La Defensoría de los Habitantes recibió una denuncia de la Asociación Cámara de Comercio de Costa Rica, ante la medida sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, que obliga a requerir el código QR a las personas que deseen ingresar a establecimientos comerciales (a partir del próximo 8 de enero), con el fin de determinar que cuentan con el esquema de vacunación completa.
Según la denuncia, interpuesta por Julio Castilla Peláez, en su calidad de Presidente de esta Cámara, la medida sanitaria en cuestión no contó con un proceso previo de consulta a los distintos comercios, ni tampoco se les otorgó un plazo prudencial para poder cumplir con dicha herramienta, teniendo en consideración que actualmente existe incertidumbre por parte de las autoridades competentes en su debida implementación.
Alega la Cámara de Comercio que, al día 4 de noviembre del 2021, el país ha recibido 7.142.385 vacunas contra el COVID-19, de las cuales 6.713.121 ya fueron aplicadas. Del total de dosis aplicadas, 3.790.500, es decir, el 56%, corresponde a una primera dosis, y el restante 2.99.621 de vacunas se aplicó en una segunda dosis.
“A pesar de que la población de país ronda los 5.163.021, la población meta de vacunación engloba 4.272.344 habitantes. Considerando estos números, podemos asegurar que el 73,4% de la población total tiene la primera dosis, mientras que el 56,6% ya tiene la segunda. No obstante, el 88,7% de la población meta ya cuenta con la primera aplicación de la vacuna, mientras que el 68,4% cuenta con ambas dosis de vacunación”, destaca la denuncia presentada ante la Defensoría.
Señala además la Cámara de Comercio que la medida anunciada por las autoridades de salud, en cuanto a la obligatoriedad de los QR en los establecimientos comerciales, representaría mayores costos para las empresas, esto debido a que esta medida los obliga a tener una persona trabajadora encargada de escanear los códigos QR a la hora que las personas ingresen a los establecimientos comerciales, generando costos adicionales a los comercios, los cuales se han visto gravemente afectados en los últimos meses por las medidas restrictivas, incluso algunos han tenido que cerrar sus operaciones.
Asimismo, la denuncia indica que “actualmente existen muchas personas las cuales no cuentan con acceso a la tecnología, situación que les impide además a muchas personas contar con un teléfono celular, ni tampoco tienen las posibilidades estarse trasladando a centro de ayuda para solicitar la impresión de dichos documentos”.
Por otra parte, el Presidente de esta Cámara manifiesta que no existe sustento legal suficiente que logre demostrar la confidencialidad de los datos aportados, ni la integridad y transparencia del sistema tecnológico utilizado. Además de que “se ha demostrado que el foco principal de los contagios no se da en los comercios, esto debido a que los mismos cuentan y cumplen con los protocolos sanitarios solicitados por las autoridades de salud para evitar la propagación del virus, por lo cual es improcedente que se siga restringiendo al sector comercio”.
La solicitud de intervención ante la Defensoría de los Habitantes se da con el fin de que la medida emitida por el Ministerio de Salud sea una opcional para los comercios y no obligatoria.
“Desde el inicio de la pandemia, el sector comercio ha trabajado arduamente en conjunto con diferentes instituciones en la implementación de protocolos sanitarios con el fin de evitar la propagación del virus. Se trabajó en el desarrollo, redacción y capacitación para la implementación de los protocolos del sector comercio y sub sectores en coordinación con el MEIC. La Cámara de Comercio de Costa Rica ha promovido que toda la población cuente con el esquema completo de vacunación, para esto se han realizado diferentes campañas incentivando a las personas a vacunarse”, puntualiza la denuncia presentada ante la Defensoría de los Habitantes.
Esta solicitud de la Cámara de Comercio de Costa Rica se suma a la denuncia presentada, ante la Defensoría de los Habitantes, por parte de la Cámara de Turismo de Costa Rica (CANATUR), ante la falta de respuesta del Gobierno a la solicitud presentada por esta agrupación, para que se elimine o prorrogue la obligatoriedad de contar con el esquema completo de vacunación y un Código QR para ingresar a los establecimientos comerciales. Este ente defensor pedirá cuentas a las autoridades competentes, y lamenta que no se atienda la solicitud de estos sectores, en momentos en que tantas familias del país están esperando la llegada de turistas para mejorar su situación económica.
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