Marta Acosta, Contralora General de la República, señaló ante la Comisión de Ingreso y Gasto a Acueductos y Alcantarillados como el responsable en los atrasos de la construcción del alcantarillado metropolitano.
Respecto al proyecto manifestó que aumentaría a un 65 por ciento la población con acceso a alcantarillado sanitario para incidir en las mejoras ambientales y salud pública de la ciudadanía.
Recalcó que al 2004 el costo de las obras era de 250 millones de dólares y al 2020 aumenta a más de 490 millones de dólares lo que significa que casi se duplica su costo y las obras presentan problemas de avance.
Detalló que la Contraloría realizó tres auditorias en el proyecto entre los años 2011, 2016 y 2020 que evidenciaron problemas de avance financiero de las obras, atrasos en los desembolsos de los recursos del crédito y dilación en las fuentes de financiamiento entre otros
En el 2020 detalló se demostraron atrasos de más de seis meses para la finalización de las obras de los tres proyectos más importantes localizados en la zona norte del área metropolitana
La Contralora aseguro que AYA no advirtió por limitaciones en insumos relevantes durante la revisión y aceptación de la propuesta del diseño lo que provocó modificaciones para cumplir con el alcance requerido.
La Contralora expresó que los planes de saneamiento para el manejo adecuado de aguas residuales del país se requieren más de seis mil millones de dólares para mejorar alcantarillado y saneamiento de aguas residuales
Añadió que durante el 2020 se invirtieron solamente 19 mil millones de colones, lo que representa apenas un 15% de lo que se necesita lo que aseguró refleja las grandes necesidades de inversión para mejorar el manejo de aguas residuales que requiere el país.
El diputado Luis Fernando Chacón Monge enfatizó que el saneamiento ambiental es una deuda que se tiene con el país y enfatizó el impacto de las aguas residuales en el rio grande de Tárcoles.
Llamó la atención sobre el proyecto el cual aseguró debió haberse planificado para que se invirtiera de forma adecuada los recursos para contar con un mecanismo efectivo para el tiramiento de las aguas.
Por su parte el diputado Erick Rodríguez Steller consultó a la contralora sobre las acciones que realiza la institución tras los problemas detectados en las auditorias realizada a las obras para sentar las responsabilidades.
El legislador Carlos Ricardo Benavides Jiménez expresó que, aunque se perdieron muchos recursos, la decisión de rescindir o no un contrato tiene grandes consecuencias y eventuales responsabilidades.
Por ello consultó a la Contralora si el país cuenta con los instrumentos para tomar las decisiones correctas en casos como el de la realización de las obras del alcantarillado sanitario.
