La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) propone una rebaja del 10,7% promedio, en las tarifas del servicio de acueducto que brinda AyA.
Acueductos y Alcantarillados (AyA) brinda el servicio a 783 867 clientes ubicados en todo el país. Sin embargo, en los últimos años muestra una gestión operativa que ponen en riesgo la operación del servicio.
ARESEP analizó la información aportada por el prestador en materia de inversiones, estructura de costos y gastos, comportamiento del mercado y gestión operativa para el periodo entre el 2017 – 2024.
Entre los principales aspectos que justifican la rebaja están:
Inversiones: El AyA no presentó la información que valide las inversiones realizadas en el periodo en estudio, ni las justificaciones que fundamenten los montos que pretendían capitalizar en el servicio de acueducto.
- En el 70% de los proyectos no se encuentra información disponible, debido a la ausencia de los documentos de preinversión, lo cual no permite dar trazabilidad a los niveles de factibilidad y prefactibilidad, ejecución y capitalización de activos.
- El otro 30% de los proyectos, adjunta alguna documentación, en la cual la mayoría de los casos corresponde al monto presupuestado a la fecha de análisis del estudio, sin embargo, no se le puede dar trazabilidad entre el proyecto y los activos que se pretenden capitalizar. Tampoco se identifican los proyectos para sustituir activos y cuales son para ampliar o mejorar la prestación del servicio. Tampoco se identifican los retiros de las cuentas de activos asociadas a las capitalizaciones por sustitución o reemplazo.
- Las justificaciones que se presentan están asociadas a los contratos y no a los costos totales del proyecto. No se registran o contabilizan en la mayoría de las órdenes, aquellos en que incurren los diferentes departamentos del AyA, por ejemplo, los encargados de la contratación, planificación, ejecución y supervisión del proyecto.
- La revaluación de activos por peritaje reporta activos que datan de 1950 hasta 2015. El AyA en el peritaje de 2018, revaluó activos como tuberías de hierro galvanizado, hierro fundido, con más de 40 años. Esto es contrario a la norma emitida por el mismo AyA en sus labores de rectoría, cuando establece la vida útil máxima de 40 años para tuberías de hierro. Esta situación es contraproducente técnicamente, porque está revaluando activos sin vida útil y a valor de mercado que se trasladan a la tarifa con costos desproporcionados.
Estructura organizacional paralela: El AyA implementó una estructura organizacional paralela al margen de la aprobada por MIDEPLAN, provocando que alrededor de 100 unidades organizativas operen en cargos de jefatura sin ser aprobados, cuyo costo salarial es de aproximadamente ¢4.580 millones anuales, los cuales se excluyeron del ejercicio tarifario dado que no se dispone de una debida justificación legal y técnica.
Agua No Contabilizada (ANC): El AyA registra pérdidas de agua potable a lo largo de la cadena de valor del orden del 57%. El impacto de estas ineficiencias afecta la operación y se trasladan costos a la tarifa final del servicio, por lo que se procedió a disminuir el porcentaje en un 10% para el periodo 2023 – 2024, de tal forma que el operador gestione de manera responsable el recurso hídrico y el servicio público, lo cual equivale en esta oportunidad a ¢36 400 millones (38,5 millones de metros cúbicos). Dicho criterio será progresivo, disminuyendo un 10% cada dos años, con el fin de exigir una mejora a esta situación.
Costo de endeudamiento: El AyA ha experimentado un crecimiento en el nivel de endeudamiento del 58,44% durante el periodo 2016-2022, el cual ha generado un costo financiero de aproximadamente ¢14 972 millones para el mismo periodo. Este nivel de endeudamiento agrava la situación del AyA, dado que muchos de los proyectos asociados a esas obligaciones presentan rezagos significativos o no han sido capitalizados, lo cual ha obligado a la institución a utilizar recursos del gasto por depreciación y revaluación de activos para atender a los acreedores. Esta dinámica descapitaliza la institución y pone en riesgo la prestación del servicio público.
De acuerdo con lo propuesto, una familia con un consumo promedio de 15 metros cúbicos mensuales pasaría de pagar ¢8135 a pagar de ¢7475. Esta propuesta se somete al proceso de audiencia pública para el 19 de julio de 2023.
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