La ausencia del debate público y la incapacidad legal para obligar a los funcionarios públicos al deber de probidad y transparencia, aumenta en la desconfianza social de los grupos sociales en todo el país, lo que parece ser un abuso de poder en manos del crimen organizado desde el balcón político, sus organismos y hasta los sindicatos.
Es evidente el retroceso en derechos, principios, moral y valores, la ausencia de contrapesos desde las universidades, colegios profesionales y desde las mismas instituciones que deben velar por garantizar la paz social. Es como una vela que se ha venido desgastando, al punto que la evasión y elusión fiscal se ha convertido en el gran tema censurado ante los micrófonos de medios tradicionales y desde cualquier figura política.
La imposición de los últimos años en diferentes materias señala que el estado se viene convirtiendo en un tutor que considera que el ciudadano no tiene la capacidad de autodefinirse, y todo el aparato estatal ahora se arrodilla a ideologías globalistas de las agendas de izquierda progresistas y de aquella que el politólogo Agustín Laje llama: “la derecha cobarde”, normalmente relacionada al centro-derecha, dónde ambos lados del espectro político coinciden con la ONU, el Foro Internacional DAVOS, la OMS, y el grupo Bilderberg, en que “No tendrás nada, y serás feliz”.
La ausencia del debate en temas como las inoculaciones experimentales sin consentimiento informado, llevarán al aparato estatal a poner un contrato comercial por encima de acuerdos internacionales de derechos humanos, ahora, nuevos contratos se aproximan, pero con la evidente incapacidad del aparato judicial para identificar si el “Caso Odebrecht”, se repite nuevamente en frente de sus narices, ignorancia o complicidad, donde posibles delitos de prevaricato no serán de conocimiento públicos, sin una investigación abierta y sin censura, lo que puede poner a varios funcionarios públicos no solo como delincuentes de lesa humanidad, sino también en traidores de la patria.
Ahora más que nunca, la evidente inversión en ideologías extremistas en el país desde el extranjero, el silencio de los políticos ante las sentencias pre-pago y post-pago de la CIDH, son evidencia de que pueden ser simples títeres de una mafia organizada internacional, lo que por ideologías o por corrupción, pueden estar permitiendo una violación al estado social de derecho y permitiendo una transformación institucional y constitucional que nos conduce a un golpe de estado blando y solapado.
La ausencia del debate se ha convertido en la herramienta de los grupos de mafia organizada en la política, que impulsan ideologías progresistas y globalistas, teniendo como resultado un retroceso en educación y las libertades individuales, pero principalmente en derechos humanos y las regulaciones sociales.
Por eso, estas ideologías han llegado a avanzar en terrenos como la OEA, OTAN, UE, OMS, ONU, entre otros; y, cómo resultado, nos acercamos a tiempos cómo los de la segunda guerra mundial, dónde los socialistas y comunistas crean más pobres y los capitalistas concentran más riquezas, reduciendo la capacidad productiva y eliminando las economías circulantes, con una academia que ha dejado de lado los principios y valores que deben del bienestar común, arrodillándose a pensamientos como “la tecnología llego para quedarse” e ignorando cuantas victimas generan dichas tecnologías, y poniendo su ganancia personal siempre, por encima de la dignidad humana.
Siendo así, es en una democracia donde una mayoría manda, pero una mayoría dormida, ignorante, y que ha tomado la decisión de no participar, pues simplemente le dejan las puertas abiertas a las minorías que nos conducen a la pérdida de valores, principios, moral, ética y hasta leyes, que nos alejan de un estado social de derecho y nos llevan a un estado social de opinión, que nos llevan hacia un país dónde aumenta el sicariato y el crimen organizado. Hoy nos acercamos cada vez más a ser la nueva Cuba, la nueva Venezuela, el nuevo Nicaragua, el nuevo Nor-Corea, dónde será con la fuerza de las armas del pueblo, donde se obligue al ciudadano a obedecer a personas ideológicamente adoctrinadas, y sin el permiso de contradecir a sus regímenes.
Asumimos la responsabilidad o ¿asumiremos las consecuencias?
Opinión de Gerardo Ledezma y profesor Andrés Josep Luz Jiménez Leandro