La Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS), anunció esta tarde en una conferencia de prensa, un posible paro técnico de las rutas a partir del 1 de enero del 2023, si no se aprueba el proyecto de ley 22.530 para ampliar la vida útil de las unidades.
«Hacemos un llamado a los señores diputados para que se pueda votar este proyecto, y le den la vía rápida es la única manera de mantener los servicios, ya que a partir del 1 de enero más de 300 unidades vencen la antigüedad y no podrían circular más.», explicó Silvia Bolaños Vicepresidenta Ejecutiva de CANATRANS.
El proyecto 22.530, no afecta la accesibilidad para las personas, y si no se llega a aprobar la ley, más de 100 comunidades se quedarían sin servicio de transporte público.
«Necesitamos que voten este proyecto de manera urgente, porque si no no podremos continuar con el servicio de trans- porte público. Yo vengo de Limón y les puedo decir que la realidad que se vive allá es sumamente diferente. Hay personas que su único método de transporte es el autobús, les pedimos a los diputados que tomen eso como criterio”, expresó Carlos López Presidente de CANATRANS.
En la conferencia estuvieron presentes representantes de las comunidades, Damaris Garcia, quién es vecina de Zapatón de Puriscal, mencionó que para ir al centro de su comunidad un taxi les cobra cerca de 40 mil colones, ellos llevan más de un año sin servicio de autobús y le piden al gobierno que más comunidades no pasen por lo mismo.
«Nosotros estamos en una zona de bajos recursos económicos y no hay transporte público en la zona, no podemos seguir en esta condición, necesitamos el servicio de autobús. Les pedimos a los diputados que la situación que vivimos en nuestra comunidad, les muestre la realidad a la que se enfrentarán decenas de comunidades más en caso de no aprobarse este proyecto”, añadió García.
También participaron varios usuarios y personas con discapacidad, como es el caso de Mónica Alfaro, una persona con discapacidad de la zona de Atenas. Ella es usuaria de autobús desde hace más de 15 años, y la economía de su comunidad, afirma, depende mucho del transporte público de autobús. En el caso de ella no podría ir a la universidad ni a citas médicas.
«Para mí la antigüedad de un bus no depende de los años, sino del cuidado y el mantenimiento que le den, en la zona donde yo vivo todas las rampas funcionan de la mejor manera, yo las uso constantemente, ya que es el único servicio que tiene las condiciones para mi discapacidad. Les pedimos a las personas que adversas este proyecto que no usen la discapacidad como una objeción, porque en la realidad seremos los más afectados”, agregó Alfaro.
Por otro lado, Marvin Bastos quién es un empresario que tiene 4 unidades, tendrá la afectación que la mitad de sus unidades, es decir 2, no podrán circular a partir del 1 de enero, dejando a su empresa y la ruta que trabaja en un paro completo.
“Nosotros como empresa pequeña estamos poniendo en riesgo la continuidad de nuestras rutas sacar nuestros buses de circulación haría que prácticamente quebremos nuestra compañía y el trabajo y sustento de muchas personas. El Frente Amplio quizá debería ver esta realidad”, explicó Bastos.
Esta semana continúan discutiéndose las casi 150 mociones que el Partido Frente Amplio le ha puesto al proyecto en la Comisión.
