Autoridades judiciales han quedado debiendo a los costarricenses en materia de atención de casos de corrupción, la que al parecer se pasea a vista y paciencia de todos por los pasillos de los edificios de los poderes de la República, y como un cáncer penetra más la institucionalidad.
No es de extrañar que la corrupción y la mafia económica colocaran sus fichas en puestos claves de la Administración pública. No es de extrañar que la clase política que no le tiene miedo al pueblo, extienda sus tentáculos en la Administración de justicia.
Y es que existen dos delitos contemplados en nuestra Constitución Política: hablamos de los delitos de lesa patria, cuando se crean leyes en contra de la población, y el delito de traición a la patria, cuando se generan actos para beneficiar a extranjeros en perjuicio de los costarricenses.
Y es que analizar el contrato de Pfizer podría significar exponer lo que podría ser no solo la comisión de delitos de lesa patria y de traición a la patria, sino de lo que podría convertirse en uno de los actos de corrupción más grandes del país, ya que se asemeja mucho al modus operandi del Caso Obredecht.
La ausencia del debate desde los poderes de la República podría ser una muestra de la existencia de delitos relacionados con conflictos de intereses y de tráfico de influencias, siendo que una sustancia aun experimental, sin consentimiento informado, sin seguro del gobierno, sin permiso sanitario… llegó a establecerse en el esquema obligatorio de vacunas en Costa Rica.
Monólogos de una sustancia segura y eficaz, que debería por trasparencia y probidad ser información que sea de acceso público y debate público, sin embargo, universidades, colegios profesionales como el de abogados, de médicos, de enfermeros y de farmacéuticos, no aceptan un debate público técnico cientifico con grupos sociales que tienen también a sus profesionales en salud que cuestionan la información.
Debemos tener claro que el gobierno es un extracto del pueblo, son parte del pueblo que se contrató para administrar los recursos del pueblo, pero eso no significa que sean las personas más inteligentes, de hecho, si así fuera, el país tendría mejores condiciones desde hace mucho.
Los funcionarios públicos son simples administradores de la ley, y no deben ir mas allá de lo que la ley les permite, pero asustados por un supuesto estado de emergencia, o al menos eso dicen, han apartado la ciencia para manifestar incluso una posición ideológica… un «YO CREO» que no es parte de las funciones de un funcionario público, ya que las ideologías normalmente discriminan a quienes piensan diferente y expresan el «YO NO CREO» o «CREO DIFERENTE» por x o y razón.
Por ejemplo, los diputados no deben gobernar en beneficio propio, por lo que el «YO CREO» es del todo un acto de corrupción, el pueblo necesita pruebas científicas y debates, no posiciones ideológicas.
Por eso, estas posiciones infantiles del «YO CREO» se convierten en una amenaza para la paz social, porque requiere discriminar para imponer temas sociales que no pueden respaldar en un debate público, convirtiéndose en una excelente herramienta para que la corrupción se atrinchere por décadas.
Por eso la ausencia del debate es la presencia de la corrupción, porque si pudieran respaldar sus ideologías o sus actos de corrupción, darían la cara al soberano pueblo que cuestiona las acciones de funcionarios públicos.
¿Seguiremos permitiendo que esto suceda?
Usted como lector, ¿considera que ocultar los contratos con los fabricantes de «vacunas» anticovid es un crimen de lesa patria, traición a la patria o un proceder normal que debemos permitir a pesar de comprarse con fondos públicos?
¿Hasta cuándo?
Si quieres conocer una iniciativa de organización social desde el pueblo visita www.pazcr.com
