El Plan Nacional de Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI) fue fortalecido con presupuesto, trabajo de campo, coordinación institucional y procesos de diálogo en la Administración Alvarado Quesada para convertirse en la respuesta institucional a una problemática social, cultural y económica que supera los 40 años.
Tras la promulgación de la Ley Indígena en 1977, la normativa dictó la obligación del Estado de devolver a las comunidades todas las propiedades en posesión de personas no indígenas dentro de los territorios. Sin embargo, esta instrucción fue obviada por décadas, lo cual generó altas tensiones y violencia entre los habitantes de los territorios, con serias consecuencias culturales y económicas. No fue sino en el 2016, cuando nació desde el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) el Plan RTI para atender estas problemáticas.
Desde el inicio de su gestión, la Administración Alvarado Quesada priorizó este programa dentro de sus políticas de derechos humanos y, aparte de la rectoría del Inder, designó al Viceministerio de la Presidencia en Diálogo Ciudadano para dar seguimiento y cumplimiento a ésta y otras deudas históricas con los pueblos indígenas. Además, se destinó un presupuesto de ₡3.200 millones para iniciar la devolución de los terrenos.
Cuatro años después, el Plan RTI ha alcanzado a los 8 pueblos y los 24 territorios indígenas, con un intenso trabajo de campo que ha implicado enfrentar barreras geográficas y cubrir grandes extensiones de campo. Para darse una idea, solo el territorio de Alto Chirripó -una zona montañosa entre Turrialba y Matina- tiene una superficie superior a las 78 mil hectáreas.
Este trabajo ha dado importantes frutos, los cuales en grandes números se resumen en 4.983 documentos analizados, 208 mojones construidos y colocados, 7.777 censos realizados, 1.638 propiedades medidas y 310 expedientes conformados (cada uno de los cuales es un estudio por finca de todos aquellos ocupantes identificados como no indígenas).
Para cada expediente se realiza un procedimiento administrativo, atendido por un órgano director que es el encargado de dictar la resolución final, ya sea de indemnización o desalojo. Para los casos donde corresponda la indemnización, ésta se realiza amparada en el convenio de coordinación entre el Inder, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y el Ministerio de Hacienda.
Es decir, por primera vez, desde la promulgación de la Ley Indígena en 1977, el Gobierno cuenta con una lectura clara y registral de 310 propiedades identificadas, que deben pasar a mano de las comunidades indígenas. De hecho, 3 fincas en los territorios de Cabagra y Maleku han cumplido con todo el proceso, y actualmente solo se encuentran a la espera de una resolución de la Contraloría General de la República (CGR) para proceder con las devoluciones, tras una consulta elevada por la CONAI, que tiene paralizado el proceso.
“El Plan RTI es un trabajo institucional sin precedentes, de ir finca por finca, censar a las personas, revisar documentos registrales, comparar con las leyes y abarcar centenares de kilómetros en Buenos Aires, Talamanca, Guatuso y muchas otras partes del país. El proceso que hemos realizado permitirá que más de 300 fincas vuelvan a quienes siempre han sido sus verdaderos propietarios: las comunidades indígenas. Con esto esperamos fortalecer los procesos culturales, indentitarios, económicos y de convivencia y seguridad en los 24 territorios indígenas”, comentó el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola.
Por su parte, el presidente ejecutivo del Inder, Luis Diego Aguilar, afirmó que, “este plan nació en el Inder como respuesta a esa deuda histórica que tiene el país con los pueblos indígenas. Desde entonces, un total de 17 profesionales entre topógrafos y abogados se han dedicado a la titánica tarea de medir por primera vez y con las nuevas tecnologías, los 24 territorios indígenas de todo el país, un hito histórico que ya está dando resultados contundentes y medibles, pero que debe continuarse, para brindar esa seguridad jurídica que requieren los pueblos originarios”.
El Plan de Recuperación de Territorios Indígenas se mantiene vigente y continúa realizando trabajo de campo y administrativo en una buena parte de los territorios, por lo que el número de expedientes y de fincas podría seguir creciendo, para cumplir con la devolución de territorios a las comunidades.
