La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos dictaminó afirmativamente el Expediente 22.171. Ley para penalizar los crímenes de odio, el delito de discriminación racial y otras violaciones de derechos humanos.
Con la iniciativa se pretende que el país avance en normativa que permita garantizar la penalización de discriminación racial y cumplir con los compromisos internacionales contraídos en materia de derechos humanos.
Además, contempla una reforma del delito de genocidio para incluir el etnocidio y se ajuste la sanción al más alto rango de penas que hay en la legislación, que es de veinte a treinta y cinco años de prisión.
Se incluye la tipificación del delito de difusión de la discriminación, figura novedosa en la legislación costarricense que debe ser incorporada para que el sistema penal accione con el fin de erradicar el racismo.
Con la aprobación del proyecto el Estado costarricense les garantiza a las víctimas de los crímenes de odio, de discriminación racial y del racismo, la protección y tutela de sus derechos y libertades y de su dignidad, creando mecanismos para su derecho a la justicia y a la reparación de los daños ocasionados.
Así también, se establece la responsabilidad de los perpetradores en las acciones lesivas que implica el racismo con lo que se pone un alto a la impunidad, cambiando las prácticas que han prevalecido por falta de legislación.
Los diputados de esta comisión también aprobaron un texto sustitutivo presentado al Expediente 22.430. Ley nacional de salud mental, el cual fue enviado a consulta a varias instituciones
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