Expresamos nuestra más rotunda oposición, como organización altísimamente representativa del conglomerado laboral de las municipalidades de Costa Rica, a lo que representa una nueva agresión a la autonomía constitucional del régimen municipal; esta vez, mediando un ataque proveniente de la Contraloría General de la República (CGR), imponiendo ésta un “crecimiento” de tan solo un 1.96 % de los presupuestos institucionales de cada gobierno local para el año 2022, con relación al que ha estado vigente para el presente año 2021.
La titular de la CGR, Marta E. Acosta Zúñiga, está dirigiendo carta-ordenanza a las 82 alcaldías municipales, basándose en el concepto ideológico de regla fiscal, estableciendo que “…para efectos de la formulación de los presupuestos ordinarios 2022, el crecimiento del gasto total (gasto corriente más gasto de capital) no podrá sobrepasar el 1.96 % con respecto al año 2021…”. Se invoca, entre otra cuestionable normativa, la Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como combo fiscal).
La indicada jerarca contralora, en su oficio, no tiene empacho alguno en indicar que obedece órdenes políticas del Ministerio de Hacienda para que, repetimos, la ideológica regla fiscal se les aplique a las municipalidades.
ANEP alerta a la comunidad institucional de las municipalidades de Costa Rica de la gravedad que implica la consolidación de esta directriz nefasta del ente contralor en contra del desarrollo socioeconómico de los 82 cantones del país, al restringir la inversión y el gasto de sus correspondientes municipios.
Desde el punto de vista obrero-laboral, 1.96 % de límite draconiano para el incremento presupuestario municipal para el año venidero 2022, implica altísimo riesgo de despidos, por una parte; y, por otra, práctico congelamiento salarial, sin descartar la eventualidad de riesgos de rebajas salariales.
Otro aspecto a resaltar es que la indica Ley 9635 está cuestionada por varias acciones de inconstitucionalidad que todavía tramita la Sala IV, precisamente porque ésta violentó la autonomía e independencia que la Constitución Política de 1949 le otorgó a los gobiernos locales; autonomía que, por cierto, también fue violentada, nuevamente, con el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, votado ya en primer debate por la actual Asamblea Legislativa y que, precisamente, está revisando el indicado tribunal constitucional de la República, en estos momentos.
Igualmente, la contralora Martha Acosta violenta una legislación específica que fue votada por el actual parlamento con la cual, precisamente por lo nefasto de sus implicaciones, se excluyó a las municipalidades de la aplicación de los aspectos de intervención financiera del Ministerio de Hacienda establecidas en la Ley 9635. Entonces, ¿en qué quedamos?
La señora Contralora Marta E. Acosta Zúñiga debe entender que la entidad que dirige ha venido perdiendo mucha legitimidad y credibilidad ante la opinión pública: ya no solamente por su “inactividad” (para decirlo con mesura), durante el desarrollo de lo que luego conoceríamos como caso Cochinilla, en el cual los multimillones involucrados pasaron por sus ojos y sus narices sin ver ni oler nada; sino que, ha recibido condenatorias judiciales por extralimitarse en sus funciones (casos ICE e INFOCOOP).
Condenamos la insensibilidad de la jerarca contralora Marta E. Acosta Zúñiga pues pone por encima de cualquier consideración social, su militancia ideológica en esto del fanatismo fiscalista del recorte fundamentalista del gasto y de la inversión públicas que, como nunca antes, se necesitan para incrementar un rol mucho más protagónico de los gobiernos locales en cuanto a reactivación económica e inclusión social.
Hacemos, finalmente, un vehemente llamado, a las autoridades políticas municipales (alcaldías y concejos), al personal de las mismas, a sus organizaciones, así como a las fuerzas vivas cívicas y comunales de cada cantón, para cerrar filas ante este nuevo ataque en contra de la autonomía constitucional de las municipalidades y de su mismísima estabilidad financiero-económica e institucional.
A la vez, apelamos a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), así como a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), para que dispongan de las diversas opciones que tienen para enfrentar el despótico mandato ideológico de la Contraloría, que es el del desprestigiado y desacreditado gobierno de Alvarado, pues se explicita que la orden política superior proviene del Ministerio de Hacienda.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
