Según documentos revisados por Bloomberg News, la empresa petrolera Chevron habría declarado impuestos en Venezuela por aproximadamente 300 millones de dólares en 2024. Los registros indican que sus filiales en el país reportaron una deuda de 8.100 millones de bolívares al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en marzo de este año.
Este hecho ha generado cuestionamientos en Estados Unidos, donde el Congreso revisa las licencias comerciales otorgadas a Chevron en Venezuela. La representante María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, afirmó que la compañía «no solo está permitiendo la opresión, sino que se está beneficiando de ella», y solicitó la revocación de las autorizaciones que le permiten operar en el país sudamericano.
Chevron, por su parte, ha asegurado que todas sus actividades en Venezuela cumplen con las regulaciones estadounidenses y que su presencia en el país contribuye al desarrollo económico, la generación de empleo y el suministro de energía. No obstante, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. prohíbe cualquier pago directo al gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha generado dudas sobre la legalidad de estos tributos.
El debate sobre el papel de las empresas extranjeras en Venezuela continúa en el ámbito político estadounidense, mientras se analizan posibles nuevas restricciones sobre la actividad petrolera en el país.
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