La Fiscalía General de la República confirmó la remisión de una causa penal contra el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. El mandatario enfrenta una acusación por el presunto delito de concusión, relacionado con un supuesto esquema de corrupción que involucra fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según el Ministerio Público, la causa también involucra al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. Ambos habrían presionado a un publicista, financiado por el BCIE, para otorgar un beneficio patrimonial indebido a un asesor cercano al presidente, con el fin de facilitar la compra de un inmueble.
El delito de concusión, tipificado en el Código Penal costarricense, sanciona con penas de entre dos y ocho años de prisión a funcionarios públicos que, abusando de su cargo, exijan o induzcan a terceros a proporcionar beneficios indebidos.
Hasta el momento, ni el Poder Ejecutivo ni el BCIE han emitido declaraciones públicas sobre el caso.
Además de esta causa, el presidente Chaves es investigado por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2022, donde se le vincula con la utilización de estructuras paralelas al margen de los controles legales establecidos por la legislación electoral. Más de 60 denuncias adicionales contra el mandatario se mantienen abiertas en distintas etapas del proceso judicial.
La causa penal fue enviada a la Sala Tercera por tratarse del órgano competente para juzgar a altos funcionarios, incluido el presidente de la República, según lo establece el ordenamiento jurídico costarricense.
