Después de un análisis exhaustivo y riguroso, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) archivó el estudio tarifario de oficio del del servicio de acueducto que presta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El Ente regulador procedió a analizar la información que brindó el AyA sobre las inversiones y la estructura de costos y gastos y entre las principales razones que justifican el archivo del estudio y mantener las tarifas vigentes, se encuentran las siguientes:
- No se justificó ni se dio trazabilidad a los proyectos de inversión que realizó el AyA durante los últimos 5 años.
- No capitalizó el 54,7% de los recursos aprobados vía tarifa para proyectos de inversión para el periodo 2019 (₡14 560 millones), además de que no aportó la debida justificación o su aplazamiento para periodos subsiguientes.
- No presentó las justificaciones técnicas que permitan respaldar las variaciones significativas entre los montos proyectados de las inversiones y el monto real ejecutado.
Además, el AyA sólo justificó 12 de las 909 cuentas que comprenden su estructura de costos y gastos del servicio de acueducto. Tampoco justificó las plazas nuevas y su incidencia en el servicio de interés y muchos de los documentos que aportó para validar el comportamiento de los costos y gastos en el tiempo, se encuentran incompletos, lo cual contraviene con el objetivo de un disponer de una fijación tarifaria trazable y que le garantice a los usuarios la pertinencia del gasto con el servicio regulado.
El Intendente de Agua, Marco Cordero, señaló que “la ausencia total o parcial de la información solicitada al AyA, específicamente en materia de inversiones, atenta contra la prestación óptima y continuidad del servicio de acueducto”.
Adicionalmente, el Intendente señaló que “de continuar la situación descrita representa un riesgo muy alto para la continuidad del servicio y la atención de nuevas inversiones en el mediano plazo, dado que esas inversiones realizadas en los últimos cinco años no han sido capitalizadas vía tarifa, significando una carga financiera excesiva por el alto costo de la deuda y la demanda de flujos para el repago de la obligación, y que de continuar con esta práctica le restará capacidad de gestión de nuevas inversiones para atender la gran cantidad de problemas de infraestructura que aquejan al servicio que prestan”.
Ante lo anterior, la ARESEP ordenó iniciar de manera inmediata una fiscalización técnica, financiera y de gestión de todos los proyectos de inversión que fueron aprobados por su Junta Directiva para el periodo 2016 – 2020, y que coinciden con la información no aportada para el presente ejercicio tarifario, en la cual se concentre en fiscalizar las desviaciones en el costeo de los proyectos de inversión realizados respecto a lo propuesto o aprobado por la Junta Directiva del AyA, además de verificar el procedimiento seguido para capitalizar esas inversiones, la determinación del gasto por depreciación, revaluación del activo, plazos de vida útil, documentación que valida la inversión, etc.
