Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos debatieron sobre la calidad de la prestación en el servicio público del sector transportes, así como el tiempo en que debe considerarse la vida útil de los autobuses, que también se han afectado por los dos años de falta de mantenimiento de las carreteras del país.
La Comisión aprobó un texto sustitutivo al Expediente 22.530, Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria. La diputada Sofía Guillén Pérez afirmó entender que las empresas de transportes pequeñas hayan pasado por penalidades durante la pandemia. Sin embargo, en el expediente no se hace distinción entre las grandes y pequeñas autobuseras, razón por la cual cuestionó la forma en que está redactado. El texto sustitutivo sigue sin hacer distinción de la heterogeneidad del gremio. Tiene serias argumentaciones que no se arreglan con el nuevo texto. Expresó que se han presentado varias dudas, dado que el proyecto no es definitivo sino un inicio para abordar las dudas con las audiencias y con las propuestas que surjan.
La diputada Montserrat Ruiz Guevara destacó que se debe alargar la vida útil y diferenciarla de las tarifas, que sólo deberían aumentarse si se da la compra de nuevas unidades. Alargar la vida útil es un buen mensaje de las empresas pequeñas y rurales. Las tarifas y cánones son discusiones aparte de esta.
La diputada Rocío Alfaro Molina manifiesta que ha recibido una gran cantidad de denuncias sobre la calidad de las unidades para dar el servicio. Debe recordarse que en lugar de brindar un mejor funcionamiento de las unidades, el país se ha orientado en una dirección contraria, se ha alargado la vida útil de 10 a 15 años, con lo cual se bajará el nivel de calidad.
El diputado Gilberto Campos Cruz argumentó que muchas empresas se enfrentan a los aprietos financieros debido a la piratería y otras variables. Esto ocurre por cercanía de usuarios, velocidad, precio e impacto tarifario. El fenómeno de mayor afectación se debe a la ausencia del servicio público. Este proyecto es una contribución en que habrá una reducción en la cantidad de rutas que se están devolviendo. La edad promedio de la flota nacional era de siete años antes de la pandemia. Muchas empresas se apegaban a los aumentos nacionales de tarifas. La depreciación varió de los 7 hasta los 15 años para tratar de motivar la renovación de la flota. La pandemia fue uno de los factores que se aplicó en las tarifas. Se busca que la prestación del servicio sea equilibrada para las empresas. Además de los usuarios se deben tratar de equilibrar los intereses de los usuarios y de los prestatarios.
La diputada Carolina Delgado Ramírez afirmó que este proyecto llegó tarde porque afecta a los empresarios y a la ciudadanía.
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