Coopesalud celebra anuncio de Fiscalía General de continuar Caso Barrenador y denuncia a Fiscalía de Probidad por manejo de la información

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Coopesalud celebra el anuncio de la Fiscalía General de continuar con el caso Barrenador, más allá de la inmunidad que pueda adquirir la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, señora Marta Esquivel.

El Código Procesal Penal señala, en su artículo 400, la obligación de separar del procedimiento a los miembros de los supremos poderes, sin que se afecte la continuidad del proceso para las demás partes.

  • Inmunidad de expresidenta de la Caja no es razón para frenar investigación que evidenciará daño al proceso de prestación de servicios por parte de las cooperativas de salud
  • Cooperativa señala manipulación del Área de Contabilidad de Costos de la Caja y solicita se gestione adecuado informe pericial-contable
  • De por medio está la seguridad jurídica y la continuidad de los servicios de salud para más de 587 mil costarricenses

Para Coopesalud resulta imperativo que el Ministerio Público prosiga con la investigación del denominado Caso Barrenador hasta las últimas consecuencias, sin que se congelen los procesos de investigación, a fin de que se pueda limpiar el daño reputacional que se ha provocado a las cooperativas de Salud y que se demuestre la manipulación con que se pretende ocultar el ahorro de más de ¢55 mil millones para la Caja.

“El que se continúe con el proceso permitirá realizar las pericias necesarias para determinar, de forma técnica, la verdad real de lo sucedido, pues, lejos de los supuestos sobreprecios señalados por el Área de Contabilidad de Costos, lo cierto es que las ofertas adjudicadas a las cooperativas generan un ahorro millonario a la institución” afirmó el abogado de Coopesalud, licenciado Sergio Castillo.

Lo anterior, ante la importancia y el interés público que reviste la adjudicación de 138 Ebais en 10 Áreas de Salud, que impactan directamente sobre el derecho de acceso a servicios de salud para 587 mil personas.

“Paralizar la investigación, dejaría instalada la idea de que habría existido un precio excesivo e irregularidades en el proceso de adjudicación de las Áreas de Salud, lo cual es falso, tal como se demostrará con una adecuada pericia financiero contable” agregó Castillo.

Denuncia contra Fiscalía de Probidad

Asimismo, el equipo jurídico de Coopesalud presentó una denuncia en contra de la Fiscalía de Probidad ante la Inspección Fiscal; esto frente al manejo de prueba secuestrada, relacionada con una versión preliminar (más del 90% del contenido) del Estudio de Razonabilidad de Precios elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la Caja.

En la reciente comparecencia ante la Comisión Especial Legislativa que investiga el proceso de contratación de servicios con las cooperativas, los funcionarios del Área de Contabilidad de Costos de la Caja aceptaron la existencia de dicha versión preliminar, pero evitaron referirse a su autoría, en vista de la investigación en curso.

“La Fiscalía de Probidad calificó de falsa la prueba en formato físico, sin que mediaran pericias de expertos en materia técnico-financiera y sin que se revisara su versión digital, con lo cual se indujo a confusión a la opinión pública, y causó un daño más a nuestra reputación” señaló Castillo.

El abogado recalcó que la actuación de la Fiscalía de Probidad, al emitir un criterio subjetivo, sin que medie un estudio técnico competente y que, además, no consta en el expediente, violenta el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el 295 del Código Procesal Penal; así como directrices internas de la Fiscalía General.

La cooperativa insiste en que una investigación a fondo en la que se analicen, de forma técnica y objetiva, los elementos contables a la luz del pliego de condiciones del proceso licitatorio 2023LY-000002-0001101142 y demás documentos relacionados con el caso, dejará al descubierto la verdad real de los hechos.

Ante ello, Coopesalud, que acumula 36 años de prestación de este tipo de servicios, reitera su confianza en que el proceso, ahora a cargo de la Fiscalía General, se llevará a cabo de forma proba e independiente, sin sesgos políticos ni ideológicos que distorsionen los hechos investigados.

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