Como una radiografía donde se vislumbra el peor escenario, así se vive la actualidad del país en términos del crecimiento de la violencia; según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solo en los primeros dos meses del 2023, se contabilizaron 142 casos de homicidios.
Estos hechos delictivos dejaron a enero de 2023 como el más violento (76 asesinatos) en la historia de Costa Rica. Sin embargo, esta tendencia se viene arrastrando desde el 2022, cuando la tasa de homicidios registró un número histórico de 12.6 por cada 100 mil habitantes (656 homicidios), un incremento del 11,56% respecto al 2021.
Estas estadísticas alarman a las autoridades y tipifican los hechos con un alto grado de crueldad; la mayoría de los casos están asociados con ajustes de cuentas vinculados con el tráfico de drogas, luchas por territorios y víctimas secundarias de estos procesos, pero también con robos, asaltos, así como feminicidios y se visibiliza una mayor violencia contra infantes, en donde están involucrados otros factores.
“Estamos viviendo luchas entre bandas de crimen organizado. Si ustedes ven la estadística, el principal motivo de los homicidios es lo que se conoce popularmente como ajustes de cuentas, que generalmente están relacionados con la lucha entre bandas criminales que quieren obtener el control de plazas para vender drogas”, enfatizó el fiscal general, Carlo Diaz.
Para el Programa de Análisis de Coyuntura, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), en cualquiera de los escenarios hay una gran cantidad de elementos socioculturales, políticos y económicos vinculados, pero todos relacionados con lo que podemos llamar la violencia estructural que se resume en cada una de las acciones que el Estado, como garante de los derechos humanos de la población y la paz social, ha dejado de ejecutar para crear condiciones de vida dignas de la población.
Falta de oportunidades
Según un análisis del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, la pobreza y la escasez de oportunidades de empleo fue un factor determinante en los cantones del país que sufrieron un incremento sostenido en la tasa de homicidios de la última década.
“Debemos entender que las malas condiciones de vida a las que se enfrentan los habitantes permiten la entrada del narcotráfico y del crimen organizado, que conducen eventualmente a la violencia. Estos cantones necesitan una política robusta de educación, generación de empleo y asistencia social”, señaló Ennio Rodríguez, presidente de dicho Colegio.
Para la investigadora y socióloga de la UNA, Claudia Palma, las personas que se insertan en esta dinámica del tráfico no son las más pobres del país, sino las provenientes de las condiciones más desiguales en el acceso a la educación y el trabajo. “Es un grupo de personas, cada vez más jóvenes, que encuentran en la dinámica del tráfico, una forma de suplir las necesidades insatisfechas que el sistema les demanda; un espacio de reconocimiento y poder, y una forma de emular una cultura de las narconovelas, que no podemos negar su influencia en las formas de entender y representar el mundo”, indicó Palma.
Por otro lado, si se habla de la falta de oportunidades en educación y trabajo, es porque el Estado ha dejado de estar presente en la creación de condiciones dignas para toda la población, haciendo más grande la brecha entre quienes acceden a educación de calidad, a trabajos de calidad y una vida de calidad. La educación y el trabajo están territorializados, así como las zonas desiguales, que coinciden con la mayor falta de trabajo e inversiones privadas en el mismo trabajo y en la educación.
Sobre esta línea, el economista y director del CINPE-UNA, Olman Segura, menciona que “deben hacerse grandes esfuerzos para generar oportunidades a la juventud y a la niñez, para que encuentren formas de salir de la pobreza, de integrarse con la familia, con la sociedad y que eviten esas condiciones tentadoras de buscar el dinero fácil y de caer en manos del hampa y del crimen organizado, que los buscan y son presa fácil del mismo por su condición”.
¿Qué estamos haciendo cómo sociedad y país?
Para el sociólogo y politólogo, Carlos Carranza, Coordinador del Programa Análisis de Coyuntura de la UNA; “Costa Rica se ha convertido en un país que se preocupa más por el encarcelamiento que por la creación de oportunidades, que ha dejado de invertir en seguridad y que no cuenta con una verdadera política de paz que se arraigue en las comunidades, en las escuelas, en los medios de comunicación de todo el país, no sólo de las zonas más desprotegidas, donde confluyen los elementos políticos y económicos de las decisiones de cada gobierno para la inversión en el tema.”
Como país estamos claros que hace falta una política clara de seguridad ciudadana, donde el Estado tome parte de la situación, empiece a fortalecer todo el sistema e involucre una justa prevención del delito.
El economista Segura pone como ejemplo de mejora volver a las prácticas de vigilancia en los alrededores de las escuelas y colegios, que se estaba haciendo antes y que ahora se ha reducido, además de invertir en la educación con charlas y visitas de organizaciones para que hablen en contra de las drogas, en contra de estos problemas y la recuperación de los espacios públicos.
“Los esfuerzos no pueden ser aislados a unas dinámicas comunales que se preocupan por su vida cotidiana, o de algunas instituciones como las universidades y algunos medios de comunicación, que sacan el tema a discusión o tiene proyectos de acción social; la responsabilidad es lo que hace y deja de hacer el aparato estatal conducido por los gobiernos de turno”, describe el Programa Análisis de Coyuntura, Sociología UNA.
La violencia en el país, como analizan los expertos del tema, se encuentra en una condición crítica, de la cual se requiere asumir responsabilidades y no tratar de evadirlas. La educación y el trabajo deberían de ser el camino digno para que Costa Rica sea el país de paz del que nuestra cultura popular e internacional tanto se jacta.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
