Con 32 votos a favor y 15 en contra y luego de semanas de acaloradas discusiones se aprobó en primer debate el polémico proyecto Ley Marco de Empleo Público que viene a crea un salario global y ocho familias del régimen de empleo púbico y que, además, le da la rectoría del mismo, al Ministerio de Planificación. La iniciativa forma parte de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo para poder obtener un crédito con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares.
Ahora el proyecto deberá ir a consulta a la Sala Constitucional.
Al final de los debates en comisión y el Plenario tanto el Poder Judicial y las Universidades estatales quedaron incorporadas en la iniciativa, no así las instituciones en competencia.
Para un grupo importante de congresistas al no haber sacado a las Universidades se da una violación de la autonomía lo que puede ser un vicio de constitucionalidad. Una de las que apoya esta tesis es la legisladora oficialista Paola Vega Rodríguez.
Este proyecto establece los despidos a personas que hayan tenido en sus evaluaciones del desempeño dos notas inferiores a 70, ellos serían removidos de sus cargos sin responsabilidad patronal.
Otro de los temas polémicos que quedó contemplado en el proyecto de ley es la objeción de conciencia que permitirá a los funcionarios del sector público rechazar las capacitaciones que considere que van en contra de sus convicciones morales, éticas o religiosas.
La iniciativa también congela las anualidades y establece que el salario global será aplicado solo a los funcionarios de nuevo ingreso, además pone un tope a las vacaciones de 20 días y prohíbe la acumulación de más de dos períodos.
La legisladora liberacionista Franggi Nicolas Solano afirmó que votó en contra debido a que prometió respetar las Leyes de la República y la Constitución Política, dado que a su criterio es “absolutamente inconstitucional”.
La congresista resaltó que es preocupante el nombramiento de los futuros jueces y fiscales de la República, además del tema disciplinario de estos funcionarios donde la apelación estará en manos del Servicio Civil, lo que a su criterio abriría un portillo para que la política tenga injerencia en este tipo de nombramientos.
El frenteamplista José María Villalta Florez-Estrada calificó la iniciativa como una “ley nefasta”, que modifica la estructura del Estado y no garantiza que se mejores las condiciones de los costarricenses y donde se busca pagarles menos a los trabajadores.
No se logra el objetivo de genera un ahorro en las finanzas públicas, sentenció Villalta.
El legislador cuestionó las cifras planteas por el Ministerio de Planificación donde indicó que los datos fueron “inflados cinco veces” como lo demostró la Universidad Nacional.
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos! ESTIMADOS LECTORES: Nuestro mayor reto es hacer sostenible un periodismo libre e independiente, que de voz al pueblo, sin conflicto de intereses, apóyanos a seguir promoviendo la libertad de expresión. | SUSCRÍBIRSE | INGRESAR | APÓYANOS