ARESEP aplicó 147 multas a operadores de servicio público

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La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) impuso 147 sanciones a empresas que brindan servicios públicos, por incumplir aspectos de calidad, cobro no autorizado y por prestación ilegal, durante el 2022.

El monto de las sanciones asciende a un total de 338.4 millones, con una multa promedio de 2.173.000.

La Ley 7593, de la ARESEP, establece que se aplican multas a quien suministre servicio público y que incurra en:

• Cobro de tarifas y precios distintos o no autorizadas por ARESEP
• Mantenimiento inadecuado de equipos con los que se da el servicio
• Uso fraudulento de bienes y servicios públicos 
• Prestación no autorizada de servicio público
• Incumplimiento de disposiciones de ARESEP en resoluciones o reglamentos 
• Incumplir normas y principios de calidad en la prestación de los servicios

ARESEP aplicó 9 multas por calidad a 7 Estaciones de Servicio, una Asada y un taxista por el taxímetro alterado.

Otras 3 multas fueron por facturación: a dos empresas de autobús y una Asada.

La mayor cantidad de multas, 135, se impusieron a quienes ofrecen el servicio de taxi de forma ilegal.

En el país, el transporte de personas está regulado, y se tiene que contar con autorización o permiso por parte del Consejo de Transporte Público para prestarlo.

Estas sanciones se dirigen hacia el chofer y dueño registral del vehículo, ya que no cuentan con una autorización o permiso para realizar el transporte de personas. La Policía de Tránsito realiza un parte, y decomisan el vehículo, el cual es devuelto por la ARESEP un mes después del decomiso como medida cautelar. Al mismo tiempo se abre un expediente administrativo para realizar el procedimiento administrativo, se nombra un órgano director que investiga, se citan a las partes (tanto al oficial de tránsito como al chofer y dueño registral), y posteriormente, si existe mérito y se comprueba la prestación ilegal, se impone la sanción económica.

El detalle de las multas impuestas es el siguiente:

Estas multas se imponen gracias a la gestión institucional de las denuncias que presenta la ciudadanía por prácticas indebidas por parte de los operadores que están obligados a cumplir normas y reglamentos los resultados, así como lo encontrado por los programas de calidad de ARESEP y a diversas disposiciones que se emiten para mejorar la prestación de servicios públicos.

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