Los legisladores de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación recibieron los criterios de la Contraloría General de la República sobre el expediente Nº 21424. modificación del artículo N° 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, que establece que los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo Nacional de Producción (CNP) todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta institución, a los precios establecidos. Para tal efecto, dichos entes quedan facultados para que contraten esos suministros directamente con el CNP, el cual no podrá delegar ni ceder, en forma alguna, esta función.
En el caso de las juntas administrativas y de educación de los centros educativos públicos, será opcional el acudir al Consejo Nacional de Producción (CNP) para comprar los suministros para los comedores estudiantiles.
La Contralora Marta Acosta señaló una serie de deficiencias en los servicios que brinda el Consejo Nacional de la Producción donde se desconoce el número de proveedores, existe un atraso en los pagos en el 92 por ciento de las facturas entre el 2019 y el 2021, no existe razonabilidad de los precios de compra al proveedor.
Afirmó que en el tema de las Juntas de Educación la compra de alimento no es ajena a la supervisión del MEP, donde se debe tener una coordinación entre los ambos. Existe falta de requisitos para conformar las juntas y se evidenció que la mayoría no han recibido capacitación, existen diferencias entre los gastos presupuestados, ausencia de información para la rendición de cuentas.
Sobre las Juntas la Contralora comentó también, que el país sigue teniendo pendiente una respuesta a los problemas de fondo como la falta de eficiencia del CNP y las funciones de las Juntas de Educación. “Las propuestas deben ser integrales para todas las instituciones del Estado”.
Sobre lo planteado debe ser enfocada sobre los servicios de aprovisionamiento por parte del MEP.
Está cumpliendo el CNP con el fin que fue creado consultó el diputado Wagner Jiménez, la contralora indico que se deben tomar decisiones de carácter integral, para solucionar los problemas que enfrenta la institución.
El legislador del PLN preguntó sobre los aparentes sobre precios por parte del CNP, pero la Contralora afirmó que no podría afirmar que existan sobre precios y que se esté lucrando.
Qué pasará con los 30 mil productores que le venden al CNP si se abren la compras por fuera de esta entidad y su la Contraloría ha realizado un análisis de precios, consultó el diputado oficialista Mario Castillo.
Si el CNP se hace más eficientes es probable que se le siga comprando a esta entidad, comentó Acosta.
Por su parte, la diputada del PAC, Catalina Montero comentó que si se abre el mercado las compras serían vía SICOP y ya no se verían beneficiados los pequeños productores.
“Ha quedado evidenciado un elevado sobre precio en algo tan sensible como los son los comedores escolares”, afirmó la legisladora Silvia Hernández.
MOCIONES 137
En la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación discutieron las mociones vía artículo 137 del expediente Nº 22333. Reforma a la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos.
La iniciativa crea el Catálogo Nacional de Trámites como un instrumento que estará constituido por todos los trámites, requisitos y procedimientos, ofrecidos por cada ente u órgano de la Administración Pública, que deban realizar los ciudadanos.
Para el caso de los instructivos, manuales, formularios, anexos y demás documentos correspondientes a un trámite o requisito, deberán estar publicados en el Catálogo Nacional de Trámites y exponerse en un lugar visible dentro del sitio web de la institución, debiendo cumplir de previo con el control regulatorio ordenado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Lo diputados aprobaron las 4 mociones presentadas que buscan que el Catálogo Nacional de Trámites será administrado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, quien velará por su correcto funcionamiento y deberá tenerlo disponible en su sitio web. Cada ente u órgano de la Administración Pública deberá mantener actualizada, de forma permanente y obligatoria, la información en esta herramienta digital, debiendo respetar las directrices, normas o resoluciones que para tales efectos emita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Sobre el argumento de silencio afirmativo se establece que para aplicarlo bastará—con que el administrado señale mediante declaración jurada rendida ante notario público, o firmada por el administrado en presencia del funcionario, o bien mediante documento electrónico con firma digital, indicando que la Administración no resolvió dentro del plazo correspondiente y cumplió con los requisitos para el otorgamiento de la solicitud realizada. En tal supuesto la Administración deberá emitir una resolución confirmatoria del permiso, licencia o autorización en aplicación del silencio positivo en el plazo de 2 días hábiles posteriores a la recepción de la declaración jurada.
Mientras que, en el tema de rectoría, se propone que el jerarca del MEIC rendirá un informe semestral al Consejo de Gobierno, sobre los avances en materia de simplificación de trámites y mejora regulatoria, con base en la información que le suministre la red de oficiales de simplificación de trámites.
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