En audiencia con la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Orlando Aguirre Gómez y la magistrada Patricia Solano Castro, vicepresidenta de la Corte, expresaron el desacuerdo de la institución judicial respecto al expediente que reforma el Código Procesal Penal.
El presidente de la Corte dijo que la mora judicial también les preocupa a los magistrados. Se han hecho reformas procesales y del actual sistema. También se podría trabajar en conjunto con la Asamblea en atacar la mora en todas las áreas del Poder Judicial.
La magistrada Patricia Solano dijo que hay procesos que han durado más de diez años, los operadores del sistema lo atrasan y en el Poder Judicial se ha trabajado en todos los campos, como el edificio de los tribunales se hace con recursos propios. El diputado José Francisco Nicolás Alvarado pidió que se haga público quién les pasa la tijera a los tribunales.
Esta iniciativa de ley tiene como objetivo el incidir en causas endógenas de la retardación de justicia, esto es, la interpretación errónea e inobservancia de normas legales.
Los artículos. 336, 360 y 364 del Código Procesal Penal, Ley 7594 del 10 de abril de 1996, han sido interpretados erróneamente o no han sido debidamente observados en la práctica, causando con ello que se atente flagrantemente contra el principio de inmediación, el más importante del juicio penal, y se propicie además la retardación del proceso. En la reforma que se propone en este proyecto de ley se trata de hacer valer el principio de inmediación rescatando la debida concentración de los actos del juicio y de la sentencia.
El presidente de la Corte manifestó que la reforma al Código Procesal Penal sí afectan el funcionamiento judicial. Estas propuestas pueden rondar en atrasos en el procedimiento, dado que no solo dependen de los jueces sino también de todas las partes si se dan muchas repeticiones en las audiencias.
La propuesta puede incluir nulidades en las audiencias. La magistrada Patricia Solano Castro, vicepresidenta Corte, dice que siempre ha sido jueza de oficio, Nos preocupa este proyecto. Interviene en las formulaciones en temas como en la mora judicial, sin embargo, la propuesta no tiene lógica, porque el principio de continuidad de las audiencias preocupa, que los procesos solo pueden suspenderse por varios días. Alarma que los jueces tengan varios debates a la vez.
Patricia Solano Castro, vicepresidenta Corte, informó que todos los acontecimientos con motivo de la pandemia llevaron a años de atraso. Cuando se anulan los juicios por más años de lo esperado. La propuesta no tiene la conveniencia de continuidad de las audiencias y la severidad, la concentración que se produciría en los tribunales por varios debates que se verían suspendidos por la gran diversidad de temas.
Hay un control para el funcionamiento adecuado de los tribunales de juicio. La propuesta es que cuando se ha producido por más de diez días habría que suspenderlo. El costo económico es otro motivo de atraso, cada día es más alto en los juicios por todos los actores que intervienen, desde el personal de transportes hasta los fiscales. No se imagina la repercusión económica por esta circunstancia.
La magistrada Patricia Solano Castro, dice que juicios se han anulado porque se rompe el principio de continuidad. Se hacen estudios económicos en cuanto a la efectividad. Se han presentado propuestas de modificación al Código Penal. La propuesta dice que seguirá a los jueces un procedimiento por incumplimiento de deberes. También dice la propuesto hay que hacer los juicios de seguido definir dónde se van a albergar y los costos con plazos de por la continuidad al estilo inglés. No están articulados los momentos procesales. Las modificaciones tendrían incidencia muy seria por los costos económicos que tendría el sistema. Cada debate es una persona en la que la libertad está en juego.
Diputada Gloria Navas dice que el planteamiento de la Magistrada está apegado a lo real. Dice que tuvo un caso de tramitación compleja. El trabajo de los jueces, el traslado, todo eso atrasa el proceso. La Corte hace esfuerzo con las limitaciones de la corte y se ocupa una reforma integral.
La diputada Rocío Alfaro Molina dice que el expediente denota falta de conocimiento de la realidad en que se trabaja en los tribunales para ampliar la cantidad de notificadores, de jueces, cuál es el camino para corregir la mora judicial. La magistrada dice que en materia penal el problema son las instalaciones, por ejemplo, en Pavas se está en un edificio alquilado. No se trata de solo nombrar jueces, los últimos edificios se han hecho con recursos de fideicomiso con el Banco de Costa Rica. El diputado José Francisco Nicolás Alvarado agregó que deben atenderse lo largo que duran los juicios y preguntó cuántos jueces se han sancionado por mora. Solicitó una reforma integral.
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