Hoy 20 de noviembre es una fecha de gran trascendencia y significado. Hoy hace 34 años, la comunidad internacional reunida en la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño.
Se trata del instrumento internacional de derechos humanos más ratificado en la historia. A la fecha, 196 Estados la han ratificado. En Costa Rica, fue aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 1990. Desde entonces, el mundo ha sido testigo de avances significativos en la situación de la niñez y la adolescencia. En el ámbito jurídico, el cambio más relevante es el paso de la concepción de los niños y niñas como objetos de protección y tutela, a su reconocimiento como sujetos de derecho, personas con derechos propios, independientes de los de las personas adultas. En lo social, la Convención les confiere un papel protagónico en la construcción de su destino y de sociedades más justas y equitativas de acuerdo a su edad y grado de madurez.
Con la aprobación de la Convención, los Estados asumen una serie de obligaciones ante la comunidad internacional y para con la niñez y la adolescencia. Entre estas, garantizar la primacía de su interés superior en la adopción de las decisiones y medidas, de todo orden, que les pudiera afectar de algún modo, sin distinción alguna, independientemente de la raza, sexo, idioma, religión, o cualquier otra condición propia o de sus padres o responsables. En función de ello, los Estados deben revisar su marco normativo, con el fin de adecuarlo.
Algunos de los principales derechos reconocidos por la Convención son el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho a la protección contra toda forma de abuso, mal trato, negligencia o explotación; el derecho a expresar libremente sus opiniones y a ser escuchados; al nivel más alto posible de salud; a una educación de calidad; a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
En Costa Rica, el proceso de revisión y adecuación del marco jurídico ha generado un importante cuerpo normativo: la aprobación de una nueva Ley Orgánica del PANI, la Ley de Justicia Penal Juvenil; entre otras. El más representativo es el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado en 1998. El Código, recogió en su cuerpo todos los derechos y principios reconocidos en la Convención y definió, de acuerdo con la realidad del país, el andamiaje institucional y programático necesario para garantizarlos a todas las personas menores de edad.
Sin demérito de los avances alcanzados, persisten desafíos importantes. En la última década el país ha experimentado visos de retroceso en el camino andado. Los últimos informes sobre el Estado de la Educación evidencian un deterioro en la calidad de la educación y brechas importantes entre la impartida en la zona urbana y en la rural. La desigualdad en los ingresos de las familias avanza de manera acelerada. De acuerdo con datos de la OCDE, Costa Rica es el país que presenta el índice más alto de pobreza infantil de los 38 miembros, con un porcentaje del 27 %, siendo que la pobreza general del país ronda el 20%. La situación de violencia es otro aspecto que se debe erradicar.
El proceso de elaboración de la próxima Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia es una oportunidad para acometer esos desafíos y para lograr el propósito de la Convención de garantizar todos los derechos a todas las personas menores de edad.
Oficina de Comunicación Institucional | Defensoría de los Habitantes
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