La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos dictaminó de forma afirmativa el Expediente 22750 que establece una legislación para mejorar las capacidades de la Contraloría General de la República para constatar la veracidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
La diputada Rocío Alfaro Molina manifestó que con estos nuevos instrumentos legales se fortalece la transparencia en el ejercicio de la función pública de tal manera que «se use para servir no para servirse».
Audio diputada Rocío Alfaro Molina
Alfaro comentó que con este expediente se establece que el Banco Central informe con control cruzado las composiciones de las personas jurídicas y la fecha a partir de la cual, los nuevos funcionarios formaron parte de ellas y cuando dejaron de serlo.
Añadió que se podrá así determinar omisiones que se convierten en opacidades, que permitan violar los controles de los funcionarios públicos.
El proyecto establece que, para efectos de la constatación de la veracidad de las declaraciones, la Contraloría General de la República (CGR) deberá informar al Banco Central de Costa Rica (BCCR), al menos una vez al año, los nombres y cédulas de todas las personas funcionarias obligadas a realizar la declaración patrimonial,
El Banco Central en plazo máximo de 10 días hábiles, deberá reportar a la CGR un informe que detalle las personas o estructuras jurídicas en las que las personas funcionarias aparezcan como accionistas o beneficiarias finales, de conformidad con la información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales. La información que reciba la CGR será de carácter confidencial frente a terceros.
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