Durante la conferencia de prensa del pasado 06 de julio, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel Rodríguez, anunció que, hoy 15 de julio, daría avances sobre los resultados obtenidos en la recuperación del Bono Proteger.
El Bono Proteger fue un subsidio que surgió como respuesta del gobierno anterior a la afectación económica que sufrieron muchos costarricenses, por la pérdida de su empleo o la reducción de su jornada laboral, con el objetivo de brindar un alivio económico temporal durante la emergencia nacional vivida a causa de la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, a pesar del potencial de esta iniciativa, la gestión para el otorgamiento de este bono estuvo marcada por falta de controles y omisiones que resultaron en la pérdida de recursos públicos, una suma que se estima pudo haber alcanzado los 8.500 millones de colones, según informó el órgano recuperador.
Durante los años 2020 y 2021, el órgano recuperador, el cual está conformado por un equipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, registró una devolución del bono cercana a los nueve millones de colones, provenientes de personas que no aplicaban para este beneficio, por encontrarse en las listas de excepciones.
A pesar de ello, la Tesorería Nacional informó que, para los primeros cinco meses del 2022, no se consignaron depósitos por devoluciones del Bono Proteger.
A inicios del pasado mes de junio, la ministra de Trabajo solicitó al órgano recuperador que definiera una base de datos con la lista de personas que resultaba factible gestionar el cobro del dinero.
A partir de la lista depurada, se logró determinar que, de las personas que solicitaron el bono, había 1309 funcionarios públicos que recibieron este subsidio económico, quienes además de encontrarse activos al momento de realizar la solicitud o de recibir el monto, también les alcanzaba el deber de probidad.
Tras el hallazgo, la ministra de Trabajo solicitó a 107 instituciones del Estado, el apoyo necesario para facilitar la gestión de cobro, y para determinar si se efectuaron procedimientos disciplinarios en contra de los funcionarios que recibieron el bono.
Hasta la fecha, se han obtenido diversas respuestas de 21 instituciones, algunas de ellas, han confirmado que se han efectuado las devoluciones; otras afirman que han realizado procedimientos administrativos para sancionar a las personas involucradas y algunas han asegurado que hay personas que ya no laboran para el Estado.
En este último caso, al contar con la información completa, el órgano director procederá con la gestión de cobro administrativo.
El órgano recuperador también aseguró que la respuesta institucional ha sido positiva, ya que han logrado mantener una constante coordinación con las instituciones involucradas.
Asimismo, según el último corte efectuado por la Tesorería Nacional, se ha logrado recuperar casi dos millones de colones de montos depositados por funcionarios públicos.
Pese a los avances, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha tenido dificultades para notificar a las personas debido a que la información con la que se cuenta no es suficiente; faltan datos como direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, entre otros.
Como anunció la ministra Marta Esquivel Rodríguez en conferencia de prensa, el Ministerio de Trabajo ha coordinado con el Banco Popular para que les reintegren a las cuentas del Estado un aproximado de ¢2.500 millones, provenientes de recursos del Bono Proteger que no fueron retirados.
En este momento el órgano director está a la espera que el banco confirme la transferencia correspondiente.
Por otro lado, como se había anunciado, la jerarca de Trabajo solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) un criterio técnico-legal para definir si se debe proceder con un proceso judicial contra la empresa que brindó el servicio de la plataforma mediante la cual se gestionó el Bono Proteger.
Esta consulta fue remitida a la PGR el pasado 29 de junio y se está a la espera de la debida respuesta.
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