Desde el Colegio de Periodistas, con datos técnico-científico y con opinión legal, el grupo Bicentenario hace un llamado a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, ya que al parecer los datos expuestos son parciales, sin mostrar los riesgos más evidentes para la mujer en estado de embarazo.
El riesgo de aborto, por inocular a una mujer embarazada con 20 semanas de gestación, sería de un 82%, y para una gestación de inferior a las 13 semanas, el riesgo es de un 91%. Este es el mismo estudio usado por la CNVE para aprobar la inoculación en embarazadas, un estudio que provoca abortos, indica el Bicentenario Jorge Navarro.
Por otra parte, la doctora Gabriela Chacón exponente de Bicentenario comentó, “¿Sea por complicidad o por ignorancia? Cualquiera es falta de ética” al referirse al silencio que guardan los gremios y profesionales de la salud, quienes deben regirse por los códigos de ética, que les indica que el ejercicio de la medicina es no hacer daño.
El comentario del abogado exponente, el Lic. Danny Saborío también ha expuesto como desde la Sala Constitucional se ha hecho legal, algo que puede ser contrario a la justicia, ya que buscó desproteger al ciudadano ante posible abuso de las autoridades de salud que sin respaldo técnico ni científico, han usado parcialmente la información donde se hace caso omiso de los efectos adversos, y que puede traer como consecuencia resultados incompatibles con la vida humana.
Desconocemos los intereses de hacer invisible los datos negativos a la ciudadanía, pero es preocupante no solo el silencio de las autoridades, sino de los distintos colegios y gremios que no puedes alegar desconocimiento de lo expuesto esta noche por el grupo Bicentenario.
Ante la preocupante idea de la obligatoriedad a una sustancia que trae tales efectos adversos, que no solo son evitados por parte de la prensa, sino que las mismas redes sociales censuran dicha información, el grupo Bicentenario solicita un debate público técnico-científico con la CNVE, para con evidencia en mano, no se induzca a la ciudadanía infantil costarricense a riesgos que podrían convertirse en un genocidio, en delitos de lesa humanidad.
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