En una reciente audiencia judicial en Estados Unidos, se dio a conocer una lista de 150 nombres vinculados a la isla de Jeffrey Epstein, revelando una red de posibles conexiones con casos de pedofilia. Entre estos nombres se encuentran prominentes políticos, empresarios y figuras del entretenimiento. Lo preocupante es que muchos de ellos están vinculados a la promoción de agendas políticas, especialmente en torno al calentamiento global, lo que plantea preguntas sobre prácticas de monopolio y amenazas a la soberanía nacional, en diferentes naciones.
Jeffrey Epstein, conocido por prestar su avión a políticos y celebridades, ha dejado un legado de incertidumbre sobre quiénes de la lista estaban involucrados en actividades ilícitas. Esta situación plantea la posibilidad de que algunos hayan utilizado sus recursos económicos para influir en la toma de decisiones a nivel global, incluso comprometiendo la soberanía de naciones.
Un ejemplo destacado es la participación de Bill Gates, a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, en iniciativas como el sistema Covax. Este sistema, destinado a la distribución de sustancias experimentales relacionadas con la pandemia, ha suscitado preocupaciones sobre el control del 10% de la producción farmacéutica y su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud.
En Costa Rica, la misma fundación financia un medio de noticias en la Universidad de Costa Rica (UCR), cuestionando la independencia informativa, en el cual observamos a Doble Check supuestamente desmintiendo la información que exponía el grupo Bicentenario, el cual nunca fue tema de debate público, aun cuando Bicentenario realizó la solicitud.
https://crprensa.com/periodista-de-doble-check-de-ucr-niega-derecho-de-respuesta-a-bicentenario/
Además, se ha denunciado la inversión de la CIDH por parte de la Fundación Gates para promover el matrimonio igualitario, generando conflictos de interés. La CIDH recibiría una inversión de esta misma fundación, según denunció Agustín Laje en una exposición que realizó en Costa Rica, en la cual se pagó a la CIDH para promover el matrimonio igualitario, en el entendido que esto los posiciona en un conflicto de intereses, ya que la CIDH responde a la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que una Comisión o una Corte nunca debería de recibir dinero para impulsar nada, ya que eso abiertamente es corrupción.
La lista de políticos y personalidades del entretenimiento vinculados a estas prácticas sugiere una posible agenda para desviar la atención pública hacia temas como feminismo, aborto, derechos LGTB+, satanismo y la sexualización temprana de los menores, en lo que se puede aprovechar para impulsar leyes que censuren a la población, por ejemplo en Costa Rica se intentó establecer una ley contra la objeción de conciencia. Esto plantea la urgencia de investigar y denunciar intervencionismos que afectan a la cultura, las familias y la estabilidad nacional.
https://crprensa.com/dictamen-afirmativo-a-proyecto-sobre-objecion-de-conciencia/
Ante la falta de acción por parte de las autoridades, la sociedad debe empoderarse para crear herramientas que eviten la manipulación de grupos económicos, protegiendo así la democracia, la diversidad cultural y la paz social. La falta de investigación y acción por parte de las autoridades nacionales exige una mayor participación ciudadana para preservar la integridad de las naciones ante posibles amenazas externas.
Lo cierto, es que uno de los financistas de las crisis sociales y culturales, aparece en la lista de vuelos a la isla de Epstein, donde investigaciones revelan que se utilizaba para fines sexuales con menores.
