El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá considerar el criterio de la Procuraduría General de la República que reveló que es competencia del Consejo de Seguridad Vial establecer el procedimiento de contratación y decidir sobre la adjudicación del servicio de revisión técnica vehicular.
Este es el criterio expresado por la Contraloría General de la República incluida en el informe DFOE-DEC-1978 del 16 de agosto, el cual previene al MOPT en el sentido de que debe observar lo manifestado por el órgano procurador.
Para la diputada Carolina Delgado, la respuesta de la Contraloría da validez al argumento sobre el proceder ilegal que ha impulsado el propio Ministro de Transportes, desde cuya cartera ha liderado el proceso para adjudicar el servicio bajo la figura de uso en precario.
“Somos un país de derecho y como tal, debe respetarse el marco normativo que rige las actuaciones de la Administración Pública. La forma en que ha procedido el MOPT es ilegal porque no le corresponde a él ni al Ministerio asumir la función de adjudicación del servicio de revisión técnica. Esa es una labor que debe emprender el Cosevi y es algo que no ha ocurrido”, manifestó la diputada Carolina Delgado.
Esta situación provocó incluso la renuncia del exdirector del Cosevi Olman Vargas a la Junta Directiva del Cosevi al verificar la falta de información aportada por el Ministro sobre la decisión que ya el jerarca había adoptado sobre el proceso de adjudicación.
En dos pronunciamientos sobre el tema, la Procuraduría determinó que la revisión técnica es una competencia desconcentrada del Cosevi y criticó la figura de autorización de uso en precario en vista de que se trata de un servicio que, por sus características, debe adjudicarse por medio de un concurso público.
Posibilidad de proceso contencioso
Ante la respuesta de la Contraloría, la diputada Delgado envió oficios al Ministro del MOPT Luis Amador y a la directora del Cosevi Cindy Coto solicitando información sobre las acciones correctivas del acto administrativo viciado de nulidad y las eventuales medidas sancionatorias.
En el criterio de la Contraloría General se determina que, por las características de la figura de permiso de uso en precario que determinó el Ministro, lo procedente para establecer alguna medida cautelar sobre el acto administrativo es interponer un proceso en la vía contencioso administrativa.
En el oficio enviado al Cosevi, por parte de la legisladora, se plantea la posibilidad de acudir a esta vía, en caso de que no se adopten medidas a lo interno de esta dependencia, sobre el proceso que se ha llevado a cabo.
“La improvisación puede pasarle una factura cara al país. A futuro, si no se toman las medidas del caso, podríamos exponer al Estado a demandas que pueden resultar un perjuicio grave que todas y todos los costarricenses tendríamos que asumir y eso es lo que queremos evitar. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y actuar con criterio de oportunidad”, señaló la diputada Carolina Delgado.
Mientras este tema se resuelve, la legisladora propone avanzar con el conocimiento del proyecto 23.232 Amnistía Temporal en la Aplicación de la Revisión Técnica Vehicular para establecer una amnistía temporal en el cumplimiento del requisito de la revisión técnica para que no se apliquen multas a los dueños y dueñas de vehículos automotores, mientras este servicio no esté adjudicado y en operación.
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