El narcotráfico es un negocio transnacional que genera millones a raudales y que se maneja como una empresa. Como tal realiza inversiones para garantizar el éxito de sus fines y para nadie es un secreto que la impunidad tiene un componente en la compra de voluntades, en tener “socios” en puestos clave y en permear el control estatal. El actual comportamiento de la clase política nacional se asemeja al de los cárteles criminales en busca de un objetivo: usurpar el poder, aplicando la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica los medios, incluso parece ser, recibiendo dinero de fuentes no legítimas.
Estas ansias desmedidas de cuotas de poder están fomentando una estructura de corrupción en donde los cargos públicos se pelean como las plazas de venta de droga. Esto incentiva un baño de sangre y el poco mencionado “lavado de dinero”, cuidado no en financiamiento de precampañas, corrupción, compra de títulos de deuda política y otros favores como licitaciones, siendo que para nadie es un secreto que el dinero compra voluntades y hace esclavos, en especial cuando se trata de política y de plata rápida.
Recientemente, CRprensa ha publicado una serie de entrevistas con exagentes de policía y exfuncionarios de la materia de seguridad, quienes han evidenciado lo que es un secreto a voces: hay amos que controlan de forma estratégica el tema de seguridad en nuestro país y que la crisis de inseguridad pasa por una lucha entre dos cárteles políticos por el control del estado. El denominado “tsunami de cocaína” y el título de ser “el mayor distribuidor de la región” para Costa Rica no es de gratis y tiene que haber gente infiltrada en las estructuras de poder ¡Sería iluso pensar lo contrario! Y lo anterior no es nuevo, cómo olvidar grandes escándalos como Vesco; la captura de Caro Quintero; Allen; el narcoavión que llevó a la presidente nacional al funeral de Hugo Chávez en Venezuela; o la no grata publicidad del fiscal neoyorquino Dennis Vacco cuando calificó a Costa Rica como “la más grande ubicación para las apuestas en el mundo” y la reciente publicación del diario mexicano El Universal de un supuesto “diálogo narco-gobierno”, entre muchos otros eventos de una extensa lista que evidencian que hay alguien que abre la puerta para que el crimen organizado logre sus objetivos.
Tal parece que la actual crisis de homicidios y de inseguridad solo preocupa a las víctimas y a sus familias que hoy lloran sin respuesta efectiva de las autoridades que alguna vez juraron obedecer a la Constitución y servir al pueblo. En este punto, la ciudadanía tiene un más que justificado temor de ser la próxima víctima colateral de los muchos tiroteos, ajuste de cuentas y ya sabe que la delincuencia tiene el control de barrios, esquinas, costas, carreteras, etc. Contradictoriamente, a los costarricenses nos robaron la paz por nuestra pasividad en tomar acciones y delegar en otros las decisiones.
En el escenario actual, es oportuno cuestionar de qué lado están algunas autoridades. Es notorio el show político de polarización social para captar votos, pero que no solucionan los problemas nacionales como la inseguridad y eso no es “comerse la bronca”. Esos pleitos de cantina entre funcionarios, caen en lo que se denomina en la jerga como “fuego amigo” y pone en duda cuáles intereses defienden. Mientras tanto, el crimen organizado maneja un rígido sistema de lealtades que castiga la traición, la falta de pago o la ineficiencia con incluso la muerte. De manera informal se asegura que un porcentaje de policías y funcionarios podrían ser parte de la nómina de los cárteles y que otra parte importante ha renunciado por el miedo a represalias desde dentro de “las instituciones” por ser decentes y por denunciar lo que ocurre adentro de éstas. La pregunta que destaca en este punto: en quién podemos confiar y en especial las personas que llevan un uniforme cuando sus compañeros o superiores pueden ser un traidor, que un día jura al país y al otro sirve al dinero fácil.
Ante el inminente crecimiento de la violencia, hay que tomar decisiones desde escoger con patriotismo a los gobernantes, hasta mejorar la educación y la distribución de la riqueza que va ligado con el acceso a trabajos decentes y atender temas como salud e infraestructura incluso con viviendas dignas. Y para eso debemos dejar el vacilón y darnos cuenta que en los salones de clase hay venta de drogas (hecho aceptado por la anterior ministra de Educación) y que estamos en pleno tsunami de cocaína, de fentanilo y de drogas sintéticas y que los jóvenes necesitan educación, deporte, trabajo, salud y otras necesidades elementales que durante años se han postpuesto ¿El cambio? Empieza por hacer y dejar de hablar. Exigir rendición de cuentas a los funcionarios y renuncias a los malos. En fin, de forma urgente a los hechos debemos remitirnos.
Opinión de Miguel Gutiérrez Pizarro
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