Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público continuaron esta tarde con las audiencias del expediente N.º 22145. Investigar todo lo relacionado sobre la toma de decisiones e inversión discriminatoria y selectiva de los recursos públicos por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para efectos de transferencia en el manejo de fondos públicos y analizar la pérdida de un arbitraje contra la empresa española Acciona Agua S.A. y por lo que le impusieron una multa de $6.701.732.
Los legisladores recibieron a Yolanda Salas Hernández, director experto, de la Dirección Gestión de Capital Humano y a Maribel Jiménez García, directora legal, Unidad Ejecutora PAPS Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados (AyA).
Salas explicó que en el AyA los nombramientos han cumplido con los procedimientos establecidos y no se han dado nombramientos ilegales, se ha encontrado carencia de criterio técnico, en lo establecido por parte de la auditoría de la institución.
La funcionaria indico que, el informe de Auditoria, no es consistente en que las personas nombras no cumplan con los requisitos establecidos. “No se nos ha dado orden de nombrar a nadie”.
El diputado Otto Vargas consultó sobre los nombramientos de personas que no cumplían requisitos, “no hemos nombrado personas que no cumplían con los requisitos como plantea la Auditoria”, afirmó Salas.
Sobre el informe de la auditoria el diputado Erick Rodríguez comentó que el mismo presenta serios problemas en la parte de reclutamiento y consultó si esto no revela una mala gestión del Área de Capital Humano.
A lo que la funcionaria aclaró que no es una mala gestión de la Dirección.
La legisladora Shirley Díaz consultó sobre el rubro de remuneraciones para el 2020 y Salas indicó que cerca de 2.000 millones.
Díaz se refirió a un informe de la Contraloría sobre el incremento de las contrataciones y las plazas dentro de la entidad.
Por su parte, Jiménez García comentó que en el caso de Acciona Agua, se dieron atrasos las obras, y problemas con los subcontratisas, la empresa reclamaba una cláusula por precios unitarios.
Se llego a un 30 por ciento de las obras, explicó la funcionaria.
“El tema de ACCIONA no fue un tema ajeno a la Gerencia, a la Presidencia y la Dirección Jurídica de la institución”, comento Jiménez. Relato que Yamilet Astorga se reunió con la empresa tanto en España como en el AyA, por “eso no es ajeno a las altas autoridades”.
Luis Fernando Chacón de Liberación Nacional consultó si pudo haber existido una conciliación entre las partes para evitar la demanda contra la empresa española que pierde el Estado y a quién le reportaba los problemas con la empresa Acciona.
Jiménez comentó que se emitieron dos criterios donde se señaló el tema de la conciliación y las diferencias con la empresa se dieron desde antes de firmar el contrato, “se pensó en disolver el contrato”.
La cláusula no se aplicó, la diputada Yorleny León afirmó que el AyA fue el responsable de no aplicar la cláusula, a pesar de ser una recomendación de la Dirección Legal.
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