Viernes 13 de Agosto. En su condición de Presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes de Costa Rica, solicitó a la Procuraduría de Nicaragua la inmediata interposición de sus buenos oficios para todas aquellas personas que han sufrido afectación a sus derechos y libertades, por parte de las fuerzas gubernamentales, con ocasión del libre ejercicio de sus libertades políticas y de manifestación contrarias al régimen del Presidente Ortega.
La Defensora de Costa Rica, le recordó a sus homólogos nicaragüenses que los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos por la República de Nicaragua, imponen a esa Procuraduría el deber de proteger a las y los nicaragüenses de todo acto de violencia institucional, ejercida desde las más altas esferas del Gobierno nicaragüense, de conformidad con los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos.
En razón de ésta obligación internacional, la Presidenta del Consejo le exigió a ésta entidad “Parte” integral de dicho Consejo, su adecuación institucional a los parámetros protectores de Derechos Humanos, en salvaguarda de los derechos e intereses de las personas y Partidos Políticos que hoy sufren, a cargo del Estado nicaragüense, prácticas represivas inhumanas y antidemocráticas.
Catalina Crespo recordó que: “La década de los ochenta en Centroamérica se caracterizó por el ejercicio de la represión y el encarcelamiento, como formas instrumentales en que las dictaduras de aquel momento monopolizaron al Estado y sus instituciones; 30 años después, hoy en día, los hechos verificados en Nicaragua recuerdan el uso de esa misma institucionalidad represiva en contra de la gente y de la sociedad civil organizada, rememorando en los agentes militares, policiales y judiciales, la represión y sus perpetradores que hubo en aquellos tiempos en que las Dictaduras, y no las Democracias, componían el paisaje político centroamericano”.
La detención de líderes políticos opositores y de todo aquel que manifieste opiniones políticas disidentes al Régimen del Presidente Ortega constituye una flagrante violación a los derechos humanos de las personas nicaragüenses, por lo que su Institución Nacional de Derechos Humanos, a través del más sonoro silencio, no puede ni debe cohonestar tales actos. De ahí el reclamo que se manifestó a través del oficio enviado a tales autoridades desde la Presidenta del Consejo Centroamericano de Defensores, Procuradores y Presidentas de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, para exigir la inmediata intervención de la Procuraduría de DDHH de Nicaragua en la defensa de sus connacionales.
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