La comunidad indígena Agua Caliente Lote 9, del municipio de El Estor, departamento de Izabal, Guatemala, realizó múltiples esfuerzos desde febrero de 2022, para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconozca a Alfredo Chub Quib como alcalde comunitario del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE) y su representante legal, así como los acuerdos realizados entre las 64 familias copropietarias de las tierras de la zona y el Estado.
Hoy 18 de noviembre representantes del COCODE y las familias acudieron una vez más a la Corte con sede en Costa Rica, para solicitar que en definitiva se reconozca la representación de Chub Quib, se cierre el proceso y se proceda al archivo del mismo, tras no recibir respuestas ni conocer el estado actual de su caso.
“Vemos con suma preocupación la falta de avance en el proceso y las repercusiones que tiene la incertidumbre en la que vive la comunidad a la espera de una resolución definitiva, ya que la desinformación y falsas interpretaciones por parte de personas sin interés legítimo en la comunidad Agua Caliente Lote 9 y que hemos hecho de conocimiento a la Corte, continúan tratando de dividir a los miembros y alterar la paz con la que hemos vivido. Es por esto que pedimos la conclusión definitiva del proceso, ya que este ha quedado sin materia al estar resueltas las peticiones que le dieron origen al mismo”, comunicó Chub a través de un memorial.
De acuerdo con Chub, la situación es interpretada por los comunitarios como un desinterés a la problemática de la comunidad, ya que luego del transcurso excesivo del tiempo, consideran que ni la misma CIDH ha llegado al entendimiento de las implicaciones y repercusiones que este proceso ha tenido en la comunidad.
“Nuevamente vemos cómo los derechos de los pueblos indígenas son relegados a un segundo plano. Hoy quizás no comprendemos y desconocemos la formalidad de este proceso, pero lo único que queremos es dar un paso adelante y dejar atrás todo esto que internamente ha causado zozobra”, agregó el alcalde comunitario.
Para solicitar la resolución definitiva, la comunidad se basa en el artículo 39 del Reglamento de la CIDH, que indica la notificación que debe hacer la organización sobre la presentación del caso, a la presunta víctima, sus representantes o el defensor interamericano.
Comunidad desea recibir a los miembros de la CIDH para que verifiquen lo manifestado por sus representantes
Dentro de las peticiones que realizan desde febrero pasado, las familias se encuentra el reconocimiento del formalmente inscrito COCODE de la comunidad indígena de Agua Caliente Lote 9, y a Chub como su líder y representante legal, pues se continuaba considerando a Rodrigo Tot como representante ante la CIDH.
El Consejo reiteró y demostró que Tot como supuesto representante, no actuó ni procuró velar por los intereses de la comunidad, pues tenía beneficios personales y familiares, que repercutieron en una violación de derechos humanos para quienes habitan en Agua Caliente Lote 9.
“Desconocemos los motivos del actuar del señor Rodrigo Tot, ya que evidentemente es de su conocimiento que él dejó de ser un legítimo representante de la comunidad, por lo cual, su actuar no se apega a derecho, sorprendiendo en buena fe, a los dignos juzgadores de esta Corte, incluso se hizo ver el beneficio económico que ha representado para él y su familia la actividad minera en la región”, señaló Chub.
El Consejo quiso dejar claro ante la CIDH, que las 64 familias que conforman la comunidad, recibieron en el 2020 el título que los acredita como copropietarios de Agua Caliente Lote 9, por parte del Estado de Guatemala, luego de un proceso que tardó varios meses. Asimismo, que las tierras en donde habitan no son afectadas por los proyectos mineros de la región y que, de todas maneras, las que sí están dentro de la zona de influencia, tuvieron participación en el proceso consultivo que ordenó la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
La comunidad también quiso recibir a los miembros de la CIDH en sus tierras, con el fin de que escucharan a los habitantes frente a frente, y pudieran verificar lo que han manifestado desde febrero pasado, al mismo tiempo en que conocían sus costumbres y estilo de vida pacífico.
“Desconocemos el motivo por el cual según nos fue informado, el Estado de Guatemala no tuvo a bien autorizar la visita oficial, y en todo caso, queda bajo su responsabilidad el haber negado el acceso a la comunidad, pues nosotros en todo caso seguimos reiterando que son bienvenidos a realizar las visitas y diligencias que consideren oportunas”, manifestó Chub.
Las familias aseguran que lo único que desean es que termine el proceso, para dar un paso adelante y dejar atrás este proceso que ha causado zozobra, malos entendidos y temor.
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