de acreedores.” (lo subrayado no es del original).

1. El principio N°15 presenta la estrategia que deben tener las y los representantes del Gobierno de Costa Rica para ir a renegociar con el Fondo Monetario Internacional.

Principio 15 – Obligaciones de los acreedores y los donantes públicos.

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Las instituciones financieras internacionales, los prestamistas bilaterales y los donantes públicos deberían velar por que las condiciones de sus transacciones y sus propuestas de políticas de reforma y las condicionalidades para el apoyo financiero no socaven la capacidad del Estado prestatario o receptor de respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los Estados, solos o en el seno de las instituciones financieras internacionales, así como las propias instituciones financieras internacionales, no deberían obligar a los Estados prestatarios o receptores a comprometerse a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ni a contribuir a ese compromiso, directa o indirectamente. En consecuencia, las instituciones financieras internacionales, los prestamistas bilaterales y otros donantes públicos, al conceder un préstamo o asesorar en materia de políticas en el contexto de las medidas de reforma económica, tienen la obligación de evaluar los efectos de esas medidas en los derechos humanos.

VI.- RECOMENDACIONES FINALES DEL DICTAMEN.

1. Exigir al Estado Costarricense una propuesta de renegociación de la deuda pública, ante los organismos financieros internacionales, fundamentados en dos posiciones teóricas:

• Pronunciamientos del Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales.
  • Principios Rectores relativos a las evaluaciones de los efectos de las reformas económicas en los derechos humanos.

Este proceso deberá ser transparente y participativo, incluyendo a sectores sindicales como la ANEP, para garantizar que los fundamentos sugeridos sean considerados en la propuesta final.

1. Acudir ante el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; con el fin de presentar una Other Letter (OL), la cual consiste en una denuncia por la existencia de un problema estructural en el país, que genera una violación a lo establecido en el mandato de este Experto Independiente.

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El problema estructural es el manejo de la Deuda Pública y el pago excesivo y “mal negociado” de los intereses de esa deuda, lo que incide de forma directa en los recortes presupuestarios de partidas sociales, y con esto se genera un evidente deterioro del disfrute de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población.

1. Realizar un proceso político de auditoraje de la actual deuda pública, el cual permita obtener algún nivel de claridad y de transparencia, en cuanto a una diversidad de variables, a saber:

• su gestación,
  • sus responsables político-gobiernistas de las últimas Administraciones,
  • identificación de sus agentes financiero-bursátiles y sus conexiones con la clase política tradicional.

1. En resumen, para pagar la deuda interna de Costa Rica desde un enfoque de derechos humanos, es necesario que el gobierno tome medidas para garantizar el acceso a los derechos económicos y sociales, reducir la desigualdad económica, promover el desarrollo sostenible, mejorar la recaudación fiscal y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. De esta forma, se puede avanzar hacia un desarrollo económico sostenible y equitativo, que respete los derechos humanos y promueva el bienestar de todas las personas.

ALBINO VARGAS BARRANTES (FIRMA)

Firmado digitalmente por ALBINO VARGAS BARRANTES (FIRMA) Fecha: 2023.04.21

09:16:07 -06’00’

WALTER QUESADA FERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por WALTER QUESADA FERNANDEZ (FIRMA) Fecha: 2023.04.21

09:16:38 -06’00’

Albino Vargas Barrantes Secretario General

Lic. Wálter Quesada Fernández Secretario General Adjunto

• https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
• https://www.larepublica.net/noticia/elevado-pago-de-deuda-e-intereses-para-2023-contraera-inversion-en-educacion-area-social- salud-y-seguridad
• https://www.larepublica.net/noticia/programas-sociales-se-afectarian-en-el-2022-por-ajustar-presupuesto-a-la-regla-fiscal.
• https://anep.cr/insostenible-6-500-millones-de-colones-diarios/
• https://www.ohchr.org/es/special-procedures/ie-foreign-debt.

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