La Contralora General de la República, Marta Acosta, señaló que el sexto presupuesto extraordinario para el 2021, los recursos se incrementan en 122.800 millones de colones.
Acosta explicó que con este proyecto se “materializa parte del esfuerzo del Poder Ejecutivo y Legislativo, en cuanto a la búsqueda de fuentes de financiamiento con mejores condiciones”, pero aseguró que le preocupa el aumento recurrente en la autorización presupuestaria que podría incrementar el déficit financiero, “siendo que para ello es relevante propiciar la reactivación económica y concretar acciones estructurales que lleven a las finanzas a una posición sostenible”.
Se dan aumentos en gastos, salarios y con esto se da un incremento en el déficit y el gasto corriente.
En el presupuesto se disminuye un total de 9.293 millones correspondientes a la rebaja del contenido presupuestario de 2.362 plazas vacantes al primer semestre del 2021.
El sexto presupuesto incorpora recursos de tres créditos el primero, tiene el objetivo de financiar el programa Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, del, Ministerio de Justicia y Paz (MJP), y los dos siguientes corresponden a préstamos de apoyo presupuestario que tienen por objetivo el reducir la deuda interna y amortizar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social.
El primero es el contrato de préstamo 4871/OC-CR suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $100.000.000. El segundo crédito corresponde a la aprobación del Contrato de Préstamo N° 9146- CR «Primer préstamo de política de desarrollo de gestión fiscal y de descarbonización», con el Banco Internacional Reconstrucción y Fomento y el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar el programa de gestión fiscal y de descarbonización”, por un monto de $300.000.000, donde el 90% de los recursos, ¢167.880.600.000, corresponden al Servicio de la Deuda y el 10% restante, la suma de ¢18.653.400.000 se transferirán a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), como aporte a las deudas identificadas y conciliadas para amortizar la Deuda del Estado con esa institución.
Y el tercero corresponde a la “Aprobación del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional a través de la facilidad de servicio ampliado del fondo (SAF) para el programa de apoyo para la recuperación postpandemia y la consolidación fiscal con un monto de $293.589.103.
El presupuesto también se incorporan recursos por ¢35.000.000, con el objetivo de cubrir el aporte de Costa Rica, posterior a la incorporación a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
En el Ministerio de Educación Programas de Equidad, se están incorporando recursos por un monto de ¢18.928.631.904.
En el caso del Ministerio de Salud, se suman recursos por ¢14.970.720.000, que serán destinados a la adquisición de dos millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 y los insumos necesarios para su aplicación, a la empresa Pfizer.
La presidenta de la Comisión consultó sobre lo señalado por el jerarca de Salud de que parte de estos fondos irían a la CNE, ya que parte de los fondos fueron gastados.
Ya se ha utilizado en el pasado al amparo de la Ley de Emergencias, explicó Acosta.
Por su parte, el diputado Otto Roberto Vargas consultó sobre la deuda del MEP con la CCSS y la forma en que se girarán los fondos.
La Contralora señaló que no se le está dando un seguimiento a ese tema, pero que los pagos deberían ser directos con la Caja.
La diputa María Inés Solís consultó sobre la cláusula de escape de la regla fiscal por parte de varias instituciones. Acosta señaló que la Contraloría está realizando una auditoria para revisar si los gastos están acorde con la emergencia y lo señalado por la Comisión Nacional de Emergencias.
El congresista Erick Rodríguez consultó si considera como un problema de planificación que ya se presentaran 6 presupuestos extraordinarios, a lo que la Contralora señaló que no todo es improvisación, pero si es preocupante el tema de planificación.
Los legisladores acordaron enviar al archivo el expediente N.º 21.716. Adición de un nuevo capítulo IV al Título IV del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 de 3 de mayo de 1971 y sus reformas.
Y se aprobó un texto sustitutivo, que luego fue dictaminado de manera afirmativa el expediente N.º 21.801. Adición de un nuevo inciso 8 al artículo 3, y reforma del artículo 27, del artículo 1, del título I, Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley NO. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 03 de diciembre de 2018 y sus reformas.
En la iniciativa se incorpora en lo referente al Valor Agregado que en el caso de las ventas de bienes o prestación de servicios, de contado, el impuesto debe pagarse al momento de presentar la declaración.
Y en las ventas de bienes o prestación de servicios, a crédito, el contribuyente deberá pagar el impuesto respectivo una vez cumplido el plazo del crédito otorgado en la factura, y en caso de recibir el pago de la factura en un plazo menor, deberá proceder a realizar el pago del impuesto.
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