Evasión a responder concretamente del Presidente de la República y la Ministra de Salud, dieron esta semana una clara y fuerte señal de que no se pueden referir a los efectos adversos y los riesgos contra la vida de los costarricenses como consecuencia de las inoculaciones experimentales, cuya información es pública, pero que al parecer el Poder Ejecutivo y sus dependencias no podrían referirse al tema, esto le cuesta miles de millones de colones de los impuestos aportados. En opinión, «pagamos la fiesta pero no podemos opinar».
La consulta al Mandatario fue una pregunta cerrada «¿puede propiciar un debate público técnico-cientifico entre la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y el grupo Bicentenario?», pero la respuesta del mandatario no fue de sí o no, sino que desvió el tema a que ya se dio un debate en la Asamblea Legislativa, pero los legisladores no debatieron con la Ministra de Salud, se dio una comparecencia sobre el manejo de la pandemia, pero la misma Ministra indicó que el contrato la limitaba a responder, por contener la lista de los efectos adversos.
En la respuesta del mandatario, se le agrega que hay personas que son alérgicas a un maní, a una acetaminofén, pero en este caso se está obligando a todos… el mandatario interrumpe y dice: «Si son altamente alérgicas», es como obligar a quien es alérgico al maní a tener que comerlo, hasta cuatro veces si es necesario.
En la lectura de información pública de dos diputados de Nueva República, se deja claro que la soberanía costarricense ya no está en manos de los Poderes de la República, sino, que mediante un contrato que puede ser ocasional de muertes en Costa Rica no se puede investigar, sin embargo, leyendo entre líneas de lo dicho por la Ministra de Salud, los efectos adversos están en el contrato y no se puede referir al tema, pero el mismo diputado lee los efectos de la sustancia experimental que es ABORTIVA, y que produce MIOCARDITIS y PERICARDITIS.
En la lectura del documento oficial de Pfizer «Hoja Informativa para Proveedores de la Salud de Pfizer» que por cierto se entrega a la CCSS, la version del 2 de Enero del 2022 …
Esto es una clara señal de que el consentimiento informado, el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la salud, y principalmente el derecho de acceso a la vida se han limitado a un contrato entre una empresa farmacéutica y el gobierno, pero no podremos darnos cuenta por qué el contrato no se puede hacer público.
GRAN CHORIZO CON FONDOS PÚBLICOS SE PODRÍAN HABER BLINDADO CON UN DECRETO DE EMERGENCIA QUE ATENTA CONTRA LA VIDA
Ahora, como nuestro país es democrático en la teoría, es el pueblo el soberano quien decide en temas mayores, ejemplo, cuando se intentó vender el ICE, se requirió un referéndum dado que el popular se lanzó a las calles, pero en este caso el soberano (pueblo) está pagando un contrato que desconoce, que lo obliga a consumirlo y para finalizar no puede conocer si le va a costar la vida o no, donde incluso, la Ministra de Salud dice que es la CNVE quien puede eliminar la obligatoriedad, ya que de hacerlo el Poder Ejecutivo realizarían prevaricato.
Un ejemplo claro es que el grupo Bicentenario demostró que la formula para niños y jovenes termina sus Estudios Clínicos en el 2024, por lo que al estar en etapa experimental es el CONIS quien debe dirigir las directrices de estos productos y no la CNVE, según el Reglamento 31078-S «Reglamento para las Investigaciones en que Participan Seres Humanos».
En el siguiente link puedes verificar que la FDA/CDC indica que estamos en etapa experimental: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643?spons=Biontech&draw=2
Pero en Costa Rica se han presentado otros casos, como los prestamos del FMI y el Tren Eléctrico, debates que se evitaron con el pueblo, tal como ahora se evita con el tema del debate técnico cientifico, y que hoy llevaron al gobierno de Chaves a revisar el conocido parque de actividades que no cumplía con requisitos para funcionar, así como llevar el tren a ese lugar.
Ahora, no ha existido contrapesos a estos posibles abusos del ejercicio del poder, donde una sustancia es la que decide quién vive y quién no, ya que se han ocultado los efectos adversos que ya las autoridades conocían, y no se informó a los costarricenses, faltando a principios ontológicos ya contemplados en los acuerdos internacionales de Costa Rica que debe respetar el derecho a la vida, y a no someter a las personas a sustancias experimentales, lo cual es materia del CONIS (Consejo Nacional de Investigación en salud) del Ministerio de Salud, pero su nombre es ausente en toda esta historia.
Es el CONIS y no la CNVE quien debería estar detrás de estas sustancias, no solamente verificando que ninguna persona sea sometida en forma obligatoria, sino de frenar el avance en caso de existir afectaciones contra la vida, tal como lo establece el código de Núremberg, principio de fundamento de la CCSS, que en éste caso parece que se ha dejado en el olvido.
¿Ha cometido delitos de lesa humanidad los políticos de Costa Rica? Es muy posible, no lo sabremos hasta realizar un debate científico, y demostrar que aun con conocimiento de los efectos adversos de la sustancia, no se alertó a los costarricenses de que la sustancia es abortiva, y que su contenido puede ocasionar la muerte o efectos adversos que atenten contra la dignidad humana.
Lo que sí queda claro, es que el contrato cierra la boca a un mandatario constitucional por elección popular, y cierra la boca de una Ministra que debe velar por la salud de todos los costarricenses, pero que se basaron en un contrato bajo un estado de emergencia que ya ha sido levantado, pero que dicho decreto de estado de emergencia nunca fue respaldado ni demostrado.
La misma CNVE dijo que el «fundamento de las medidas sanitarias fueron con la intención de que todos se vacunaran, y no bajo un concepto científico», en otras palabras, el miedo de un grupo hizo que todas las medidas de seguridad establecidas por décadas en nuestro sistema de salud y sistema de administración de justicia fueran violentados sin justificación válida para la ciudadania.
Pero, a esto, es importante sumarles los miles de millones de compras, persecuciones, cierres de negocios, agresión policial, entre otros que incluso podrian valorarse si se toman como«terrorismo de estado» con manu militari.
Aclaramos, que no buscamos ensuciar la imagen de las autoridades de Seguridad, pero en esta área también se configuran movimientos del gobierno que dejan muchas dudas.
Debemos de recordar que el Ministro de Seguridad fue el Director de la DIS, y el segundo al mando de la esta misma dirección; pasó a ser el primero, ellos han estado en el Gobierno PAC mientras los hechos de los vídeos anteriores ocurrieron, pero ahora se unen al ex director de la Escuela Nacional de Policías, trasladado a Fronteras cuando se dio el robo de ARMAS, por lo que consultamos a CASA PRESIDENCIAL si esto podría generar un conflicto de intereses, pero ni siquiera nos dieron confirmación de recibido por whatsapp, ni por correo electrónico, lo que aumenta aún más la desconfianza a estos movimientos.
Recordemos que el actual Ministro era el Director de la DIS en durante el caso UPAD y el hackeo de las empresas públicas, y que ya existía alerta desde meses atrás.
Al tratar de hacer llegar información de información, que nuestro medio considera importante, al Presidente de la Repúblia, nos encontramos que solo gente del PAC y del PLN están al rededor del mandatario, por lo que hablamos con la Ministra de Comunicación en ese momento, ya que respuestas evadidas para investigación de posibles actos de corrupción en el Ministerio de Seguridad Pública no fueron respondidas, cuando el periodista Jaime Sibaja era el jefe de Prensa de dicho Ministerio, pero que a principio de gobierno lo vemos al lado del mandatario Rodrigo Chaves.
Esto fue parte del documento que intentamos hacer llegar al mandatario, pero al no poder hacerlo de forma directa, quitamos información importante.
Semanas después despiden del Ministerio de Comunicación al periodista y a la secretaria de dicho ministerio, y posteriormente la Ministra de Comunicación sale del gobierno, por razones desconocidas, a la fecha la exministra Patricia Navarro no ha accedido a una entrevista con CRprensa.com, pero si lo ha hecho con otros medios, por lo que desconocemos si fue nuestra información la que ocasionó dicha salida.
Lo que sí queda claro es que el país está siendo manipulado, tal como lo ha denunciado el mandatario, la evasión a responder concretamente es una clara muestra de que existen otros factores como el contrato que pueden cerrar la boca de un representante del pueblo, y que podríamos estar a expensas de esos grupos que al parecer están entregando la democracia de nuestro bello país ante el silencio de TODAS las autoridades, ¿a dónde podemos acudir los costarricenses? Pues creo que en este caso, a la autodefinición como pueblo, a organizarnos para establecer algun método de llevar a la cárcel a los políticos y funcionarios corruptos que le han perdido miedo al pueblo.
Los actos más grandes de corrupción han quedado sin responsabilidad en Costa Rica, todo pasa ante las autoridades del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, que como resultado arroja la penetración del narcotrafico y la corrupción en la administración pública, demostrando que no pudiéron protegerse ellos mismo, ¿cómo van a proteger a los costarricenses?.
