Coopesalud aclara: proceso de anulación de contratos se da por supuesta ausencia de estudio, no por sobreprecios

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Coopesalud aclara a la opinión pública que el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja señala el inicio de un procedimiento de nulidad absoluta sobre  la Licitación n.º 2023LY-000002-0001101142, situación que no implica la anulación inmediata de la contratación de servicios de tercerización de nueve áreas de Salud.

Asimismo, consideramos urgente dejar claro que esta decisión no se da por las acusaciones de supuestos sobreprecios ofertados, como se ha inducido de forma errónea mediante denuncias que se ventilan actualmente en el Ministerio Público.

Lic. Sergio Castillo, abogado de Coopesalud

En Coopesalud somos respetuosos del acuerdo de la Junta Directiva, por lo que continuaremos administrando y brindando el servicio hasta del contrato actual y en función de garantizar la continuidad del servicio, participaremos en el proceso de contratación de urgencia planteado por la Institución.

Coopesalud ejercerá su defensa en el procedimiento administrativo en el momento oportuno.

Cabe recordar que la Contraloría General de la República (CGR), mediante la resolución R-DCP-SICOP-01606-2024, anuló la adjudicación correspondiente a la partida n.º 3 de la Licitación n.º 2023LY-000002-0001101142 por considerar que existía un defecto en el estudio de razonabilidad de precios.

Dado que ese mismo estudio sirvió de base para las otras nueve partidas, la Junta Directiva de la CCSS ha ordenado abrir un procedimiento administrativo para evaluar la posible nulidad absoluta de dicho acto de adjudicación.

Este procedimiento no anula automáticamente la licitación ni el acto de adjudicación de las demás partidas. Se designará un órgano que dirija el proceso y notificará a cada adjudicado, garantizando su derecho de defensa.

La CGR no cuestionó la supuesta existencia de precios excesivos, sino la falta de un “estudio de mercado”. Mientras no exista una declaratoria de nulidad firme, los contratos adjudicados continúan vigentes y deben respetarse. Una vez concluido el

procedimiento administrativo, la CGR deberá analizar el caso en su totalidad y emitir dictamen final.

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